Beta
cl:bcn:61438
cl:bcn:61438 — ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES
Beta. Legal information, not legal advice. LEGALDIGM is not a law firm. Check the official source for the current text.
Analyze this law with AIArtículo 1º.- La presente ley tiene por objeto normar
las relaciones entre proveedores y consumidores, establecer
las infracciones en perjuicio del consumidor y señalar el
procedimiento aplicable en estas materias.
Para los efectos de esta ley se entenderá por:
1.- Consumidores o usuarios: las personas naturales o
jurídicas que, en virtud de cualquier acto jurídico
oneroso, adquieren, utilizan, o disfrutan, como
destinatarios finales, bienes o servicios. En ningún caso
podrán ser considerados consumidores los que de acuerdo al
número siguiente deban entenderse como proveedores.
2.- Proveedores: las personas naturales o jurídicas,
de carácter público o privado, que habitualmente
desarrollen actividades de producción, fabricación,
importación, construcción, distribución o
comercialización de bienes o de prestación de servicios a
consumidores,por las que se cobre precio o tarifa.
No se considerará proveedores a las personas que
posean un título profesional y ejerzan su actividad en
forma independiente.
3.- Información básica comercial: los datos,
instructivos, antecedentes o indicaciones que el proveedor
debe suministrar obligatoriamente al público consumidor, en
cumplimiento de una norma jurídica.
Tratándose de proveedores que reciban bienes en
consignación para su venta, éstos deberán agregar a la
información básica comercial los antecedentes relativos a
su situación financiera, incluidos los estados financieros
cuando corresponda.
En la venta de bienes y prestación de servicios, se
considerará información comercial básica, además de lo
que dispongan otras normas legales o reglamentarias, la
identificación del bien o servicio que se ofrece al
consumidor, así como también los instructivos de uso y los
términos de la garantía cuando procedan. Se exceptuarán
de lo dispuesto en este inciso los bienes ofrecidos a
granel.
La información comercial básica deberá ser
suministrada al público por medios que aseguren un acceso
claro, expedito y oportuno. Respecto de los instructivos de
uso de los bienes y servicios cuyo uso normal represente un
riesgo para la integridad y seguridad de las personas, será
obligatoria su entrega al consumidor conjuntamente con los
bienes y servicios a que acceden.
4.- Publicidad: la comunicación que el proveedor
dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto,
para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o
servicio, entendiéndose incorporadas al contrato las
condiciones objetivas contenidas en la publicidad hasta el
momento de celebrar el contrato. Son condiciones objetivas
aquellas señaladas en el artículo 28.
5.- Anunciante: el proveedor de bienes, prestador de
servicios o entidad que, por medio de la publicidad, se
propone ilustrar al público acerca de la naturaleza,
características, propiedades o atributos de los bienes o
servicios cuya producción, intermediación o prestación
constituye el objeto de su actividad, o motivarlo a su
adquisición.
6.- Contrato de adhesión: aquel cuyas cláusulas han
sido propuestas unilateralmente por el proveedor sin que el
consumidor, para celebrarlo, pueda alterar su contenido.
7.- Promociones: las prácticas comerciales, cualquiera
sea la forma que se utilice en su difusión, consistentes en
el ofrecimiento al público en general de bienes y servicios
en condiciones más favorables que las habituales, con
excepción de aquellas que consistan en una simple rebaja de
precio.
8.- Oferta: práctica comercial consistente en el
ofrecimiento al público de bienes o servicios a precios
rebajados en forma transitoria, en relación con los
habituales del respectivo establecimiento.
Artículo 2º.- Quedan sujetos a las disposiciones de
esta ley:
a) Los actos jurídicos que, de conformidad a lo
preceptuado en el Código de Comercio u otras disposiciones
legales, tengan el carácter de mercantiles para el
proveedor y civiles para el consumidor;
b) Los actos de comercialización de sepulcros o
sepulturas;
c) Los actos o contratos en que el proveedor se obligue
a suministrar al consumidor o usuario el uso o goce de un
inmueble por períodos determinados, continuos o
discontinuos, no superiores a tres meses, siempre que lo
sean amoblados y para fines de descanso o turismo;
d) Los contratos de educación de la enseñanza
básica, media, técnico profesional y universitaria, sólo
respecto del Párrafo 4º del Título II; de los Párrafos
1º y 2º del Título III; de los artículos 18, 24, 26, 27
y 39 C, y respecto de la facultad del o de los usuarios para
recurrir ante los tribunales correspondientes, conforme a
los procedimientos que esta ley establece, para hacer
efectivos los derechos que dichos Párrafos y artículos les
confieren.
No quedará sujeto a esta ley el derecho a recurrir
ante los tribunales de justicia por la calidad de la
educación o por las condiciones académicas fijadas en los
reglamentos internos vigentes a la época del ingreso a la
carrera o programa respectivo, los cuales no podrán ser
alterados sustancialmente, en forma arbitraria, sin
perjuicio de las obligaciones de dar fiel cumplimiento a los
términos, condiciones y modalidades ofrecidas por las
entidades de educación;
e) Los contratos de venta de viviendas realizadas por
empresas constructoras, inmobiliarias y por los Servicios de
Vivienda y Urbanización, en lo que no diga relación con
las normas sobre calidad contenidas en la ley Nº 19.472, y
f) Los actos celebrados o ejecutados con ocasión de la
contratación de servicios en el ámbito de la salud, con
exclusión de las prestaciones de salud; de las materias
relativas a la calidad de éstas y su financiamiento a
través de fondos o seguros de salud; de la acreditación y
certificación de los prestadores, sean éstos públicos o
privados, individuales o institucionales y, en general, de
cualquiera otra materia que se encuentre regulada en leyes
especiales.
Artículo 2º bis.- No obstante lo prescrito en el
artículo anterior, las normas de esta ley no serán
aplicables a las actividades de producción, fabricación,
importación, construcción, distribución y
comercialización de bienes o de prestación de servicios
reguladas por leyes especiales, salvo:
a) En las materias que estas últimas no prevean;
b) En lo relativo al procedimiento en las causas en que
esté comprometido el interés colectivo o difuso de los
consumidores o usuarios, y el derecho a solicitar
indemnización mediante dicho procedimiento, y c) En lo
relativo al derecho del consumidor o usuario para recurrir
en forma individual, conforme al procedimiento que esta ley
establece, ante el tribunal correspondiente, a fin de ser
indemnizado de todo perjuicio originado en el incumplimiento
de una obligación contraída por los proveedores, siempre
que no existan procedimientos indemnizatorios en dichas
leyes especiales.
Artículo 3º.- Son derechos y deberes básicos del
consumidor:
a) La libre elección del bien o servicio. El silencio
no constituye aceptación en los actos de consumo;
b) El derecho a una información veraz y oportuna sobre
los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de
contratación y otras características relevantes de los
mismos, y el deber de informarse responsablemente de ellos;
c) El no ser discriminado arbitrariamente por parte de
proveedores de bienes y servicios;
d) La seguridad en el consumo de bienes o servicios, la
protección de la salud y el medio ambiente y el deber de
evitar los riesgos que puedan afectarles;
e) El derecho a la reparación e indemnización
adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales
en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contraídas por el proveedor, y el deber de accionar de
acuerdo a los medios que la ley le franquea, y
f) La educación para un consumo responsable, y el
deber de celebrar operaciones de consumo con el comercio
establecido.
