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cl:bcn:6374
cl:bcn:6374 — CODIGO TRIBUTARIO
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Analyze this law with AIArtículo 1°.- Apruébase el siguiente texto del
Código Tributario:
Artículo 1.- Las disposiciones de este Código se
aplicarán exclusivamente a las materias de tributación
fiscal interna que sean, según la ley, de la competencia
del Servicio de Impuestos Internos.
Artículo 2.- En lo no previsto por este Código y
demás leyes tributarias, se aplicarán las normas de
derecho común contenidas en leyes generales o especiales.
Artículo 3.- En general, la ley que modifique una
norma impositiva, establezca nuevos impuestos o suprima uno
existente, regirá desde el día primero del mes siguiente
al de su publicación. En consecuencia, sólo los hechos
ocurridos a contar de dicha fecha estarán sujetos a la
nueva disposición. Con todo, tratándose de normas sobre
infracciones y sanciones, se aplicará la nueva ley a hechos
ocurridos antes de su vigencia, cuando dicha ley exima tales
hechos de toda pena o les aplique una menos rigurosa.
La ley que modifique la tasa de los impuestos anuales o
los elementos que sirven para determinar la base de ellos,
entrará en vigencia el día primero de Enero del año
siguiente al de su publicación, y los impuestos que deban
pagarse a contar de esa fecha quedarán afectos a la nueva
ley.
La tasa del interés moratorio será la que se
determine según la regla vigente al momento del pago de la
deuda a que ellos accedan, cualquiera que fuere la fecha en
que hubieren ocurrido los hechos gravados.
Artículo 4.- Las normas de este Código sólo rigen
para la aplicación o interpretación del mismo y de las
demás disposiciones legales relativas a las materias de
tributación fiscal interna a que se refiere el artículo
1°, y de ellas no se podrán inferir, salvo disposición
expresa en contrario, consecuencias para la aplicación,
interpretación o validez de otros actos, contratos o leyes.
Artículo 4° bis.- Las obligaciones tributarias
establecidas en las leyes que fijen los hechos imponibles,
nacerán y se harán exigibles con arreglo a la naturaleza
jurídica de los hechos, actos o negocios jurídicos
realizados, cualquiera que sea la forma o denominación que
los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los
vicios o defectos que pudieran afectarles.
El Servicio deberá reconocer la buena fe de los
contribuyentes. La buena fe en materia tributaria supone
reconocer los efectos que se desprendan de los actos o
negocios jurídicos o de un conjunto o serie de ellos,
según la forma en que estos se hayan celebrado por los
contribuyentes.
Existe elusión cuando mediante actos o negocios
jurídicos o un conjunto de ellos, con abuso o simulación,
se eluden los hechos imponibles establecidos en las
disposiciones legales tributarias.
En los casos en que sea aplicable una norma especial
para evitar la elusión, las consecuencias jurídicas se
regirán por dicha disposición y no por los artículos 4°
ter y 4° quáter. Serán aplicables los artículos 4° ter
y 4° quáter cuando con abuso o simulación se evite una
norma especial antielusiva, en cuyo caso, mediante el
procedimiento establecido en el artículo 4° quinquies, se
solicitará la aplicación de la norma especial eludida.
Cuando respecto de un solo acto u operación le sea
aplicable una norma especial, sólo podrá aplicarse dicha
norma.
También serán aplicables los artículos 4° ter y 4°
quáter cuando la elusión comprenda un conjunto o serie de
actos o negocios jurídicos, aun cuando respecto de uno o
más de ellos, individualmente considerados, pueda aplicarse
una norma especial antielusiva. En estos casos las
consecuencias jurídicas de la declaración de elusión se
regirán por las disposiciones de los artículos 4° ter o
4° quáter, según corresponda.
Cuando respecto de un acto o negocio jurídico se
hubiere aplicado una norma especial antielusiva, a dicho
acto o negocio no podrán aplicársele los artículos 4°
ter o 4° quáter. Tampoco a los actos o negocios jurídicos
a los que se hubiere aplicado la norma general antielusión
podrá aplicárseles una norma especial antielusiva.
La facultad de revisar los actos o negocios jurídicos
por aplicación de los artículos 4° ter y 4° quáter y la
interposición del requerimiento señalado en el artículo
4° quinquies prescribirá en el plazo de seis años, desde
la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el
pago.
Corresponderá al Servicio probar la existencia de
abuso o simulación en los términos de los artículos 4°
ter y 4° quáter, respectivamente. Para la determinación
del abuso o la simulación deberán seguirse los
procedimientos establecidos en los artículos 4° quinquies
y 160 bis.
Artículo 4º ter.- Los hechos imponibles contenidos en
las leyes tributarias no podrán ser eludidos mediante el
abuso de las formas jurídicas. Se entenderá que existe
abuso en materia tributaria cuando se evite la realización
del hecho gravado, o se disminuya la base imponible o la
obligación tributaria, o se postergue o difiera el
nacimiento de dicha obligación, se obtengan devoluciones, o
se acceda a un beneficio tributario o régimen tributario
especial, mediante actos o negocios jurídicos que,
individualmente considerados o en su conjunto, no produzcan
resultados o efectos jurídicos o económicos relevantes
para el contribuyente o un tercero, que sean distintos de
los meramente tributarios a que se refiere este inciso.
Es legítima la razonable opción de conductas y
alternativas contempladas en la legislación tributaria. En
consecuencia, no constituirá abuso la sola circunstancia
que el mismo resultado económico o jurídico se pueda
obtener con otro u otros actos jurídicos que derivarían en
una mayor carga tributaria; o que el acto jurídico
escogido, o conjunto de ellos, no genere efecto tributario
alguno, o bien los genere de manera reducida o diferida en
el tiempo o en menor cuantía, siempre que estos efectos
sean consecuencia de la ley tributaria.
En caso de abuso se exigirá la obligación tributaria
que emana de los hechos imponibles establecidos en la ley
además de la multa establecida en el artículo 100 bis.
Artículo 4° quáter.- Habrá también elusión en los
actos o negocios en los que exista simulación. En estos
casos, los impuestos se aplicarán a los hechos
efectivamente realizados por las partes, con independencia
de los actos o negocios jurídicos simulados, además de la
multa establecida en los términos del artículo 100 bis. Se
entenderá que existe simulación, para efectos tributarios,
cuando los actos o negocios jurídicos o un conjunto o serie
de ellos disimulen la configuración del hecho gravado del
impuesto o la naturaleza de los elementos constitutivos de
la obligación tributaria, o su verdadero monto o data de
nacimiento o se simulen actos o negocios jurídicos para
acceder a un beneficio tributario o a un régimen tributario
especial.
Artículo 4° quinquies.- La existencia de abuso o
simulación será declarada a requerimiento del Director,
previa recomendación del Comité Ejecutivo, por el Tribunal
Tributario y Aduanero competente, de conformidad al
procedimiento establecido en el artículo 160 bis.
