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cl:bcn:22740 — CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
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Analyze this law with AIQue aprueba el Código de Procedimiento Civil
Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su
aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:
ARTICULO PRIMERO. Apruébase el adjunto Código de
Procedimiento Civil que comenzará a rejir desde el 1.° de
Marzo de 1903.
Dos ejemplares de una edicion correcta i esmerada, que
deberá hacerse inmediatamente, autorizados por el
Presidente de la República i signados con el sello del
Ministerio de Justicia, se depositarán en la Secretaría de
ámbas Cámaras, dos en el archivo de dicho Ministerio i
otros dos en la Biblioteca Nacional.
El testo de esos ejemplares se tendrá por el testo
auténtico del Código de Procedimiento Civil, i a él
deberán conformarse las demas ediciones i publicaciones que
del espresado Código se hicieren.
ART. 2.° La Corte Suprema se compondrá de diez
miembros i tendrá un solo fiscal.
ART. 3.° Para conocer en los recursos de casacion en el
fondo i de revision, la Corte Suprema funcionará en un solo
cuerpo con la concurrencia de siete jueces, por lo ménos.
Para el despacho de los demas negacios judiciales, dicha
Corte se dividirá en dos salas, ninguna de las cuales
podrá funcionar con ménos de cuatro jueces.
ART. 4.° La distribucion de los miembros de la Corte
Suprema entre las dos salas se verificará anualmente por
sorteo, el cual se llevará a efecto en audiencia pública
el primer dia hábil del año.
ART. 5.° El conocimiento de las causas de Hacienda, de
que conoce actualmente la Corte Suprema, corresponderá a la
Corte de Apelaciones de Santiago.
La representacion del Fisco, en juicio corresponderá a
las personas que hoi la ejercen i el Director del Tesoro
podrá asumir esta representacion por sí o por medio de
mandatario, cuando lo estime por conveniente, cesando en
tales casos la representacion de cualquier otro funcionario.
ART. 6.° Corresponderá a las Cortes de Apelaciones
conocer en todos los asuntos que segun la Lei de
Organizacion i Atribuciones de las Municipalidades, son
actualmente de la competencia de la Corte Suprema.
ART. 7.° Las funciones del Fiscal de la Corte Suprema i
de los fiscales de las Cortes de Apelaciones, se limitarán
a los negocios judiciales i a los de carácter
administrativo en que una lei requiera especialmente su
intervencion.
ART. 8.° Los miembros de la Corte Suprema i el fiscal
de este Tribunal gozarán del sueldo anual de quince mil
pesos. El presidente tendrá una gratificacion, tambien
anual, de mil pesos.
Los relatores i el secretario de la misma Corte
percibirán un sueldo igual al designado a los jueces de
letras de Santiago.
El oficial primero de la Secretaría de la Corte de
Casacion tendrá un sueldo anual de tres mil quinientos
pesos.
ART. 9.° Para los efectos de la jubilacion de los
empleados a que se refiere el artículo anterior solo se
tomará en cuenta el setenta i cinco por ciento de los
sueldos que respectivamente se les asigna, sin perjuicio de
lo dispuesto en la lei número 1,146, de 28 de Diciembre de
1898.
ART. 10. Los que hubieren desempeñado los cargos de
Presidente de la República, Ministros de Estado, delegados
presidenciales regionales, delegados presidenciales
provinciales o gobernadores regionales no podrán ser
nombrados miembros de los Tribunales Superiores de Justicia,
Jueces letrados, fiscales, promotores fiscales, ni
relatores, ya sea en propiedad, ya interinamente o como
suplentes, sino un año despues de haber cesado en el
desempeño de sus funciones administrativas.
ARTICULOS TRANSITORIOS {ARTS. PRI-4}
ARTICULO PRIMERO. Las disposiciones contenidas en los
artículos 2.° i siguientes de esta lei, principiarán a
rejir en la fecha espresada en el artículo 1.° La Corte
Suprema continuará conociendo de las causas de Hacienda i
de las reclamaciones municipales que estuvieren pendientes
ante dicho Tribunal en la fecha indicada, no obstante lo
dispuesto en los artículo 5.° i 6.°
ART. 2.° La reduccion de las plazas de fiscales de la
Corte Suprema a una sola, se verificará cuando ocurra la
primera vacante.