Son derechos del consumidor de productos o servicios
financieros:
a) Recibir la información del costo total del producto
o servicio, lo que comprende conocer la carga anual
equivalente a que se refiere el artículo 17 G, y ser
informado por escrito de las razones del rechazo a la
contratación del servicio financiero, las que deberán
fundarse en condiciones objetivas.
b) Conocer las condiciones objetivas que el proveedor
establece previa y públicamente para acceder al crédito y
para otras operaciones financieras.
c) La oportuna liberación de las garantías
constituidas para asegurar el cumplimiento de sus
obligaciones, una vez extinguidas éstas.
d) Elegir al tasador de los bienes ofrecidos en
garantía, entre las alternativas que le presente la
institución financiera.
e) Conocer la liquidación total del crédito, a su
solo requerimiento.
f) Los consagrados en la Ley que regula la Portabilidad
Financiera.
Artículo 3º bis.- El consumidor podrá poner término
unilateralmente al contrato en el plazo de 10 días contados
desde la recepción del producto o desde la contratación
del servicio y antes de la prestación del mismo, en los
siguientes casos:
a) En la compra de bienes y contratación de servicios
realizadas en reuniones convocadas o concertadas con dicho
objetivo por el proveedor, en que el consumidor deba
expresar su aceptación dentro del mismo día de la
reunión.
El ejercicio de este derecho se hará valer mediante
carta certificada enviada al proveedor, al domicilio que
señala el contrato, expedida dentro del plazo indicado en
el en el encabezamiento;
b) En los contratos celebrados por medios
electrónicos, y en aquéllos en que se aceptare una oferta
realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra
forma de comunicación a distancia, a menos que el proveedor
haya dispuesto expresamente lo contrario. Para ello podrá
utilizar los mismos medios que empleó para celebrar el
contrato. En este caso, el plazo para ejercer el derecho de
retracto se contará desde la fecha de recepción del bien o
desde la celebración del contrato en el caso de servicios,
siempre que el proveedor haya cumplido con la obligación de
remitir la confirmación escrita señalada en el artículo
12 A. De no ser así, el plazo se extenderá a 90 días. No
podrá ejercerse el derecho de retracto cuando el bien,
materia del contrato, se haya deteriorado por hecho
imputable al consumidor.
En aquellos casos en que el precio del bien o servicio
haya sido cubierto total o parcialmente con un crédito
otorgado al consumidor por el proveedor o por un tercero
previo acuerdo entre éste y el proveedor, el retracto
resolverá dicho crédito. En caso de haber costos
involucrados, éstos serán de cargo del consumidor, cuando
el crédito haya sido otorgado por un tercero.
Si el consumidor ejerciera el derecho consagrado en
este artículo, el proveedor estará obligado a devolverle
las sumas abonadas, sin retención de gastos, a la mayor
brevedad posible y, en cualquier caso, antes de cuarenta y
cinco días siguientes a la comunicación del retracto.
Tratándose de servicios, la devolución sólo comprenderá
aquellas sumas abonadas que no correspondan a servicios ya
prestados al consumidor a la fecha del retracto.
Deberán restituirse en buen estado los elementos
originales del embalaje, como las etiquetas, certificados de
garantía, manuales de uso, cajas, elementos de protección
o su valor respectivo, previamente informado.
Artículo 3º ter.- En el caso de prestaciones de
servicios educacionales de nivel superior, proporcionadas
por centros de formación técnica, institutos profesionales
y universidades, se faculta al alumno o a quién efectúe el
pago en su representación para que, dentro del plazo de
diez días contados desde aquél en que se complete la
primera publicación de los resultados de las postulaciones
a las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de
las Universidades Chilenas, deje sin efecto el contrato con
la respectiva institución, sin pago alguno por los
servicios educacionales no prestados.
Para hacer efectivo el retracto a que se refiere este
artículo, se requerirá ser alumno de primer año de una
carrera o programa de pregrado y acreditar, ante la
institución respecto de la cual se ejerce esta facultad,
encontrarse matriculado en otra entidad de educación
superior.
En ningún caso la institución educacional podrá
retener con posterioridad a este retracto los dineros
pagados ni los documentos de pago o crédito otorgados en
respaldo del período educacional respectivo, debiendo
devolverlos todos en el plazo de 10 días desde que se
ejerza el derecho a retracto. En el evento de haberse
otorgado mandato general para hacer futuros cobros, éste
quedará revocado por el solo ministerio de la ley desde la
fecha de la renuncia efectiva del alumno al servicio
educacional. El prestador del servicio se abstendrá de
negociar o endosar los documentos recibidos, antes del plazo
señalado en el inciso primero.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la
institución de educación superior estará facultada para
retener, por concepto de costos de administración, un monto
de la matrícula, que no podrá exceder al uno por ciento
del arancel anual del programa o carrera.
Artículo 4º.- Los derechos establecidos por la
presente ley son irrenunciables anticipadamente por los
consumidores.
Artículo 5º.- Se entenderá por Asociación de
Consumidores la organización constituida por personas
naturales o jurídicas, independientes de todo interés
económico, comercial o político, cuyo objetivo sea
proteger, informar y educar a los consumidores y asumir la
representación y defensa de los derechos de sus afiliados y
de los consumidores que así lo soliciten, todo ello con
independencia de cualquier otro interés.
Artículo 6º.- Las asociaciones de consumidores se
regirán por lo dispuesto en esta ley, y en lo no previsto
en ella por el decreto ley Nº 2.757, de 1979, del
Ministerio del Trabajo, exclusivamente respecto de su
constitución, su disolución y lo preceptuado en los
artículos 16, 21, 22 y 23 de dicho cuerpo legal. En lo
demás, se regirán subsidiariamente por las normas
contenidas en el Título II de la ley N° 20.500 y serán
consideradas como organizaciones de interés público en los
términos que dispone el artículo 15 de la precitada ley.
Artículo 7º.- Además de las causales de disolución
indicadas en el artículo 18 del decreto ley Nº 2.757, de
1979, las organizaciones de consumidores pueden ser
disueltas por sentencia judicial o por disposición de la
ley, a pesar de la voluntad de sus miembros.
En caso de que el juez, dentro del plazo de tres años,
declare temerarias dos o más demandas colectivas
interpuestas por una misma Asociación de Consumidores,
podrá, a petición de parte, en casos graves y calificados,
decretar la disolución de la asociación, por sentencia
fundada.
Los directores de las Asociaciones de Consumidores
disueltas por sentencia judicial quedarán inhabilitados
para formar parte, en calidad de tales, de otras
asociaciones de consumidores, durante el período de dos
años.