El Servicio deberá citar al contribuyente en los
términos del artículo 63, pudiendo solicitar todos los
antecedentes que estime necesarios respecto a los actos o
negocios jurídicos objeto de revisión en los términos del
inciso segundo de dicho artículo, incluidos aquellos que
sirvan para el establecimiento de la multa dispuesta en el
artículo 100 bis. En la citación deberá constar que el
procedimiento es bajo el presente artículo y si pudieran
también ser aplicables una o más normas especiales
antielusivas respecto de los mismos actos o negocios
jurídicos objeto de revisión. El procedimiento de
fiscalización será dirigido por el Departamento de Normas
Generales Antielusión en coordinación con la Dirección
Regional o Dirección de Grandes Contribuyentes, según
corresponda.
Cuando el procedimiento de fiscalización se hubiere
iniciado por una materia distinta a la indicada en el inciso
anterior, procederá lo dispuesto en el inciso octavo del
artículo 59. Asimismo, si en dicho procedimiento anterior
ya se hubiese citado al contribuyente, dicha citación se
conciliará, debiendo emitirse una nueva citación según lo
dispuesto en el inciso cuarto del artículo 63.
Finalizada la etapa de fiscalización, y dentro de los
plazos de prescripción, el Departamento de Normas Generales
Antielusión deberá elaborar un informe que contenga, al
menos, los antecedentes analizados, los argumentos del
contribuyente y los fundamentos para calificar los actos o
negocios jurídicos, o un conjunto o serie de ellos, como
constitutivos o no de elusión. El informe deberá ser
firmado por los funcionarios a cargo de la fiscalización y
por el jefe del Departamento. El informe podrá:
1. Dar cuenta de la existencia de elusión, según lo
dispuesto en los artículos 4° ter o 4° quáter, y en la
medida que los actos o negocios jurídicos o una serie de
ellos hayan generado una reducción de la base imponible
igual o superior a 1.000 unidades tributarias mensuales; o
se haya accedido a un beneficio tributario; o se haya
ingresado a un régimen tributario especial. En este caso,
el informe será presentado al Comité Ejecutivo.
2. Recomendar la aplicación de una norma especial
antielusiva, en cuyo caso se enviarán los antecedentes a la
Dirección Regional respectiva o al área especializada de
la Dirección Nacional, según corresponda, para que se
resuelva el proceso de fiscalización y se determine la
procedencia de aplicar una norma especial antielusiva y en
su caso emitir las liquidaciones o resoluciones que
correspondan. Para la procedencia de lo anterior será
necesario haber citado al contribuyente dentro de los plazos
establecidos en el artículo 59, aplicables a la norma
especial invocada.
3. Establecer que no existe elusión, en cuyo caso se
certificará el término del proceso de fiscalización en
los términos del inciso cuarto del artículo 59.
Cuando proceda lo dispuesto en el número 1 del inciso
anterior, el Comité Ejecutivo deberá, dentro del plazo de
quince días desde recibido el informe:
a) Establecer la procedencia de la aplicación de los
artículos 4° ter o 4° quáter, recomendando al Director
la presentación del requerimiento ante el Tribunal
Tributario y Aduanero competente.
b) Recomendar la aplicación de una norma especial o
resolver que no existe elusión, en cuyo caso se procederá
según los números 2 o 3 del inciso anterior, según
corresponda.
Durante el tiempo transcurrido entre la fecha en que se
presente el requerimiento de declaración de abuso o
simulación ante el Tribunal Tributario y Aduanero
competente, hasta la sentencia firme y ejecutoriada que la
resuelva, se suspenderá el cómputo del plazo establecido
en el inciso séptimo del artículo 4º bis.
En caso de que se establezca la existencia de abuso o
simulación para fines tributarios, el Tribunal Tributario y
Aduanero deberá así declararlo en la resolución que dicte
al efecto, dejando en ella constancia de los actos
jurídicos abusivos o simulados, de los antecedentes de
hecho y de derecho en que funda dicha calificación,
determinando en la misma resolución el monto del impuesto
que resulte adeudado o el monto de la reducción o
eliminación de una pérdida tributaria, según corresponda.
A partir de la resolución señalada en el inciso
anterior, el Servicio procederá a dictar la liquidación o
resolución según corresponda, en la que deberá incluir el
reajuste, intereses y multas que proceda a partir de las
diferencias de impuesto determinadas por el tribunal. Por su
parte, una vez que la existencia de abuso o simulación se
encuentre firme, se procederá a emitir los giros con
prescindencia de las partidas o elementos de la liquidación
que hayan sido desestimadas con ocasión de los recursos
presentados por el contribuyente.
Artículo 5.- Se faculta al Presidente de la República
para dictar normas que eviten la doble tributación
internacional o que eliminen o disminuyan sus efectos.
Artículo 6°.- Corresponde al Servicio de Impuestos
Internos el ejercicio de las atribuciones que le confiere su
Estatuto Orgánico, el presente Código y las leyes y, en
especial, la aplicación y fiscalización administrativa de
las disposiciones tributarias.
Dentro de las facultades que las leyes confieren al
Servicio, corresponde:
A. Al Director de Impuestos Internos:
1°. Interpretar administrativamente las disposiciones
tributarias, fijar normas, impartir instrucciones y dictar
órdenes para la aplicación y fiscalización de los
impuestos.
Podrá, asimismo, disponer la consulta pública de
proyectos de circulares, o instrucciones que estime
pertinente, con el fin de que los contribuyentes o cualquier
persona natural o jurídica opine sobre su contenido y
efectos, o formule propuestas sobre los mismos. Con todo,
las circulares e instrucciones que tengan por objeto
interpretar con carácter general normas tributarias, o
aquellas que modifiquen criterios interpretativos previos,
deberán siempre ser consultadas.
Las opiniones que se manifiesten con ocasión de las
consultas a que se refiere este numeral serán de carácter
público y deberán ser enviadas al Servicio a través de
los medios que disponga en su oficina virtual, disponible a
través de la web institucional. Las precitadas respuestas
no serán vinculantes ni estará el Director obligado a
pronunciarse respecto de ellas.
2°. Absolver las consultas que sobre la aplicación e
interpretación de las normas tributarias le formulen los
funcionarios del Servicio, por conducto regular, o las
autoridades y, en general, toda otra persona. Para este
último caso, el Servicio, mediante resolución, regulará
entre otras materias, el plazo en que debe pronunciarse, la
forma en que se deberá presentar la consulta y su
tramitación, contemplando un procedimiento que permita al
consultante imponerse sobre el estado de la misma, a través
del sitio web del Servicio, en el cual se publicarán, entre
otras cuestiones, la fecha de presentación, un extracto de
la materia consultada, los trámites intermedios con sus
respectivas fechas y la respuesta a la consulta. Asimismo,
el Servicio mantendrá un reporte actualizado y de carácter
público en su sitio web, informando la fecha de
presentación de las consultas formuladas, nombre o razón
social y rol único tributario del peticionario, un extracto
de la materia y su fecha de respuesta.
3°. Autorizar a los Subdirectores, Directores
Regionales o a otros funcionarios para resolver determinadas
materias o para hacer uso de algunas de sus atribuciones,
actuando "por orden del Director".
4°. Ordenar la publicación o la notificación por
avisos de cualquiera clase de resoluciones o disposiciones.