ART. 3.° Los actuales miembros de la Corte Suprema
tendrán derecho a jubilar dentro de seis meses, con una
pension equivalente a las cuarentavas partes que les
correspondan por el número de años de servicio sobre la
base del sueldo íntegro que esta lei les asigna, no
pudiendo exceder dicha pension del setenta i cinco por
ciento del referido sueldo.
ART. 4.° Concédese a don Luis Barriga la suma de seis
mil pesos en remuneracion de los servicios que ha prestado
como secretario de la Comision Mista de ámbas Cámaras,
encargadas del estudio del Proyecto de Código de
Procedimiento Civil.
I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a
bien aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promúlguese i
llévese a efecto en todas sus partes como lei de la
República.
Santiago, a 28 de Agosto de 1902.- JERMAN RIESCO.-
Rafael Balmaceda.
Artículo 1° Las disposiciones de este Código rigen
el procedimiento de las contiendas civiles entre partes y de
los actos de jurisdicción no contenciosa, cuyo conocimiento
corresponda a los Tribunales de Justicia.
Art. 2° El procedimiento es ordinario o
extraordinario. Es ordinario el que se somete a la
tramitación común ordenada por la ley, y extraordinario el
que se rige por las disposiciones especiales que para
determinados casos ella establece.
Art. 3° Se aplicará el procedimiento ordinario en
todas las gestiones, trámites y actuaciones que no estén
sometidos a una regla especial diversa, cualquiera que sea
su naturaleza.
Artículo 3º bis.- Es deber de los abogados, de los
funcionarios de la administración de justicia y de los
jueces, promover el empleo de métodos autocompositivos de
resolución de conflictos, como la conciliación, la
mediación, entre otros. Estos métodos no podrán
restringir, sustituir o impedir la garantía de tutela
jurisdiccional.
Artículo 4°. (5). Toda persona que deba comparecer en
juicio a su propio nombre o como representante legal de
otra, deberá hacerlo en la forma que determine la ley.
Art. 5° (6°). Si durante el juicio fallece alguna de
las partes que obre por sí misma, quedará suspenso por
este hecho el procedimiento, y se pondrá su estado en
noticia de los herederos para que comparezcan a hacer uso de
su derecho en un plazo igual al de emplazamiento para
contestar demandas, que conceden los artículos 258 y 259.
Art. 6° (7°). El que comparezca en juicio a nombre de
otro, en desempeño de un mandato o en ejercicio de un cargo
que requiera especial nombramiento, deberá exhibir el
título que acredite su representación.
Para obrar como mandatario se considerará poder
suficiente: 1° El constituido por escritura pública
otorgada ante notario o ante oficial del Registro Civil a
quien la ley confiera esta facultad; 2° el que conste de un
acta extendida ante un juez de letras o ante un juez
árbitro, y subscrita por todos los otorgantes; y 3° el que
conste de una declaración escrita del mandante, autorizada
por el secretario del tribunal que esté conociendo de la
causa.
Podrá, sin embargo, admitirse la comparecencia al
juicio de una persona que obre sin poder en beneficio de
otra, con tal que ofrezca garantía de que el interesado
aprobará lo que se haya obrado en su nombre. El tribunal,
para aceptar la representación, calificará las
circunstancias del caso y la garantía ofrecida, y fijará
un plazo para la ratificación del interesado.
Los agentes oficiosos deberán ser personas capacitadas
para comparecer ante el respectivo tribunal, en conformidad
a la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, o, en caso
contrario, deberán hacerse representar en la forma que esa
misma ley establece.
Art. 7° (8°). El poder para litigar se entenderá
conferido para todo el juicio en que se presente, y aun
cuando no exprese las facultades que se conceden,
autorizará al procurador para tomar parte, del mismo modo
que podría hacerlo el poderdante, en todos los trámites e
incidentes del juicio y en todas las cuestiones que por vía
de reconvención se promuevan, hasta la ejecución completa
de la sentencia definitiva, salvo lo dispuesto en el
artículo 4° o salvo que la ley exija intervención
personal de la parte misma. Las cláusulas en que se nieguen
o en que se limiten las facultades expresadas, son nulas.