Artículo 8º.- Las organizaciones a que se refiere el
presente párrafo podrán realizar las siguientes
actividades:
a) Difundir el conocimiento de las disposiciones de
esta ley y sus regulaciones complementarias;
b) Informar, orientar y educar a los consumidores para
el adecuado ejercicio de sus derechos y brindarles asesoría
cuando la requieran;
c) Estudiar y proponer medidas encaminadas a la
protección de los derechos de los consumidores y efectuar o
apoyar investigaciones en el área del consumo;
d) Representar a sus miembros y ejercer las acciones a
que se refiere esta ley en defensa de aquellos consumidores
que le otorguen el respectivo mandato;
e) Representar tanto el interés individual, como el
interés colectivo y difuso de los consumidores ante las
autoridades jurisdiccionales o administrativas, mediante el
ejercicio de las acciones y recursos que procedan.
El ejercicio de esta actividad incluye la
representación individual de los consumidores en las causas
que ante los tribunales de justicia se inicien para la
determinación de la indemnización de perjuicios;
f) Participar en los procesos de fijación de tarifas
de los servicios básicos domiciliarios, conforme a las
leyes y reglamentos que los regulen;
g) Ejecutar y celebrar actos y contratos civiles y
mercantiles para cumplir sus objetivos, y destinar los
frutos de dichos actos y contratos al financiamiento de sus
actividades propias, con las limitaciones señaladas en el
artículo 9;
h) Realizar, a solicitud de un consumidor, mediaciones
individuales, e
i) Efectuar, de conformidad a esta ley, cualquier otra
actividad destinada a proteger, informar y educar a los
consumidores.
Artículo 9º.- Las organizaciones de que trata este
párrafo en ningún caso podrán:
a) Constituirse u operar con la finalidad de
redistribuir sus fondos a sus miembros fundadores,
directores, socios o personas relacionadas con los
anteriores en los términos del artículo 100 de la ley N°
18.045.
b) Repartir costas procesales y personales, excedentes,
utilidades o beneficios pecuniarios de sus actividades entre
sus miembros fundadores, directores, socios, personas
relacionadas con los anteriores de conformidad con el
artículo 100 de la ley N° 18.045, o trabajadores, sin
perjuicio de las gratificaciones legales que le
correspondan. Los ingresos que obtengan con sus actividades
servirán exclusivamente para su financiamiento desarrollo
institucional, investigación, estudios o para el apoyo de
sus objetivos.
Lo dispuesto en el párrafo anterior es sin perjuicio
de la remuneración de sus trabajadores y de la facultad del
directorio para fijar una retribución adecuada a su
representante legal, a sus miembros fundadores, socios o
personas relacionadas con los anteriores de conformidad con
el artículo 100 de la ley N° 18.045, por los servicios que
prestaren a la asociación. Asimismo, las personas
enumeradas en el párrafo anterior tendrán derecho a ser
reembolsadas de los gastos, autorizados por el directorio,
que justificaren haber efectuado en el ejercicio de su
función;
c) Incluir como asociados a personas jurídicas que se
dediquen a actividades empresariales;
d) Percibir donaciones, subvenciones, subsidios o
ayudas de empresas o agrupaciones de empresas que
suministren bienes o servicios a los consumidores;
f) Realizar publicidad o difundir comunicaciones no
meramente informativas sobre bienes o servicios, ni
g) Dedicarse a actividades distintas de las señaladas
en el artículo anterior.
La infracción grave y reiterada de las normas
contenidas en el presente artículo será sancionada con la
cancelación de la personalidad jurídica de la
organización, por sentencia judicial, a petición de
cualquier persona, sin perjuicio de las responsabilidades
penales o civiles en que incurran quienes las cometan.
Artículo 10.- No podrán ser integrantes del consejo
directivo de una organización de consumidores:
a) El que hubiere sido condenado por delitos
concursales contenidos en el Código Penal;
b) El que hubiere sido condenado por delito contra la
propiedad o por delito sancionado con pena aflictiva, por el
tiempo que dure la condena;
c) El que hubiere sido sancionado como reincidente de
denuncia temeraria o por denuncias temerarias reiteradas.
Artículo 11.- Tampoco podrán ser integrantes del
consejo directivo de una organización de consumidores
quienes ejerzan cargos de elección popular ni los
consejeros regionales.
Los directivos de una organización de consumidores que
sean a la vez dueños, accionistas propietarios de más de
un 10% del interés social, directivos o ejecutivos de
empresas o sociedades que tengan por objeto la producción,
distribución o comercialización de bienes o prestación de
servicios a consumidores, deberán abstenerse de intervenir
en la adopción de acuerdos relativos a materias en que
tengan interés comprometido en su condición de
propietarios o ejecutivos de dichas empresas. La
contravención a esta prohibición será sancionada con la
pérdida del cargo directivo en la organización de
consumidores, sin perjuicio de las eventuales
responsabilidades penales o civiles que se configuren.
Los directores responderán personal y solidariamente
por las multas y sanciones que se apliquen a la asociación
por actuaciones calificadas por el juez como temerarias,
cuando éstas hayan sido ejecutadas sin previo acuerdo de la
asamblea.
Artículo 11 bis.- Créase un Fondo Concursable,
destinado al financiamiento de iniciativas que las
Asociaciones de Consumidores constituidas según lo
dispuesto en la presente ley desarrollen en el cumplimiento
de sus objetivos.
Dicho Fondo estará compuesto por los aportes que cada
año se contemplen en el presupuesto del Servicio Nacional
del Consumidor, por las donaciones que realicen para dicho
efecto organizaciones sin fines de lucro nacionales o
internacionales y por los remanentes no transferidos ni
reclamados provenientes de soluciones alcanzadas a través
de mediaciones o en el contexto de juicios colectivos, de
conformidad a lo establecido en los artículos 53 B, 53 C y
54 P.
Un reglamento suscrito por el Ministro de Economía,
Fomento y Turismo establecerá la constitución y
composición del Consejo de Administración del Fondo,
preservando la autonomía de las asociaciones de
consumidores y de la gestión del Fondo. La Secretaría
Ejecutiva de dicho Consejo estará radicada en el Ministerio
de Economía, Fomento y Turismo de acuerdo a lo que se
disponga en dicho reglamento.
Las bases de los concursos que se lleven a efecto para
asignar dichos fondos especificarán los medios de
verificación del cumplimiento de las normas de este
párrafo 2°.
El reglamento establecerá los plazos, condiciones y
modalidades conforme a las cuales se destinarán recursos
del Fondo a aquellas Asociaciones de Consumidores que
ejerzan las funciones señaladas en las letras d) y e) del
artículo 8 de la ley.
Artículo 11 ter.- Se reconocerá el carácter de
asociación nacional de consumidores a aquellas asociaciones
que operen en ocho o más regiones del país, lo que deberá
ser debidamente acreditado ante el Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo conforme al procedimiento que establezca
el reglamento. El Fondo concursable al que se refiere el
artículo anterior considerará una línea especial de
financiamiento permanente a dichas asociaciones para el
desarrollo de sus funciones.
Artículo 12.- Todo proveedor de bienes o servicios
estará obligado a respetar los términos, condiciones y
modalidades conforme a las cuales se hubiere ofrecido o
convenido con el consumidor la entrega del bien o la
prestación del servicio.