5°. Disponer la colocación de afiches, carteles y
letreros alusivos a impuestos o a cumplimiento tributario,
en locales y establecimientos de servicios públicos e
industriales y comerciales. Será obligatorio para los
contribuyentes su colocación y exhibición en el lugar que
prudencialmente determine el Servicio.
6°. Mantener canje de informaciones con Servicios de
Impuestos de otros países para los efectos de determinar la
tributación que afecte a determinados contribuyentes. Este
intercambio de informaciones deberá solicitarse a través
del Ministerio que corresponda y deberá llevarse a cabo
sobre la base de reciprocidad, quedando amparado por las
normas relativas al secreto de las declaraciones
tributarias.
7°. Conocer del recurso jerárquico, el que para
efectos tributarios procederá en contra de lo resuelto en
el recurso de reposición administrativa establecido en el
artículo 123 bis y sólo podrá fundarse en la existencia
de un vicio o error de derecho al aplicar las normas o
instrucciones impartidas por el Director o de las leyes
tributarias, cuando el vicio o error incida sustancialmente
en la decisión recurrida. Desde la interposición del
recurso jerárquico y hasta la notificación de la
resolución que se pronuncie al respecto, se suspenderá el
plazo para interponer el reclamo establecido en el artículo
124, salvo que su interposición se declare fundadamente
como inadmisible por manifiesta falta de fundamento.
8°. Implementar, de acuerdo con las políticas que
fije el Ministerio de Hacienda mediante decreto, todas las
medidas tendientes a fomentar y promover el uso de
documentos tributarios y el empleo de medios tecnológicos.
9°. Dictar la resolución que establece los criterios
generales para la proposición, negociación y aceptación
de las bases de acuerdo, dentro del procedimiento de
mediación a que se refiere el Párrafo IV del Título V de
la ley orgánica de la Defensoría del Contribuyente.
Asimismo, deberá promover la correcta coordinación entre
dicho organismo y la subdirección a cargo de la asistencia
del contribuyente.
10. Fijar, oyendo previamente al Consejo Tributario, el
plan de gestión de cumplimiento tributario.
11. Dar cuenta ante la Comisión de Hacienda del
Senado, de forma anual, respecto del plan de gestión de
cumplimiento tributario, la evolución de la recaudación en
los procesos de fiscalización y la información
estadística sobre las causas ante los tribunales de
justicia.
B. A los Directores Regionales en la jurisdicción de
su territorio:
1°. Absolver las consultas sobre la aplicación e
interpretación de las normas tributarias, las que serán
tramitadas conforme a las mismas reglas a que se refiere el
número 2, letra A, inciso segundo del presente artículo.
2°. Solicitar la aplicación de apremios y pedir su
renovación, en los casos a que se refiere el Título I del
Libro Segundo.
3°. Aplicar, rebajar, suspender o condonar las
sanciones administrativas fijas o variables.
4°. Condonar total o parcialmente los intereses
penales por la mora en el pago de los impuestos, en los
casos expresamente autorizados por la ley ciñéndose
estrictamente a las políticas de condonación fijadas
conforme al artículo 207.
Sin embargo, la condonación de intereses o sanciones
podrá ser total, si el Servicio incurriere en error al
determinar un impuesto o cuando, dichos intereses o
sanciones se hubieren originado por causa no imputable al
contribuyente. Para rechazar la solicitud de condonación
total en estos casos, el Director Regional deberá emitir
una resolución en la que fundadamente señale las razones
por las que se trata de una causa imputable al
contribuyente.
5°. Resolver administrativamente todos los asuntos de
carácter tributario que se promuevan, incluso corregir de
oficio, en cualquier tiempo, los vicios o errores
manifiestos en que se haya incurrido en las resoluciones,
liquidaciones o giros de impuestos.
Sin embargo, el Director Regional no podrá resolver
peticiones administrativas que contengan la misma causa de
pedir y se funden en los mismos antecedentes presentados
previamente por el contribuyente en sede jurisdiccional o
administrativa.
El procedimiento, que se llevará en un expediente
electrónico, deberá promover la solución de vicios o
errores manifiestos y evitar dilaciones innecesarias,
independientemente de si los vicios o errores fueron
oportunamente alegados o no por el contribuyente.
Deberán recibirse todos los antecedentes que se
acompañen durante la tramitación del procedimiento y darse
audiencia al contribuyente para que diga lo propio a sus
derechos.
El Servicio deberá resolver fundadamente dentro del
plazo de sesenta días contados desde la presentación de la
petición administrativa. De estimarlo necesario, el
Servicio deberá requerir, por la vía más expedita,
antecedentes adicionales que permitan resolver la petición
administrativa.
La prueba rendida deberá apreciarse fundadamente y lo
resuelto no será susceptible de recurso o reclamación.
6º. Disponer el cumplimiento administrativo de las
sentencias dictadas por los Tribunales Tributarios y
Aduaneros, que incidan en materias de su competencia. Cuando
dichas sentencias sean dictadas en procesos de reclamación,
la facultad de disponer el cumplimiento administrativo de
las mismas comprende la potestad de girar las costas que en
ellas se decreten cuando resulte vencido el contribuyente.
7°. Autorizar a otros funcionarios para resolver
determinadas materias, aun las de su exclusiva competencia,
o para hacer uso de las facultades que le confiere el
Estatuto Orgánico del Servicio, actuando por "orden del
Director Regional", y encargarles, de acuerdo con las leyes
y reglamentos, el cumplimiento de otras funciones u
obligaciones.
8°. Ordenar a petición de los contribuyentes que se
imputen al pago de sus impuestos o contribuciones de
cualquiera especie las cantidades que les deban ser
devueltas por pagos en exceso de lo adeudado o no debido por
ellos. La resolución que se dicte se remitirá a la
Contraloría General de la República para su toma de
razón.
9°. Disponer en las resoluciones que se dicten en
conformidad a lo dispuesto en los números 5° y 6° de la
presente letra, la devolución y pago de las sumas
solucionadas indebidamente o en exceso a título de
impuestos, reajustes, intereses, sanciones o costas. Estas
resoluciones se remitirán a la Contraloría General de la
República para su toma de razón.
10º. Ordenar la publicación o la notificación por
avisos de cualquiera clase de resoluciones o disposiciones
de orden general o particular.
11º. Llevar adelante procedimientos de fiscalización,
revisión o de otro tipo, respecto de contribuyentes con
domicilio en cualquier territorio jurisdiccional del país,
los que podrán efectuarse a través de medios electrónicos
o remotos, cuando sea instruido por el Director o
Subdirector respectivo.
Sin perjuicio de estas facultades, el Director y los
Directores Regionales tendrán también las que les
confieren el presente Código, el Estatuto Orgánico del
Servicio y las leyes vigentes.
Los Directores Regionales, en el ejercicio de sus
funciones, deberán ajustarse a las normas e instrucciones
impartidas por el Director.
C. Del Comité Ejecutivo:
El Comité Ejecutivo deberá aprobar por la mayoría
absoluta de sus miembros:
1° La recomendación de aplicación de los artículos
4° bis, 4° ter y/o 4° quáter, previo informe del
Departamento de Normas Generales Antielusión.
2° La aprobación de un acuerdo extrajudicial en los
términos del artículo 132 ter.