Podrá, asimismo, el procurador delegar el poder obligando
al mandante, a menos que se le haya negado esta facultad.
Sin embargo, no se entenderán concedidas al procurador,
sin expresa mención, las facultades de desistirse en
primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda
contraria, absolver posiciones, renunciar los recursos o los
términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los
árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y
percibir.
Art. 8°. (9°). El gerente o administrador de
sociedades civiles o comerciales, o el presidente de las
corporaciones o fundaciones con personalidad jurídica, se
entenderán autorizados para litigar a nombre de ellas con
las facultades que expresa el inciso 1° del artículo
anterior, no obstante cualquiera limitación establecida en
los estatutos o actos constitutivos de la sociedad o
corporación.
Art. 9°. (10). Si durante el curso del juicio termina
por cualquiera causa el carácter con que una persona
representa por ministerio de la ley derechos ajenos,
continuará no obstante la representación y serán válidos
los actos que ejecute, hasta la comparecencia de la parte
representada, o hasta que haya testimonio en el proceso de
haberse notificado a ésta la cesación de la
representación y el estado del juicio. El representante
deberá gestionar para que se practique esta diligencia
dentro del plazo que el tribunal designe, bajo pena de pagar
una multa de un cuarto a un sueldo vital y de abonar los
perjuicios que resulten.
Art. 10 (11). Todo procurador legalmente constituido
conservará su carácter de tal mientras en el proceso no
haya testimonio de la expiración de su mandato.
Si la causa de la expiración del mandato es la
renuncia del procurador, estará éste obligado a ponerla en
conocimiento de su mandante, junto con el estado del juicio,
y se entenderá vigente el poder hasta que haya transcurrido
el término de emplazamiento desde la notificación de la
renuncia al mandante.
Art. 11 (12). Cuando se ausente de la República alguna
persona dejando procurador autorizado para obrar en juicio o
encargado con poder general de administración, todo el que
tenga interés en ello podrá exigir que tome la
representación del ausente dicho procurador, justificando
que ha aceptado el mandato expresamente o ha ejecutado una
gestión cualquiera que importe aceptación.
Este derecho comprende aun la facultad de hacer
notificar las nuevas demandas que se entablen contra el
ausente, entendiéndose autorizado el procurador para
aceptar la notificación, a menos que se establezca lo
contrario de un modo expreso en el poder.
Si el poder para obrar en juicio se refiere a uno o
más negocios determinados, sólo podrá hacerse valer el
derecho que menciona el inciso precedente respecto del
negocio o negocios para los cuales se ha conferido el
mandato.
Art. 12 (13). En los casos de que trata el artículo
19, el procurador común será nombrado por acuerdo de las
partes a quienes haya de representar.
El nombramiento deberá hacerse dentro del término
razonable que señale el tribunal.
Art. 13 (14). Si por omisión de todas las partes o por
falta de avenimiento entre ellas no se hace el nombramiento
dentro del término indicado en el artículo anterior, lo
hará el tribunal que conozca de la causa, debiendo, en este
caso, recaer el nombramiento en un procurador del número o
en una de las partes que haya concurrido.
Si la omisión es de alguna o algunas de las partes, el
nombramiento hecho por la otra u otras valdrá respecto de
todas.
Art. 14 (15). Una vez hecho por las partes o por el
tribunal el nombramiento de procurador común, podrá
revocarse por acuerdo unánime de las mismas partes, o por
el tribunal a petición de alguna de ellas, si en este caso
hay motivos que justifiquen la revocación.
Los procedimientos a que dé lugar esta medida se
seguirán en cuaderno separado y no suspenderán el curso
del juicio.
Sea que se acuerde por las partes o que se decrete por
el tribunal, la revocación no comenzará a producir sus
efectos mientras no quede constituido el nuevo procurador.