Artículo 12 A.- En los contratos celebrados por medios
electrónicos, y en aquéllos en que se aceptare una oferta
realizada a través de catálogos, avisos o cualquiera otra
forma de comunicación a distancia, el consentimiento no se
entenderá formado si el consumidor no ha tenido previamente
un acceso claro, comprensible e inequívoco de las
condiciones generales del mismo y la posibilidad de
almacenarlos o imprimirlos.
La sola visita del sitio de Internet en el cual se
ofrece el acceso a determinados servicios, no impone al
consumidor obligación alguna, a menos que haya aceptado en
forma inequívoca las condiciones ofrecidas por el
proveedor.
Una vez perfeccionado el contrato, el proveedor estará
obligado a enviar confirmación escrita del mismo.
Ésta podrá ser enviada por vía electrónica o por
cualquier medio de comunicación que garantice el debido y
oportuno conocimiento del consumidor, el que se le indicará
previamente. Dicha confirmación deberá contener una copia
íntegra, clara y legible del contrato.
Artículo 12 B.- Los proveedores de servicios de
telecomunicaciones que realicen ofertas conjuntas deberán
ofrecer individualmente cada uno de los servicios y planes
que componen las mismas. De esta forma, no podrán atar,
ligar o supeditar, bajo ningún modo o condición, la
contratación de un servicio cualquiera a la contratación
de otro.
Artículo 13.- Los proveedores no podrán negar
injustificadamente la venta de bienes o la prestación de
servicios comprendidos en sus respectivos giros en las
condiciones ofrecidas.
Artículo 14.- Cuando con conocimiento del proveedor se
expendan productos con alguna deficiencia, usados o
refaccionados o cuando se ofrezcan productos en cuya
fabricación o elaboración se hayan utilizado partes o
piezas usadas, se deberán informar de manera expresa las
circunstancias antes mencionadas al consumidor, antes de que
éste decida la operación de compra. Será bastante
constancia el usar en los propios artículos, en sus
envoltorios, en avisos o carteles visibles en sus locales de
atención al público las expresiones "segunda selección",
"hecho con materiales usados" u otras equivalentes. El
cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior eximirá
al proveedor de las obligaciones derivadas del derecho de
opción que se establece en los artículos 19 y 20, sin
perjuicio de aquellas que hubiera contraído el proveedor en
virtud de la garantía otorgada al producto.
Artículo 15.- Los sistemas de seguridad y vigilancia
que, en conformidad a las leyes que los regulan, mantengan
los establecimientos comerciales están especialmente
obligados a respetar la dignidad y derechos de las personas.
En caso que se sorprenda a un consumidor en la
comisión flagrante de un delito los gerentes, funcionarios
o empleados del establecimiento se limitarán, bajo su
responsabilidad, a poner sin demora al presunto infractor a
disposición de las autoridades competentes.
Cuando la contravención a lo dispuesto en los incisos
anteriores no fuere constitutiva de delito, ella será
sancionada en conformidad al artículo 24.
Artículo 15 A.- Los proveedores que ofrezcan servicios
de estacionamiento de acceso al público general, cualquiera
sea el medio de pago utilizado, se regirán por las
siguientes reglas:
1. El cobro de uso del servicio de estacionamiento por
períodos inferiores a veinticuatro horas, se podrá
efectuar optando por alguna de las siguientes modalidades:
a) Cobro por minuto efectivo de uso del servicio,
quedando prohibido el cargo por períodos, rangos o tramos
de tiempo.
b) Cobro por tramo de tiempo vencido, no pudiendo
establecer un período inicial inferior a media hora. Los
siguientes tramos o períodos no podrán ser inferiores a
diez minutos cada uno.
2. Cualquiera sea la modalidad de cobro que utilice el
proveedor del servicio de estacionamientos, no podrá, bajo
circunstancia alguna, redondear o aproximar la tarifa al
alza.
3. Los proveedores de servicio de estacionamiento
podrán fijar un periodo de uso del servicio sin cobro, de
acuerdo a sus políticas comerciales o a las condiciones de
uso de dicho servicio.
4. En caso de pérdida del comprobante de ingreso por
parte del consumidor, corresponderá al proveedor consultar
sus registros con el fin de determinar de manera fehaciente
el tiempo efectivo de utilización del servicio, debiendo
cobrar, en tal caso, el precio o tarifa correspondiente a
éste, quedando prohibido cobrar una tarifa prefijada,
multas o recargos. En este caso, el proveedor deberá
solicitar al consumidor cualquier antecedente que permita
acreditar o identificar al propietario del vehículo.
5. Si, con ocasión del servicio y como consecuencia de
la falta de medidas de seguridad adecuadas en la prestación
de éste, se producen hurtos o robos de vehículos, o daño
en éstos, el proveedor del servicio será civilmente
responsable de los perjuicios causados al consumidor, no
obstante la responsabilidad infraccional que corresponda de
acuerdo a las reglas generales de esta ley.
Cualquier declaración del proveedor en orden a eximir
o a limitar su responsabilidad por hurtos, robos o daños
ocurridos con ocasión del servicio no producirá efecto
alguno y se considerará como inexistente.
6. El proveedor deberá exhibir de forma visible y
clara, en los puntos donde se realice el pago del
estacionamiento, y en los ingresos del recinto, el listado
de los derechos y obligaciones establecidos en la ley,
haciendo mención del derecho del consumidor de acudir al
Servicio Nacional del Consumidor o al juzgado de policía
local competente, en caso de infracción.
Artículo 15 B.- Los prestadores institucionales de
salud, sean éstos de carácter público o privado, no
podrán realizar cobro alguno por los servicios de
estacionamiento cuando éstos sean utilizados con ocasión
de servicios de urgencia o emergencia, y durante el tiempo
que duren éstas, o por pacientes que presenten dificultad
física permanente o transitoria para su desplazamiento,
circunstancia que deberá ser acreditada por el profesional
a cargo del tratamiento o atención de salud.
Artículo 15 C.- A quien administre el servicio de
estacionamiento en la vía pública sólo le será aplicable
lo dispuesto en los números 1, 2 y 3 del artículo 15 A.
Artículo 16.- No producirán efecto alguno en los
contratos de adhesión las cláusulas o estipulaciones que:
a) Otorguen a una de las partes la facultad de dejar
sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato o de
suspender unilateralmente su ejecución, salvo cuando ella
se conceda al comprador en las modalidades de venta por
correo, a domicilio, por muestrario, usando medios
audiovisuales, u otras análogas, y sin perjuicio de las
excepciones que las leyes contemplen;
b) Establezcan incrementos de precio por servicios,
accesorios, financiamiento o recargos, salvo que dichos
incrementos correspondan a prestaciones adicionales que sean
susceptibles de ser aceptadas o rechazadas en cada caso y
estén consignadas por separado en forma específica;
c) Pongan de cargo del consumidor los efectos de
deficiencias, omisiones o errores administrativos, cuando
ellos no le sean imputables;
d) Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del
consumidor;
e) Contengan limitaciones absolutas de responsabilidad
frente al consumidor que puedan privar a éste de su derecho
a resarcimiento frente a deficiencias que afecten la
utilidad o finalidad esencial del producto o servicio;
f) Incluyan espacios en blanco, que no hayan sido
llenados o inutilizados antes de que se suscriba el
contrato, y
g) En contra de las exigencias de la buena fe,
atendiendo para estos efectos a parámetros objetivos,
causen en perjuicio del consumidor, un desequilibrio
importante en los derechos y obligaciones que para las
partes se deriven del contrato. Para ello se atenderá a la
finalidad del contrato y a las disposiciones especiales o
generales que lo rigen. Se presumirá que dichas cláusulas
se encuentran ajustadas a exigencias de la buena fe, si los
contratos a que pertenecen han sido revisados y autorizados
por un órgano administrativo en ejecución de sus
facultades legales.