3° La presentación de una denuncia o querella en los
términos señalados en el artículo 162, cuando se refiera
a montos que superen las 1.200 unidades tributarias anuales,
sin considerar intereses, reajustes y multas.
4° La aprobación de la recompensa establecida en el
artículo 100 quinquies.
5° Transacciones u operaciones, que, independiente de
su monto, puedan tener impacto o califiquen como de interés
institucional, considerando las características
cualitativas de las transacciones y/o de los contribuyentes
involucrados o por la transversalidad de la materia a nivel
nacional. Para tal efecto, el Director dictará una
resolución que establecerá los criterios que permitan
definir un caso como relevante o de interés institucional.
6° La aprobación de la solicitud presentada por el
contribuyente en virtud del artículo 100 sexies.
Las liquidaciones, resoluciones y los giros que
procedan por aplicación de las materias señaladas
anteriormente sólo podrán ser dictadas previo
pronunciamiento favorable del Comité Ejecutivo.
Artículo 6° bis.- Le corresponderá al Consejo
Tributario pronunciarse respecto de las siguientes materias:
1° Las circulares que deban ser objeto de consulta
pública obligatoria, según el párrafo segundo del numeral
1° de la letra A del artículo 6. Tales circulares sólo
podrán ser sometidas a dicho trámite previa opinión del
Consejo Tributario. Para tal efecto, el Director presentará
al Consejo Tributario un borrador de circular, para que
éste entregue por escrito su opinión jurídica, en el
plazo de diez días hábiles, a fin de resguardar la
observancia de dicho instrumento al principio de reserva
legal en materia de tributos y que alguno de sus contenidos
no sea contrario a la ley.
Cuando el Consejo Tributario estime que el proyecto de
circular no se ajusta al principio de reserva legal o que
alguno de sus contenidos es contrario a la ley, deberá
representarlo fundadamente al Director, identificando
aquellas partes de la circular que no se ajustan a dicho
principio o al ordenamiento jurídico. Para representar el
proyecto de circular se requerirá, a lo menos, el voto de
tres de los Consejeros designados por el Ministro de
Hacienda o, cuando un Consejero se hubiese inhabilitado, se
requerirá el voto de al menos la mayoría absoluta de los
Consejeros antes mencionados.
En caso de ser representado el proyecto de circular, el
Director deberá responder por escrito al Consejo
Tributario, ya sea insistiendo fundadamente y proporcionando
los antecedentes que dan cuenta que la circular se ajusta al
principio de reserva legal; proponiendo una nueva redacción
de los elementos representados por el Consejo Tributario, o
acogiendo la objeción, eliminándolos de la propuesta de
circular.
Ante la respuesta del Director, el Consejo Tributario
podrá manifestar su conformidad con la propuesta.
Alternativamente, podrá rechazar la insistencia del
Director o representar la nueva redacción, con la misma
mayoría establecida en el párrafo segundo, en cuyo caso la
circular sólo podrá ser publicada a consulta sin los
elementos representados por el Consejo.
Dentro de los cinco días siguientes al pronunciamiento
del Consejo, el Servicio procederá a publicar en consulta
pública el borrador de circular, dejando constancia de
haber cumplido con el procedimiento de consulta previa ante
el Consejo Tributario al momento de la publicación de la
misma.
Los Consejeros deberán guardar reserva de sus
opiniones. El incumplimiento de esta obligación implicará
la pérdida de su calidad como consejero y la inhabilidad
para el ejercicio de cargos públicos por el plazo de cinco
años.
2° El Director deberá presentar ante el Consejo
Tributario el Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario.
El Consejo tendrá un plazo de veinte días para remitir su
opinión y podrá requerir antecedentes adicionales al
Director, quien deberá responder, por escrito, a la
opinión del Consejo Tributario.
Al finalizar el primer semestre de cada año, el
Director presentará un estado de avance del plan y
revisará el avance del cumplimiento de las metas de
recaudación respecto de las diferentes acciones contenidas
en el mismo.
Previo a la publicación de los resultados anuales del
Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario, el Director
presentará dichos resultados al Consejo Tributario;
responderá a las consultas y recibirá las recomendaciones
de los Consejeros.
Corresponderá al Consejo Tributario evaluar anualmente
el Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario y entregar
recomendaciones para la elaboración de los planes futuros.
Dicha evaluación deberá ser publicada en el sitio web
institucional del Servicio de Impuestos Internos.
Artículo 7°.- Si en el ejercicio de las facultades
exclusivas de interpretación y aplicación de las leyes
tributarias que tiene el Director, se originaren contiendas
de competencia con otras autoridades, ellas serán resueltas
por la Corte Suprema.
Igual norma se aplicará respecto de las funciones que
en virtud de este Código y del Estatuto Orgánico del
Servicio deben o pueden ser ejercidas por los Directores
Regionales o por los funcionarios que actúen "por orden del
Director" o "por orden del Director Regional", en su caso.
Artículo 8.- Para los fines del presente Código y
demás leyes tributarias, salvo que de sus textos se
desprenda un significado diverso, se entenderá:
1°.- Por "Director", el "Director de Impuestos
Internos", y por "Director Regional", el "Director de la
Dirección Regional del territorio jurisdiccional
correspondiente".
2°.- Por "Dirección", la "Dirección Nacional de
Impuestos Internos", y por "Dirección Regional", aquélla
que corresponda al territorio jurisdiccional respectivo.
3°.- Por "Servicio", el Servicio de Impuestos
Internos.
4°.- Por "Tesorería", el "Servicio de Tesorería
General de la República".
5°.- Por "contribuyente", las personas naturales y
jurídicas, o los administradores y tenedores de bienes
ajenos afectados por impuestos.
6°.- Por "representante", los guardadores, mandatarios,
administradores, interventores, síndicos, liquidadores y
cualquiera persona natural o jurídica que obre por cuenta o
en beneficio de otra persona natural o jurídica.
7°.- Por "persona", las personas naturales o
jurídicas y los "representantes".
8°.- Por "residente", toda persona que permanezca en
Chile, en forma ininterrumpida o no, por un período o
períodos que en total excedan de 183 días, dentro de un
lapso cualquiera de doce meses.
9°.- Por "sueldo vital", el que rija en la provincia
de Santiago.
Para todos los efectos tributarios, los sueldos vitales
mensuales o anuales, o sus porcentajes se expresarán en
pesos, despreciándose las cifras inferiores a cincuenta
centavos, y elevando las iguales o mayores a esta cifra al
entero superior.
10°.- Por "unidad tributaria", la cantidad de dinero
cuyo monto, determinado por ley y permanentemente
actualizado, sirve como medida o como punto de referencia
tributario; y por "unidad tributaria anual", aquélla
vigente en el último mes del año comercial respectivo,
multiplicada por doce o por el número de meses que
comprenda el citado año comercial. Para los efectos de la
aplicación de las sanciones expresadas en unidades
tributarias, se entenderá por "unidad tributaria anual"
aquella que resulte de multiplicar por doce la unidad
tributaria mensual vigente al momento de aplicarse la
sanción.