Si en estos contratos se designa árbitro, el
consumidor podrá recusarlo sin necesidad de expresar causa
y solicitar que se nombre otro por el juez letrado
competente. Si se hubiese designado más de un árbitro,
para actuar uno en subsidio de otro, podrá ejercer este
derecho respecto de todos o parcialmente respecto de
algunos. Todo ello de conformidad a las reglas del Código
Orgánico de Tribunales.
En todo contrato de adhesión en que se designe un
árbitro, será obligatorio incluir una cláusula que
informe al consumidor de su derecho a recusarlo, conforme a
lo establecido en el inciso anterior. Lo que se entiende sin
perjuicio del derecho que tiene el consumidor de recurrir
siempre ante el tribunal competente.
Artículo 16 A. Declarada la nulidad de una o varias
cláusulas o estipulaciones de un contrato de adhesión, por
aplicación de alguna de las normas del artículo 16, éste
subsistirá con las restantes cláusulas, a menos que por la
naturaleza misma del contrato, o atendida la intención
original de los contratantes, ello no fuere posible. En este
último caso, el juez deberá declarar nulo, en su
integridad, el acto o contrato sobre el que recae la
declaración.
Artículo 16 B. El procedimiento a que se sujetará la
tramitación de las acciones tendientes a obtener la
declaración de nulidad de cláusulas contenidas en
contratos de adhesión, será el contemplado en el Título
IV de la presente ley.
Artículo 17.- Los contratos de adhesión relativos a las
actividades regidas por la presente ley deberán estar
escritos de modo claramente legible, con un tamaño de letra
no inferior a 2,5 milímetros y en idioma castellano, salvo
aquellas palabras de otro idioma que el uso haya incorporado
al léxico. Las cláusulas que no cumplan con dichos
requisitos no producirán efecto alguno respecto del
consumidor.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, en
los contratos impresos en formularios prevalecerán las
cláusulas que se agreguen por sobre las del formulario
cuando sean incompatibles entre sí.
No obstante lo previsto en el inciso primero, tendrán
validez los contratos redactados en idioma distinto del
castellano cuando el consumidor lo acepte expresamente,
mediante su firma en un documento escrito en idioma
castellano anexo al contrato, y quede en su poder un
ejemplar del contrato en castellano, al que se estará, en
caso de dudas, para todos los efectos legales.
Tan pronto el consumidor firme el contrato, el
proveedor deberá entregarle un ejemplar íntegro suscrito
por todas las partes. Si no fuese posible hacerlo en el acto
por carecer de alguna firma, entregará de inmediato una
copia al consumidor con la constancia de ser fiel al
original suscrito por éste. La copia así entregada se
tendrá por el texto fidedigno de lo pactado, para todos los
efectos legales.
Artículo 17 A.- Los proveedores de bienes y servicios
cuyas condiciones estén expresadas en contratos de
adhesión deberán informar en términos simples el cobro de
bienes y servicios ya prestados, entendiendo por ello que la
presentación de esta información debe permitir al
consumidor verificar si el cobro efectuado se ajusta a las
condiciones y a los precios, cargos, costos, tarifas y
comisiones descritos en el contrato. Además, toda
promoción de dichos bienes y servicios indicará siempre el
costo total de la misma.
Artículo 17 B.- Los contratos de adhesión de
servicios crediticios, de seguros y, en general, de
cualquier producto financiero, elaborados por bancos e
instituciones financieras o por sociedades de apoyo a su
giro, establecimientos comerciales, compañías de seguros,
cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, y
toda persona natural o jurídica proveedora de dichos
servicios o productos, deberán especificar como mínimo,
con el objeto de promover su simplicidad y transparencia, lo
siguiente:
a) Un desglose pormenorizado de todos los cargos,
comisiones, costos y tarifas que expliquen el valor efectivo
de los servicios prestados, incluso aquellos cargos,
comisiones, costos y tarifas asociados que no forman parte
directamente del precio o que corresponden a otros productos
contratados simultáneamente y, en su caso, las exenciones
de cobro que correspondan a promociones o incentivos por uso
de los servicios y productos financieros.
b) Las causales que darán lugar al término anticipado
del contrato por parte del prestador, el plazo razonable en
que se hará efectivo dicho término y el medio por el cual
se comunicará al consumidor.
c) La duración del contrato o su carácter de
indefinido o renovable automáticamente, las causales, si
las hubiere, que pudieren dar lugar a su término anticipado
por la sola voluntad del consumidor, con sus respectivos
plazos de aviso previo y cualquier costo por término o pago
anticipado total o parcial que ello le represente.
d) Sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero
del artículo 17 H, en el caso de que se contraten varios
productos o servicios simultáneamente, o que el producto o
servicio principal conlleve la contratación de otros
productos o servicios conexos, deberá insertarse un anexo
en que se identifiquen cada uno de los productos o
servicios, estipulándose claramente cuáles son
obligatorios por ley y cuáles voluntarios, debiendo ser
aprobados expresa y separadamente cada uno de dichos
productos y servicios conexos por el consumidor mediante su
firma en el mismo.
e) Si la institución cuenta con un servicio de
atención al cliente que atienda las consultas y reclamos de
los consumidores y señalar en un anexo los requisitos y
procedimientos para acceder a dichos servicios.
f) Si el contrato cuenta o no con sello SERNAC vigente
conforme a lo establecido en el artículo 55 de esta ley.
g) La existencia de mandatos otorgados en virtud del
contrato o a consecuencia de éste, sus finalidades y los
mecanismos mediante los cuales se rendirá cuenta de su
gestión al consumidor. Se prohíben los mandatos en blanco
y los que no admitan su revocación por el consumidor.
Los contratos que consideren cargos, comisiones, costos
o tarifas por uso, mantención u otros fines deberán
especificar claramente sus montos, periodicidad y mecanismos
de reajuste. Estos últimos deberán basarse siempre en
condiciones objetivas que no dependan del solo criterio del
proveedor y que sean directamente verificables por el
consumidor. De cualquier forma, los valores aplicables
deberán ser comunicados al consumidor con treinta días
hábiles de anticipación, al menos, respecto de su entrada
en vigencia.
Artículo 17 C.- Los contratos de adhesión de
productos y servicios financieros deberán contener al
inicio una hoja con un resumen estandarizado de sus
principales cláusulas y los proveedores deberán incluir
esta hoja en sus cotizaciones, para facilitar su
comparación por los consumidores. Los reglamentos que se
dicten de conformidad con esta ley deberán establecer el
formato, el contenido y las demás características que esta
hoja resumen deberá contener, los que podrán diferir entre
las distintas categorías de productos y servicios
financieros.
Artículo 17 D.- Los proveedores de productos o
servicios financieros pactados por contratos de adhesión
deberán comunicar periódicamente, y dentro del plazo
máximo de tres días hábiles cuando lo solicite el
consumidor, la información referente al servicio prestado
que le permita conocer: el precio total ya cobrado por los
servicios contratados, el costo total que implica poner
término al contrato antes de la fecha de expiración
originalmente pactada, el valor total del servicio, la carga
anual equivalente, si corresponde, y demás información
relevante que determine el reglamento sobre las condiciones
del servicio contratado. El contenido y la presentación de
dicha información se determinarán en los reglamentos que
se dicten de acuerdo al artículo 62.
Los mencionados proveedores deberán entregar al
respectivo consumidor un certificado de liquidación para
término anticipado, dentro del plazo de cinco días
hábiles contado desde que éste lo solicite. El consumidor
podrá solicitar el certificado presencialmente o de manera
remota al respectivo proveedor de productos o servicios
financieros, y requerirle que se le entregue de manera
física o virtual. Sin perjuicio de lo anterior, el
consumidor podrá solicitar el referido certificado respecto
de solo un producto o servicio financiero determinado. En
dicho caso, el certificado deberá ser entregado dentro de
tres días hábiles desde la respectiva solicitud.
Este certificado será gratuito y deberá contener a lo
menos la siguiente información relativa a cada uno de los
productos o servicios financieros vigentes, según
corresponda:
a) Plazo o vigencia.
b) Valor total del producto o servicio.
c) Indicación de si corresponde a deuda rotativa.
d) Monto de crédito disponible y efectivamente
utilizado.
e) Tipo y tasa de interés.
f) Carga anual equivalente.
g) Valor de última cuota vencida.
h) Garantías reales otorgadas, especificando su
otorgante, datos de inscripción, datos de escritura
pública o de instrumento privado protocolizado, en caso de
haber sido otorgada por tales medios, y si contienen
cláusulas de garantía general.
i) Monto total a pagar para poner término al producto
o servicio financiero según la fecha de pago, incluyendo la
respectiva comisión de prepago, si corresponde.
j) Si el crédito se encuentra en etapa de cobranza
judicial.
k) La demás información que determine el reglamento.
En caso de existir una garantía real con cláusula de
garantía general, el certificado de liquidación también
deberá especificar el monto a pagar para ponerle término a
todas las obligaciones vigentes que el consumidor tenga con
el proveedor que no provengan de productos o servicios
financieros.
Adicionalmente, el certificado deberá contener el
monto total a pagar para ponerle término a la totalidad de
los productos o servicios financieros y las obligaciones
referidas, según la fecha de pago, incluyendo la respectiva
comisión de prepago, si corresponde, la fecha de emisión y
de vigencia del certificado, la que no podrá ser menor a
treinta días corridos, la forma en que el proveedor desea
ser notificado y la información necesaria para realizar el
pago en caso de iniciarse un proceso de portabilidad
financiera o refinanciamiento. El contenido, los requisitos
y la presentación de dicho certificado se determinarán en
los reglamentos que se dicten de acuerdo al artículo 62.
El consumidor podrá requerir al proveedor de productos
o servicios financieros, en el momento de solicitar el
certificado de liquidación para término anticipado, que
bloquee los productos o servicios financieros con créditos
disponibles no desembolsados o créditos rotativos, tales
como líneas de crédito asociadas a cuentas corrientes o
tarjetas de crédito, durante el tiempo de vigencia del
certificado, de manera que la información contenida en el
certificado de liquidación no se vea modificada durante su
vigencia. El certificado deberá señalar expresamente los
productos o servicios financieros que han sido bloqueados.
Dicho bloqueo será sin costo para el cliente.
Los proveedores no podrán efectuar cambios en los
precios, tasas, cargos, comisiones, costos y tarifas de un
producto o servicio financiero, con ocasión de la
renovación, restitución o reposición del soporte físico
necesario para el uso del producto o servicio cuyo contrato
se encuentre vigente. En ningún caso dichas renovación,
restitución o reposición podrán condicionarse a la
celebración de un nuevo contrato.
Los consumidores tendrán derecho a poner término
anticipado a uno o más servicios financieros por su sola
voluntad y siempre que extingan totalmente las obligaciones
con el proveedor asociadas al o los servicios específicos
que el consumidor decide terminar, incluido el costo por
término o pago anticipado determinado en el contrato de
adhesión.
Los proveedores de productos o servicios financieros no
podrán retrasar el término de los productos o servicios
financieros, su pago anticipado o cualquier otra gestión
solicitada por el consumidor que tenga por objeto poner fin
a la relación contractual entre éste y la entidad que
provee dichos productos y servicios financieros. Se
considerará retraso cualquier demora superior a cinco días
hábiles una vez extinguidas totalmente las obligaciones con
el proveedor asociadas al o los servicios específicos que
el consumidor decide terminar, incluido el costo por
término o pago anticipado determinado en el contrato de
adhesión. Asimismo, los proveedores estarán obligados a
entregar, dentro del plazo de cinco días hábiles, a los
consumidores que así lo soliciten, los certificados y
antecedentes que sean necesarios para renegociar los
créditos que tuvieran contratados con dicha entidad.
En el caso de los créditos hipotecarios, en cualquiera
de sus modalidades, no podrá incluirse en el contrato de
mutuo otra hipoteca que no sea la que cauciona el crédito
que se contrata, salvo solicitud escrita del deudor
efectuada por cualquier medio físico o tecnológico.
En el caso de créditos caucionados con hipoteca
específica, una vez extinguida totalmente la obligación
garantizada, el proveedor del crédito deberá, a su cargo y
costo, otorgar la escritura pública de alzamiento de la
referida hipoteca y de los demás gravámenes y
prohibiciones que se hayan constituido al efecto e
ingresarla para su inscripción en el Conservador de Bienes
Raíces respectivo, dentro de un plazo que no podrá exceder
de cuarenta y cinco días contado desde la extinción total
de la deuda. De tal circunstancia y de la realización de
los señalados trámites, el proveedor deberá informar por
escrito al deudor, a través de cualquier medio físico o
tecnológico idóneo, al último domicilio registrado por el
deudor con el proveedor, dentro de los treinta días
siguientes de practicada la cancelación correspondiente por
el Conservador de Bienes Raíces respectivo. Los
comprobantes de pago emitidos por el proveedor de un
crédito caucionado con hipoteca específica,
correspondientes a las tres últimas cuotas pactadas, harán
presumir el pago íntegro del crédito caucionado con dicha
garantía, debiendo seguirse respecto de su alzamiento y
cancelación lo dispuesto precedentemente.