La unidad tributaria mensual o anual se expresará
siempre en pesos, despreciándose las cifras inferiores a
cincuenta centavos, y elevándose las iguales o mayores a
esta suma al entero superior.
11°.- Por "índice de precios al consumidor", aquél
fijado por el Instituto Nacional de Estadística.
12°.- Por "instrumentos de cambio internacional", el
oro, la moneda extranjera, los efectos de comercio
expresados en moneda extranjera, y todos aquellos
instrumentos que, según las leyes, sirvan para efectuar
operaciones de cambios internacionales.
13°.- Por transformación de sociedades, el cambio de
especie o tipo social efectuado por reforma del contrato
social o de los estatutos, subsistiendo la personalidad
jurídica.
14°.- Por "Grupo Empresarial", el definido en el inciso
segundo del artículo 96 de la ley N° 18.045 de Mercado de
Valores.
Todo grupo empresarial deberá designar un apoderado de
grupo empresarial, entendiéndose por tal a la persona
natural que designe e informe un grupo empresarial para
mantener las comunicaciones y coordinación con el Servicio,
a efectos de llevar a cabo las medidas de colaboración a
las que se refiere el artículo 33. Lo anterior es sin
perjuicio del procedimiento de fiscalización establecido en
el artículo 59 ter que se regirá por las reglas allí
contenidas, en especial respecto del procedimiento para
efectuar las notificaciones.
15°.- Por "sitio web" del Servicio, el dominio
www.sii.cl.
16°.- Por "sitio personal", el medio electrónico que,
previa identificación, le permite al contribuyente o al
administrador de una entidad sin personalidad jurídica
ingresar al sitio web del Servicio a través de una
conexión segura, con el objeto de comunicarse con éste,
efectuar trámites personales o tomar conocimiento de las
actuaciones de aquel.
Dentro del sitio personal habrá una "carpeta
tributaria electrónica" que contendrá una base de datos
administrada por el Servicio, que recopilará, integrará y
actualizará en conformidad a la ley la información
relativa a la identidad tributaria y ciclo de existencia de
un contribuyente o entidad sin personalidad jurídica.
Asimismo, en el sitio personal se alojarán los
"expedientes electrónicos" que contendrán el registro
electrónico de escritos, documentos, resoluciones, actas de
audiencias y actuaciones de toda especie que se presenten o
verifiquen en todos los procedimientos administrativos
relacionados con la fiscalización y las actuaciones ante el
Servicio. Tales antecedentes serán registrados y
conservados íntegramente en orden sucesivo conforme a su
fecha de presentación o verificación a través de
cualquier medio que garantice su fidelidad, integridad y
reproducción de su contenido. No obstante, el Servicio, de
oficio o a petición del contribuyente, podrá excluir
antecedentes calificados como voluminosos, debiendo en ese
caso mantener un resumen o índice que permita identificar
las actuaciones realizadas y los antecedentes presentados.
En cualquier caso, el Servicio no exigirá al contribuyente
la presentación de antecedentes que ya contenga el
expediente electrónico. En caso que los documentos o
escritos acompañados se encuentren en blanco, sin las
menciones necesarias o no sean los exigidos por las normas
legales, se tendrán por no presentados; sin perjuicio de
las sanciones que procedan por incumplir las referidas
normas legales.
Una vez acompañados los escritos, documentos y demás
actuaciones, será responsabilidad del Servicio velar por su
almacenamiento, integridad y protección, evitando su
pérdida o modificación posterior.
Los expedientes electrónicos podrán incluir
antecedentes que correspondan a terceros, siempre que sean
de carácter público o que no se vulneren los deberes de
reserva o secreto establecidos por ley, salvo que dichos
terceros o sus representantes expresamente lo hubieren
autorizado.
Los funcionarios del Servicio que accedan o utilicen la
información contenida en los expedientes electrónicos
deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 35 de este
Código y en la ley N°19.628, sobre Protección de la Vida
Privada, así como con las demás leyes que establezcan la
reserva o secreto de las actuaciones o antecedentes que
obren en los expedientes electrónicos.
Los antecedentes que obren en los expedientes
electrónicos podrán acompañarse en juicio en forma
digital y tendrán valor probatorio conforme a las reglas
generales.
17°.- Salvo que alguna disposición legal establezca
algo distinto, se entenderá por "relacionados":
a) El controlador y las controladas. Se considerará
como controlador a toda persona o entidad o grupo de ellas
con acuerdo explícito de actuación conjunta que,
directamente o a través de otras personas o entidades, es
dueña, usufructuaria o a cualquier otro título posee o
tiene derecho a más del 50% de las acciones, derechos,
cuotas, utilidades o ingresos, o derechos a voto en la junta
de accionistas o de tenedores de cuotas de otra entidad,
empresa o sociedad. Estas últimas se considerarán como
controladas.
Para estos efectos, se entenderá que existe un acuerdo
explícito de actuación conjunta cuando se verifique una
convención entre dos o más personas o entidades que
participan simultáneamente en la propiedad de la sociedad,
directamente o a través de otras personas naturales o
jurídicas controladas, mediante la cual se comprometen a
participar con idéntico interés en la gestión de la
sociedad u obtener el control de la misma.
b) Todas las entidades que se encuentren bajo un
controlador común.
c) Las entidades y sus dueños, usufructuarios o
contribuyentes que a cualquier otro título posean,
directamente o a través de otras personas o entidades, más
del 10% de las acciones, derechos, cuotas, utilidades o
ingresos, o derechos a voto en la junta de accionistas o de
tenedores de cuotas.
d) El gestor de un contrato de asociación u otro
negocio de carácter fiduciario respecto de la asociación o
negocio en que tiene derecho a más del 10% de las
utilidades. Asimismo, los partícipes de un contrato de
asociación u otro negocio de carácter fiduciario respecto
de la asociación o negocio en que tengan derecho a más del
10% de las utilidades.
e) Las entidades relacionadas con una persona natural
de acuerdo a los literales c) y d) anteriores, que no se
encuentren bajo las hipótesis de las letras a) y b), se
considerarán relacionadas entre sí.
f) Las matrices o coligantes y sus filiales o
coligadas, en conformidad a las definiciones contenidas en
la ley N° 18.046.
18°. Por "Sostenibilidad tributaria", al conjunto de
medidas que un contribuyente implementa con el objeto de
fomentar la cooperación mutua y transparencia en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Los contribuyentes podrán obtener una certificación
anual que indique que sus operaciones y estrategias fiscales
cumplen con la sostenibilidad tributaria. Esta
certificación podrá ser emitida únicamente por aquellas
empresas certificadoras independientes que se hayan inscrito
previamente ante el Servicio en un registro creado para
tales efectos, y acrediten que poseen la competencia para el
desarrollo de estas funciones. El Servicio, mediante
resolución, dictará las instrucciones necesarias al
efecto.
Asimismo, el Servicio podrá firmar acuerdos de
cooperación destinados a promover la sostenibilidad
tributaria con dos o más empresas, los cuales producirán
el mismo efecto que la certificación establecida en el
párrafo anterior. El Servicio, mediante resolución,
establecerá el contenido mínimo que deben contener estos
acuerdos para considerar que contribuyen a la sostenibilidad
tributaria.