En el caso de créditos caucionados con hipoteca
general, una vez pagadas íntegramente las deudas
garantizadas, tanto en calidad de deudor principal como en
calidad de avalista, fiador o codeudor solidario respecto de
las cuales dicha caución subsista, el proveedor deberá
informar por escrito al deudor tal circunstancia, en el
plazo de hasta veinte días corridos, a través de cualquier
medio físico o tecnológico idóneo, al último domicilio
registrado por el deudor con el proveedor, de conformidad a
lo dispuesto en el Título IV del decreto supremo Nº 42, de
2012, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que
contiene el Reglamento sobre Información al Consumidor de
Créditos Hipotecarios. Efectuada dicha comunicación por
parte del proveedor, el deudor podrá requerir, por
cualquier medio físico o tecnológico idóneo, el
otorgamiento de la escritura pública de alzamiento de la
referida hipoteca y de los demás gravámenes y
prohibiciones que se hayan constituido al efecto, y su
ingreso para inscripción en el Conservador de Bienes
Raíces respectivo, gestiones que serán de cargo y costo
del proveedor y que éste deberá efectuar dentro de un
plazo que no podrá exceder de cuarenta y cinco días,
contado desde la solicitud del deudor. El proveedor deberá
informar por escrito al deudor, a través de cualquier medio
físico o tecnológico idóneo, al último domicilio
registrado por el deudor con el proveedor, del alzamiento y
cancelación de la hipoteca con cláusula de garantía
general y de todo otro gravamen o prohibición constituido
en su favor, dentro de los treinta días siguientes de
practicada la respectiva cancelación por el Conservador de
Bienes Raíces respectivo.
Si no existieren obligaciones pendientes para con el
proveedor caucionadas con hipoteca general, el deudor no
estará obligado a mantener en favor de éste la vigencia de
una hipoteca con cláusula de garantía general ni de otros
gravámenes o prohibiciones ya constituidos para los efectos
de obtener un nuevo crédito, y podrá en todo momento, y
sin esperar la comunicación del proveedor de que trata el
inciso precedente, solicitar el respectivo alzamiento por
cualquier medio físico o tecnológico idóneo, el cual se
efectuará en la misma forma y plazo previstos en dicho
inciso. Sin perjuicio de lo anterior, el deudor podrá
conservar la vigencia de esta garantía general y los demás
gravámenes y prohibiciones asociados, a su sola voluntad.
Los alzamientos de hipotecas y de cualquier otro
gravamen o prohibición constituidos en favor de un
proveedor de servicios financieros podrán efectuarse por el
respectivo acreedor de forma masiva. Para tales efectos,
bastará otorgar una escritura pública que contenga un
listado o nómina de gravámenes o prohibiciones,
individualizando la foja, número, año, registro y el
Conservador de Bienes Raíces a cargo del mismo, sea que
tales gravámenes o prohibiciones se refieran a uno o más
deudores. En caso de que una o más de las solicitudes no
pudieren cursarse, dicha situación no impedirá la
tramitación de las restantes, y el o los deudores
interesados podrán resolver las insuficiencias o errores
que fundaron el rechazo del Conservador de Bienes Raíces y
concluir su tramitación. La cancelación de los gravámenes
o prohibiciones solicitada deberá ser practicada e inscrita
por el Conservador correspondiente en un plazo que no podrá
exceder de diez días, contado desde el ingreso a su oficio
de la escritura respectiva.
Los notarios y Conservadores de Bienes Raíces no
podrán oponerse, en su caso, a autorizar y otorgar las
escrituras públicas o practicar las cancelaciones que
correspondan, tratándose de alzamientos otorgados de forma
masiva, sin perjuicio de percibir los respectivos honorarios
determinados de acuerdo a la ley Nº16.250 y sus
modificaciones.
Si el acreedor hipotecario se negare a efectuar los
respectivos alzamientos de conformidad al presente
artículo, el deudor podrá solicitar judicialmente tales
alzamientos ante el tribunal competente, sin perjuicio de
las sanciones e indemnizaciones que procedan de conformidad
a la presente ley.
Los proveedores de créditos que soliciten una
tasación o estudio de títulos de un bien sobre el cual se
constituirá una garantía en su beneficio deberán entregar
al consumidor que solicitó el crédito los respectivos
informes de tasación y estudio de títulos del bien, según
corresponda. La entrega de dicha documentación deberá
realizarse de manera física o virtual, conforme a lo
solicitado por el consumidor. Asimismo, el consumidor podrá
realizar la referida solicitud de manera presencial o
remota.
Lo dispuesto en los incisos precedentes se aplicará a
los cesionarios de los créditos hipotecarios, cuando
proceda.
Los proveedores de créditos que ofrezcan la modalidad
de pago automático de cuenta o de transferencia
electrónica no podrán restringir esta oferta a que dicho
medio electrónico o automático sea de su misma
institución, debiendo permitir que el convenio de pago
automático o transferencia pueda ser realizado también por
una institución distinta.
Artículo 17 E.- El consumidor afectado podrá
solicitar la nulidad de una o varias cláusulas o
estipulaciones que infrinjan el artículo 17 B. Esta nulidad
podrá declararse por el juez en caso de que el contrato
pueda subsistir con las restantes cláusulas o, en su
defecto, el juez podrá ordenar la adecuación de las
cláusulas correspondientes, sin perjuicio de la
indemnización que pudiere determinar a favor del
consumidor.
Esta nulidad sólo podrá invocarse por el consumidor
afectado, de manera que el proveedor no podrá invocarla
para eximirse o retardar el cumplimiento parcial o total de
las obligaciones que le imponen los respectivos contratos a
favor del consumidor.
Artículo 17 F.- Los proveedores de servicios o
productos financieros y de seguros al público en general,
no podrán enviar productos o contratos representativos de
ellos que no hayan sido solicitados, al domicilio o lugar de
trabajo del consumidor.
Artículo 17 G.- Los proveedores deberán informar la
carga anual equivalente en toda publicidad de operaciones de
crédito en que se informe una cuota o tasa de interés de
referencia y que se realice por cualquier medio masivo o
individual. En todo caso, deberán otorgar a la publicidad
de la carga anual un tratamiento similar a la de la cuota o
tasa de interés de referencia, en cuanto a tipografía de
la gráfica, extensión, ubicación, duración, dicción,
repeticiones y nivel de audición.
Con todo, las cotizaciones no podrán tener una
vigencia menor a siete días hábiles a contar de su
comunicación al público, según determine el reglamento de
acuerdo a la naturaleza de cada contrato.
Asimismo, deberán informar en toda cotización de
crédito todos los precios, tasas, cargos, comisiones,
costos, tarifas, condiciones y vigencia de los productos
ofrecidos conjuntamente. También deberán informar las
comparaciones con esos mismos valores y condiciones en el
caso de que se contraten separadamente. Esta información
deberá tener un tratamiento similar a la de la cuota o tasa
de interés de referencia, en cuanto a tipografía de la
gráfica, extensión y ubicación.
Artículo 17 H.- Los proveedores de productos o
servicios financieros no podrán ofrecer o vender productos
o servicios de manera atada. Se entiende que un producto o
servicio financiero es vendido en forma atada si el
proveedor:
a) Impone o condiciona al consumidor la contratación
de otros productos o servicios adicionales, especiales o
conexos, y
b) No lo tiene disponible para ser contratado en forma
separada cuando se puede contratar de esa manera con otros
proveedores, o teniéndolos disponibles de esta forma, esto
signifique adquirirlo en condiciones arbitrariamente
discriminatorias.
Los proveedores no podrán efectuar aumentos en los
precios, tasas de interés, cargos, comisiones, costos o
tarifas de un producto o servicio financiero que dependa de
la mantención de otro, ante el cierre o resolución de este
último por parte del consumidor, cuando ello no obedece a
causas imputables al consumidor.
Tratándose de aquellos contratos con el sello al que
se refiere el artículo 55 de esta ley, si el servicio de
atención al cliente, el mediador o el árbitro financiero
acoge un reclamo interpuesto por el consumidor por
incumplimiento del inciso anterior, el proveedor deberá
dejar sin efecto el cambio y devolver al consumidor los
montos cobrados en exceso.
El proveedor de productos o servicios financieros no
podrá restringir o condicionar que la compra de bienes o
servicios de consumo se realice exclusivamente con un medio
de pago administrado u operado por el mismo proveedor, por
una empresa relacionada o una sociedad de apoyo al giro. Lo
anterior es sin perjuicio del derecho del proveedor a
ofrecer descuentos o beneficios adicionales asociados
exclusivamente a un medio de pago administrado u operado por
cualquiera de los sujetos señalados.
Artículo 17 I.- Cuando el consumidor haya otorgado un
mandato, una autorización o cualquier otro acto jurídico
para que se pague automáticamente el todo o parte del saldo
de su cuenta, su crédito o su tarjeta de crédito, podrá
dejar sin efecto dicho mandato, autorización o acto
jurídico en cualquier tiempo, sin más formalidades que
aquellas que haya debido cumplir para otorgar el acto
jurídico que está revocando.
En todo caso, la revocación sólo surtirá efecto a
contar del período subsiguiente de pago o abono que
corresponda en la obligación concernida.
La inejecución de la revocación informada al
proveedor del producto o servicio dará lugar a la
indemnización de todos los perjuicios y hará presumir la
infracción a este artículo.
En ningún caso será eximente de la responsabilidad
del proveedor la circunstancia de que la revocación deba
ser ejecutada por un tercero.
Artículo 17 J.- Los proveedores de productos o
servicios financieros deberán elaborar y disponer, para
cada persona natural que se obliga como avalista o como
fiador o codeudor solidario de un consumidor, un documento o
ficha explicativa sobre el rol de avalista, fiador o
codeudor solidario, según sea el caso, que deberá ser
firmado por ella. Este folleto deberá explicar en forma
simple:
a) Los deberes y responsabilidades en que está
incurriendo el avalista, fiador o codeudor solidario, según
corresponda, incluyendo el monto que debería pagar.
b) Los medios de cobranza que se utilizarán para
requerirle el pago, en su caso.
c) Los fundamentos y las consecuencias de las
autorizaciones o mandatos que otorgue a la entidad
financiera.
Artículo 17 K.- El incumplimiento por parte de un
proveedor de lo dispuesto en los artículos 17 B a 17 J, en
el artículo 17 M, y en los reglamentos dictados para la
ejecución de estas normas, será sancionado con una multa
de hasta mil quinientas unidades tributarias mensuales.
Artículo 17 L.- Los proveedores de servicios o
productos financieros que entreguen la información que se
exige en esta ley de manera que induzca a error al
consumidor o mediante publicidad engañosa, sin la cual no
se hubiere contratado el servicio o producto, serán
sancionados con las multas previstas en el artículo 24 en
sus respectivos casos, sin perjuicio de las indemnizaciones
que pueda determinar el juez competente de acuerdo a la
presente ley.
Artículo 17 M.- Los proveedores de productos o
servicios financieros pactados por contrato de adhesión
garantizados por cualquier tipo de garantía estarán
obligados a conservar, a lo menos de manera digital, y
durante el tiempo de existencia de la garantía en su favor,
todos los documentos en que consten dichas garantías.
Artículo 18.- Constituye infracción a las normas de
la presente ley el cobro de un precio superior al exhibido,
informado o publicitado.
Artículo 19.- El consumidor tendrá derecho a la
reposición del producto o, en su defecto, a optar por la
bonificación de su valor en la compra de otro o por la
devolución del precio que haya pagado en exceso, cuando la
cantidad o el contenido neto de un producto sea inferior al
indicado en el envase o empaque.
Artículo 20.- En los casos que a continuación se
señalan, sin perjuicio de la indemnización por los daños
ocasionados, el consumidor podrá optar entre la reparación
gratuita del bien o, previa restitución, su reposición o
la devolución de la cantidad pagada:
a) Cuando los productos sujetos a normas de seguridad o
calidad de cumplimiento obligatorio no cumplan las
especificaciones correspondientes;
b) Cuando los materiales, partes, piezas, elementos,
sustancias o ingredientes que constituyan o integren los
productos no correspondan a las especificaciones que
ostenten o a las menciones del rotulado;
c) Cuando cualquier producto, por deficiencias de
fabricación, elaboración, materiales, partes, piezas,
elementos, sustancias, ingredientes, estructura, calidad o
condiciones sanitarias, en su caso, no sea enteramente apto
para el uso o consumo al que está destinado o al que el
proveedor hubiese señalado en su publicidad;
d) Cuando el proveedor y consumidor hubieren convenido
que los productos objeto del contrato deban reunir
determinadas especificaciones y esto no ocurra;
e) Cuando después de la primera vez de haberse hecho
efectiva la garantía y prestado el servicio técnico
correspondiente, subsistieren las deficiencias que hagan al
bien inapto para el uso o consumo a que se refiere la letra
c). Este derecho subsistirá para el evento de presentarse
una deficiencia distinta a la que fue objeto del servicio
técnico, o volviere a presentarse la misma, dentro de los
plazos a que se refiere el artículo siguiente;
f) Cuando la cosa objeto del contrato tenga defectos o
vicios ocultos que imposibiliten el uso a que habitualmente
se destine;
g) Cuando la ley de los metales en los artículos de
orfebrería, joyería y otros sea inferior a la que en ellos
se indique.
Para los efectos del presente artículo se considerará
que es un solo bien aquel que se ha vendido como un todo,
aunque esté conformado por distintas unidades, partes,
piezas o módulos, no obstante que éstas puedan o no
prestar una utilidad en forma independiente unas de otras.
Sin perjuicio de ello, tratándose de su reposición, ésta
se podrá efectuar respecto de una unidad, parte, pieza o
módulo, siempre que sea por otra igual a la que se
restituye.
Artículo 21.- El ejercicio de los derechos que
contemplan los artículos 19 y 20 deberá hacerse efectivo
ante el vendedor dentro de los tres meses siguientes a la
fecha en que se haya recibido el producto, siempre que éste
no se hubiere deteriorado por hecho imputable al consumidor.
Si el producto se hubiere vendido con determinada garantía,
prevalecerá el plazo por el cual ésta se extendió, si
fuere mayor. El consumidor que, en el ejercicio de los
derechos que contempla el artículo 20, opte por la
reparación, podrá dirigirse, indistinta o conjuntamente,
al vendedor, al fabricante o al importador. Hecha la
opción, el requerido no podrá derivar el reclamo.
Serán solidariamente responsables por los perjuicios
ocasionados al consumidor, el proveedor que haya
comercializado el bien o producto y el importador que lo
haya vendido o suministrado. En caso de que el
consumidor solicite la reparación sólo al vendedo
The text continues in the official source.