El Servicio mantendrá un registro de transparencia
tributaria que indique el nombre y rol único tributario de
los contribuyentes que cuenten con la certificación o hayan
celebrado acuerdos de cooperación de conformidad con este
número.
Artículo 8º bis.- Sin perjuicio de los derechos
garantizados por la Constitución Política de la República
y las leyes, constituyen derechos de los contribuyentes, los
siguientes:
1°. El ser informado sobre el ejercicio de sus
derechos, el que se facilite el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y a obtener información clara del
sentido y alcance de todas las actuaciones en que tenga la
calidad de interesado.
2°. El ser atendido en forma cortés, diligente y
oportuna, con el debido respeto y consideración.
3°. Obtener en forma completa y oportuna las
devoluciones a que tenga derecho conforme a las leyes
tributarias, debidamente actualizadas.
4°. Que las actuaciones del Servicio, constituyan o no
actuaciones o procedimientos de fiscalización:
a) Indiquen con precisión las razones que motivan la
actuación que corresponda. En efecto, toda actuación del
Servicio deberá ser fundada, esto es, expresar los hechos,
el derecho y el razonamiento lógico y jurídico para llegar
a una conclusión, sea que la respectiva norma legal así lo
disponga expresamente o no. Adicionalmente, deberán indicar
de manera expresa el plazo dentro del cual debe ser
concluida, en cuyo caso se aplicarán las reglas legales
cuando existieran, y en ausencia de un plazo dispuesto por
la ley, el Director mediante resolución dispondrá los
plazos dentro de los cuales las actuaciones deberán ser
finalizadas.
b) Se entregue información clara, sobre el alcance y
contenido de la actuación.
c) Se informe la naturaleza y materia a revisar y el
plazo para interponer alegaciones o recursos. Todo
contribuyente tendrá derecho a que se certifique, previa
solicitud, el plazo de prescripción que resulte aplicable.
d) Se informe a todo contribuyente, en cualquier
momento y por un medio expedito, de su situación tributaria
y el estado de tramitación de un procedimiento en que es
parte.
e) Se admita la acreditación de los actos, contratos u
operaciones celebrados en Chile o en el extranjero con los
antecedentes que correspondan a la naturaleza jurídica de
los mismos y al lugar donde fueron otorgados, sin que pueda
solicitarse la acreditación de actos o contratos exigiendo
formalidades o solemnidades que no estén establecidas en la
ley. Sin perjuicio de lo anterior el Servicio, en los casos
que así lo determine, podrá exigir que los documentos se
acompañen traducidos al español o apostillados.
f) Se notifique, al término de la actuación de que se
trate, certificándose que no existen gestiones pendientes
respecto de la materia y por el período revisado o que se
haya fiscalizado.
5°. Que el Servicio no vuelva a iniciar un nuevo
procedimiento de fiscalización, respecto de los mismos
hechos o impuestos, en los términos del artículo 59.
6°. El ser informado acerca de los funcionarios del
Servicio bajo cuya responsabilidad se tramitan los procesos
en que tenga la condición de interesado. Lo anterior no
será aplicable respecto de las materias tratadas en el
artículo 161 número 10. Asimismo, el derecho a ser
informado, si ha sido objeto de una solicitud de intercambio
de información, siempre que no implique un eventual
incumplimiento de obligaciones tributarias, pudiendo en todo
caso acceder a ella.
7°. Obtener copias en formato electrónico, o
certificaciones de las actuaciones realizadas o de los
documentos presentados en los procedimientos, en los
términos previstos en la ley.
8°. Eximirse de aportar documentos que no correspondan
al procedimiento o que ya se encuentren acompañados al
Servicio y a obtener, una vez finalizado el procedimiento
respectivo, la devolución de los documentos originales
aportados. El Servicio deberá apreciar fundadamente toda
prueba o antecedentes que se le presenten.
9°. Que en los actos de fiscalización se respete la
vida privada y se protejan los datos personales en
conformidad con la ley; y que las declaraciones impositivas,
salvo los casos de excepción legal, tengan carácter
reservado, en los términos previstos por este Código.
10°. Que las actuaciones del Servicio se lleven a cabo
sin dilaciones, requerimientos o esperas innecesarias, y en
la forma menos costosa para el contribuyente, certificada
que sea, por parte del funcionario a cargo, la recepción de
todos los antecedentes solicitados y en cuanto no signifique
el incumplimiento de las disposiciones tributarias. Lo
anterior es sin perjuicio del derecho que asiste al Servicio
de solicitar nuevos antecedentes si así resulta necesario
en un procedimiento de fiscalización.
11°. Ejercer los recursos e iniciar los procedimientos
que correspondan, personalmente o representados; a formular
alegaciones y presentar antecedentes dentro de los plazos
previstos en la ley y que tales antecedentes sean
incorporados al procedimiento de que se trate y debidamente
considerados por el funcionario competente.
12°. Plantear, en forma respetuosa y conveniente,
sugerencias y quejas sobre las actuaciones del Servicio en
que tenga interés o que le afecten.
13°. Tener certeza de que los efectos tributarios de
sus actos o contratos son aquellos previstos por la ley, sin
perjuicio del ejercicio de las facultades de fiscalización
que corresponda de acuerdo con la ley. Al respecto, el
Servicio deberá publicar en su sitio web los oficios,
resoluciones y circulares, salvo aquellos que sean
reservados en conformidad con la ley. Asimismo, el Servicio
deberá mantener un registro actualizado de los criterios
interpretativos emitidos por el Director en ejercicio de sus
facultades interpretativas o por los Directores Regionales
en el ejercicio de la facultad establecida en el artículo
6, letra B N° 1, y de la jurisprudencia judicial en materia
tributaria.
14°. Que las actuaciones del Servicio no afecten el
normal desarrollo de las operaciones o actividades
económicas, salvo en los casos previstos por la ley. En el
caso que se tomen medidas de esta naturaleza por el
Servicio, como la prevista en el artículo 8 ter, el
contribuyente tendrá derecho a que se le notifiquen
previamente las razones que fundamentaron tales medidas.
15º. El ser notificado de cualquier restricción de
informar los actos y modificaciones a que aluden los
artículos 68 y 69, u otras acciones que afecten el ciclo de
vida del contribuyente, la posibilidad de informar
modificaciones de otra índole o realizar cualquier clase de
actuaciones ante el Servicio.
16º. El ser informado de toda clase de anotaciones que
le practique el Servicio. Asimismo, el Servicio deberá
informar en el sitio personal del contribuyente todas las
actuaciones, requerimientos o interacciones que éste
registre con el Servicio de manera actualizada, para efectos
de su conocimiento y seguimiento.
17°. Llevar a cabo las rectificaciones que sean
necesarias, salvo en los casos establecidos en la ley y sin
perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a la
ley.
18º. Que, para todos los efectos legales y cualquiera
sea el caso, se respeten los plazos de prescripción o
caducidad tributaria establecidos en la ley.
19º. Que se presuma que el contribuyente actúa de
buena fe.
20°. Que el Servicio mantenga dentro de sus
dependencias instalaciones que permitan comparecer a las
actuaciones de forma remota y el aporte de documentos o
antecedentes de forma digital o física. Asimismo, deberá
facilitar el cumplimiento de las obligaciones de forma
electrónica para aquellos contribuyentes que carezcan de
los medios tecnológicos necesarios para tales fines, no
tengan acceso a medios electrónicos o sólo actuaren
excepcionalmente a través de ellos.
El contribuyente podrá presentar un recurso de
resguardo al considerar vulnerados sus derechos producto de
un acto u omisión del Servicio, ante el competente Director
Regional o ante el Director en su caso, si la actuación es
realizada por el Director Regional, dentro de décimo día
contado desde su ocurrencia, debiendo recibirse todos los
antecedentes que el contribuyente acompañe a la
presentación para fundar el acto u omisión que origina
dicho recurso. Recibido el recurso de resguardo, este
deberá resolverse fundadamente dentro de quinto día,
ordenando se adopten las medidas que corresponda. Toda
prueba que sea rendida deberá apreciarse fundadamente.
De lo resuelto por el Director Regional o el Director,
en su caso, se podrá reclamar ante el Juez Tributario y
Aduanero, conforme al procedimiento del Párrafo 2º del
Título III del Libro Tercero de este Código.
Sin perjuicio de lo anterior, alternativamente los
contribuyentes podrán reclamar en forma directa en contra
de actos u omisiones del Servicio que vulneren cualquiera de
los derechos establecidos en este artículo ante el Juez
Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento del
párrafo 2° del Título III del Libro Tercero de este
Código.
El Servicio deberá tomar las medidas necesarias para
que los funcionarios actúen en conocimiento y cabal respeto
de los derechos del contribuyente.
En toda dependencia del Servicio deberá exhibirse, en
un lugar destacado y claramente visible al público, un
cartel en el cual se consignen los derechos de los
contribuyentes expresados en la enumeración contenida en el
inciso primero. Asimismo, deberán exhibirse en un lugar
visible en el sitio web del Servicio.
Artículo 8° ter.- Los contribuyentes tendrán derecho
a que se les autoricen los documentos tributarios que sean
necesarios para el desarrollo de su giro o actividad.
En el caso de los contribuyentes que por primera vez
deben emitir dichos documentos, la autorización procederá
previa entrega de una declaración jurada simple sobre la
existencia de su domicilio y la efectividad de las
instalaciones que, de acuerdo a la naturaleza de las
actividades o giro declarado por el contribuyente, permitan
el desarrollo de los mismos, efectuada en la forma y por los
medios que disponga el Servicio. Lo anterior es sin
perjuicio del ejercicio de las facultades de fiscalización
del Servicio.
Las autorizaciones otorgadas conforme a este artículo
podrán ser diferidas, revocadas o restringidas, por la
Dirección Regional, mediante resolución fundada a
contribuyentes que se encuentren en algunas de las
situaciones a que se refieren las letras b), c) y d) del
artículo 59 bis, y sólo mientras subsistan las razones que
fundamentan tales medidas, y a contribuyentes respecto a los
cuales se haya dispuesto un cambio total de sujeto de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° del decreto ley
N°825, de 1974.
La presentación maliciosa de la declaración jurada
simple a que se refiere el inciso segundo, conteniendo datos
o antecedentes falsos, configurará la infracción prevista
en el inciso primero del número 23 del artículo 97 y se
sancionará con la pena allí asignada, la que se podrá
aumentar hasta un grado atendida la gravedad de la conducta
desplegada, y multa de hasta 10 unidades tributarias
anuales.
Artículo 8° quáter.- El Servicio publicará y
mantendrá actualizada y a disposición del contribuyente en
su sitio personal, la información referida a la adopción y
vigencia de cualquiera de las medidas a que se refiere el
artículo anterior. En caso que el Servicio no publique y
mantenga dicha información en estos términos, no
procederá que se difiera, revoque o restrinja las
autorizaciones establecidas en el artículo precedente.
Artículo 9.- Toda persona natural o jurídica que
actúe por cuenta de un contribuyente, deberá acreditar su
representación. El mandato no tendrá otra formalidad que
la de constar por escrito.
El Servicio aceptará la representación sin que se
acompañe o pruebe el título correspondiente, pero podrá
exigir la ratificación del representado o la prueba del
vínculo dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento
de tener por no presentada la solicitud o por no practicada
la actuación correspondiente.
Asimismo, los contribuyentes podrán conferir mandato a
una o más personas naturales para realizar trámites de
carácter tributario en su nombre en el sitio web del
Servicio. Éstas deberán autenticarse con su propio rol
único tributario y clave tributaria. Los mandatarios
establecidos bajo esta modalidad y los representantes
legales informados ante el Servicio, de conformidad al
artículo 68 del Código Tributario, se entenderán
facultados para actuar en todo procedimiento administrativo
electrónico ante el Servicio y el Servicio de Tesorerías,
y se entenderá que éstos tienen todas las facultades
necesarias para la consecución del acto administrativo.
La persona que actúe ante el Servicio como
administrador, representante o mandatario del contribuyente,
se entenderá autorizada para ser notificada a nombre de
éste mientras no haya constancia de la extinción del
título de la representación mediante aviso dado conforme
con el artículo 68.
En todo caso, un representante o mandatario podrá
comunicar al Servicio, por escrito en la Oficina del
Servicio que corresponda a su domicilio o en los lugares
habilitados que determine el Servicio mediante resolución,
que se ha extinguido el mandato o sus facultades de
representación, sea por revocación o renuncia, lo que
deberá ser registrado por el Servicio de manera tal que no
se entenderá válida la notificación efectuada a dicho
mandatario o representante. El mandatario deberá acompañar
los documentos que acrediten el término del mandato si los
hubiere, o bien, una declaración simple del mandatario
dando cuenta del término del mandato. Luego de la referida
comunicación, el Servicio realizará las notificaciones que
procedan conforme con las reglas generales.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, si
con ocasión de la revocación o renuncia un contribuyente
queda sin representante o mandatario para realizar
notificaciones, éstas se realizarán en virtud del
artículo 11 ter hasta que el contribuyente nombre a un
nuevo representante o mandatario.
Artículo 10.- Las actuaciones del Servicio deberán
practicarse en días y horas hábiles, a menos que por la
naturaleza de los actos fiscalizados deban realizarse en
días u horas inhábiles. Para los fines de lo dispuesto en
este inciso, se entenderá que son días hábiles los no
feriados y horas hábiles, las que median entre las ocho y
las veinte horas.
Salvo los plazos establecidos para procedimientos
judiciales o por disposición legal en contrario, todos los
plazos de días establecidos en este Código y demás leyes
tributarias de competencia del Servicio son de días
hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días
sábado, domingo y festivos.
Los plazos se computarán desde el día siguiente a
aquél en que se notifique o publique el acto de que se
trate o se produzca su estimación o su desestimación en
virtud del silencio administrativo. Si en el mes de
vencimiento no hubiere equivalente al día del mes en que
comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el
último día de aquel mes.
Cuando el último día de un plazo de mes o de año sea
inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente.
Las presentaciones que deba hacer el contribuyente, que
pendan de un plazo fatal, podrán ser entregadas hasta las
24 horas del último día del plazo respectivo en el
domicilio de un funcionario habilitado especialmente al
efecto. Para tales fines, los domicilios se encontrarán
expuestos al público en un sitio destacado de cada oficina
institucional.
Artículo 11.- Las notificaciones que el Servicio deba
practicar se realizarán por correo electrónico, a la
dirección que el contribuyente haya señalado y que conste
en el sitio personal del contribuyente. No procederá esta
forma de notificación cuando el contribuyente no haya
informado un correo electrónico o cuando una disposición
legal ordene una forma distinta de notificación. Tampoco
será aplicable la notificación por correo electrónico
respecto de contribuyentes que carezcan de los medios
tecnológicos, no tengan acceso a medios electrónicos o
sólo actúan excepcionalmente a través de ellos, cuando
presenten una solicitud ante el Servicio con los
antecedentes que acrediten que se encuentran en alguna de
estas situaciones, la que deberá ser resuelta dentro del
plazo de treinta días desde su presentación.
Quienes no hayan registrado un correo electrónico ante
el Servicio, se encuentren en alguna de las situaciones
señaladas en el inciso primero o estén domiciliados en
zonas o comunas donde existe baja o nula conectividad,
deberán ser notificados personalmente, por cédula o por
carta certificada dirigida al domicilio del interesado,
salvo que una disposición legal expresa ordene una forma
específica de notificación.
Cuando, por disposición legal, no proceda la
notificación mediante correo electrónico conforme al
inciso primero, el Servicio igualmente deberá remitir copia
de aquélla al correo electrónico del contribuyente que
conste en sus registros o comunicársela mediante otros
medios electrónicos. En dichos casos, el envío de esta
copia sólo constituirá un aviso y no una notificación,
por lo que la omisión o cualquier defecto contenido en el
aviso por correo electrónico no viciará la notificación,
sin que pueda el Servicio, salvo disposición legal en
contrario, estimarla como una forma de notificación
válida.
En los casos que la notificación deba ser realizada
por carta certificada, ésta podrá ser entregada por el
funcionario o trabajador de las empresas de correos que
realice la gestión, en el domicilio del notificado, a
cualquier persona adulta que se encuentre en él, la que
deberá firmar el recibo respectivo.
No obstante, si existe domicilio postal, la carta
certificada deberá ser remitida a la casilla o apartado
postal o a la oficina de correos que el contribuyente haya
fijado como tal. En este caso, el funcionario de correos
deberá entregar la carta al interesado o a la persona a la
cual éste haya conferido poder para retirar su
correspondencia, debiendo estas personas firmar el recibo
correspondiente.
Si el funcionario de correos no encontrare en el
domicilio al notificado o a otra persona adulta o éstos se
negaren a recibir la carta certificada o a firmar el recibo,
o no retiraren la remitida en la forma señalada en el
inciso anterior dentro del plazo de 15 días, contados desde
su envío, se dejará constancia de este hecho en la carta y
se devolverá al Servicio, aumentándose o renovándose por
este hecho los plazos del artículo 200 en tres meses,
contados desde la recepción de la carta devuelta.
En las notificaciones por carta certificada, los plazos
empezarán a correr tres días después de su envío.
Las resoluciones que modifiquen los avalúos y/o
contribuciones de bienes raíces serán notificadas por
correo electrónico o a falta de éste mediante el envío de
un aviso postal simple dirigido a la propiedad afectada o al
domicilio que para estos efectos el propietario haya
registrado en el Servicio y, a falta de éste, al domicilio
del propietario que figure registrado en el Servicio. Estos
avisos podrán ser confeccionados por medios mecánicos y
carecer de timbres y firmas.
Artículo 11 bis.- Las notificaciones por correo
electrónico podrán efectuarse en días y horas inhábiles,
entendiéndose efectuadas para estos efectos en la fecha del
envío del mismo, certificada por un ministro de fe.
El correo contendrá una trascripción de la actuación
del Servicio, incluyendo los datos necesarios para su
acertada inteligencia y será remitido a la dirección
electrónica que indique el contribuyente en su sitio
personal, quien deberá mantenerla actualizada, informando
sus modificaciones al Servicio conforme al artículo 68. La
referida modificación producirá sus efectos al día hábil
siguiente a aquel en que sea informada al Servicio.
Cualquier circunstancia ajena al Servicio por la que el
contribuyente no reciba el correo electrónico, no anulará
la notificación salvo que el contribuyente acredite que no
recibió la notificación por caso fortuito o fuerza mayor.
El Servicio, además, mantendrá a disposición del
contribuyente en su sitio personal, una imagen digital de la
notificación y actuación realizadas.
Artículo 11 ter.- Excepcionalmente, sólo en los casos
expresamente establecidos en la ley o cuando se trate de
resoluciones o disposiciones de cualquier clase y de
carácter general, el Servicio podrá efectuar determinadas
notificaciones mediante su publicación en el sitio personal
del contribuyente. Salvo los casos señalados en el inciso
cuarto del artículo 13, para que proceda esta notificación
se requerirá autorización expresa del contribuyente, quien
podrá dejarla sin efecto en cualquier momento, indicando un
domicilio o dirección válida de correo electrónico para
posteriores notificaciones. El Servicio deberá adoptar los
resguardos necesarios para que el contribuyente acepte de
modo informado este tipo de notificación y sus
consecuencias.
Esta notificación se practicará mediante la
publicación de una transcripción íntegra de la
resolución, diligencia o actuación del Servicio,
incluyendo los datos necesarios para su acertada
inteligencia en el sitio personal del contribuyente, donde
quedará registrada cronológicamente por año, día y hora.
La mera falta de ingreso del contribuyente a su sitio
personal no afectará la validez de la notificación
efectuada de conformidad con lo dispuesto en este artículo.
Artículo 12.- En los casos en que una notificación
deba hacerse por cédula, ésta deberá contener copia
íntegra de la resolución o actuación de que se trata, con
los datos necesarios para su acertada inteligencia. Será
entregada por el funcionario del Servicio que corresponda,
en el domicilio del notificado, a cualquiera persona adulta
que se encuentre en él, y si no hubiere persona adulta que
la reciba, se dejará la cédula en ese domicilio.
La notificación personal se hará entregando
personalmente al notificado copia íntegra de la resolución
o del documento que debe ser puesto en su conocimiento, en
cualquier lugar donde éste se encuentre o fuere habido.
La notificación se hará constar por escrito por el
funcionario encargado de la diligencia, con indicación del
día, hora y lugar en que se haya practicado, y de la
persona a quien se hubiere entregado la cédula, copia o
documento correspondiente, o de la circunstancia de no haber
encontrado a persona adulta que la recibiere. En este
último caso, se enviará aviso al notificado el mismo día,
mediante carta certificada, pero la omisión o extravío de
dicha carta no anulará la notificación.
Artículo 13.- Para los efectos de las notificaciones,
se tendrá como domicilio el que indique el contribuyente en
su declaración de iniciación de actividades o el que
indique el interesado en su presentación o actuación de
que se trate o el que conste en la última declaración de
impuesto respectiva.
El contribuyente podrá fijar también un domicilio
postal para
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