Art. 15 (16). El procurador común deberá ajustar, en
lo posible, su procedimiento a las instrucciones y a la
voluntad de las partes que representa; y, en los casos en
que éstas no estén de acuerdo, podrá proceder por sí
solo y como se lo aconseje la prudencia, teniendo siempre en
mira la más fiel y expedita ejecución del mandato.
Art. 16 (17). Cualquiera de las partes representadas
por el procurador común que no se conforme con el
procedimiento adoptado por él, podrá separadamente hacer
las alegaciones y rendir las pruebas que estime conducentes,
pero sin entorpecer la marcha regular del juicio y usando
los mismos plazos concedidos al procurador común. Podrá,
asimismo, solicitar dichos plazos o su ampliación, o
interponer los recursos a que haya lugar, tanto sobre las
resoluciones que recaigan en estas solicitudes, como sobre
cualquiera sentencia interlocutoria o definitiva.
Art. 17 (18). En un mismo juicio podrán entablarse dos
o más acciones con tal que no sean incompatibles.
Sin embargo, podrán proponerse en una misma demanda
dos o más acciones incompatibles para que sean resueltas
una como subsidiaria de otra.
Art. 18 (19). En un mismo juicio podrán intervenir
como demandantes o demandados varias personas siempre que se
deduzca la misma acción, o acciones que emanen directa e
inmediatamente de un mismo hecho, o que se proceda
conjuntamente por muchos o contra muchos en los casos que
autoriza la ley.
Art. 19 (20). Si son dos o más las partes que entablan
una demanda o gestión judicial y deducen las mismas
acciones, deberán obrar todas conjuntamente, constituyendo
un solo mandatario.
La misma regla se aplicará a los demandados cuando
sean dos o más y opongan idénticas excepciones o defensas.
Art. 20 (21). Si son distintas entre sí las acciones
de los demandantes o las defensas de los demandados, cada
uno de ellos podrá obrar separadamente en el juicio, salvo
las excepciones legales.
Se concederá la facultad de gestionar por separado en
los casos del artículo anterior desde que aparezca haber
incompatibilidad de intereses entre las partes que litigan
conjuntamente.
Art. 21 (22). Si la acción ejercida por alguna persona
corresponde también a otra u otras personas determinadas,
podrán los demandados pedir que se ponga la demanda en
conocimiento de las que no hayan ocurrido a entablarla,
quienes deberán expresar en el término de emplazamiento si
se adhieren a ella.
Si las dichas personas se adhieren a la demanda, se
aplicará lo dispuesto en los artículos 12 y 13; si
declaran su resolución de no adherirse, caducará su
derecho; y si nada dicen dentro del término legal, les
afectará el resultado del proceso, sin nueva citación. En
este último caso podrán comparecer en cualquier estado del
juicio, pero respetando todo lo obrado con anterioridad.
Art. 22 (23). Si durante la secuela del juicio se
presenta alguien reclamando sobre la cosa litigada derechos
incompatibles con los de las otras partes, admitirá el
tribunal sus gestiones en la forma establecida por el
artículo 16 y se entenderá que acepta todo lo obrado antes
de su presentación, continuando el juicio en el estado en
que se encuentre.
Art. 23 (24). Los que, sin ser partes directas en el
juicio, tengan interés actual en sus resultados, podrán en
cualquier estado de él intervenir como coadyuvantes, y
tendrán en tal caso los mismos derechos que concede el
artículo 16 a cada una de las partes representadas por un
procurador común, continuando el juicio en el estado en que
se encuentre.
Se entenderá que hay interés actual siempre que
exista comprometido un derecho y no una mera expectativa,
salvo que la ley autorice especialmente la intervención
fuera de estos casos.
Si el interés invocado por el tercero es independiente
del que corresponde en el juicio a las dos partes, se
observará lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 24 (25). Las resoluciones que se dicten en los
casos de los dos artículos anteriores producirán respecto
de las personas a quienes dichos artículos se refieren los
mismos efectos que respecto de las partes principales.
Art. 25 (26). Todo litigante está obligado a pagar a
los oficiales de la administración de justicia los derechos
que los aranceles judiciales señalen para los servicios
prestados en el proceso.
Cada parte pagará los derechos correspondientes a las
diligencias que haya solicitado, y todas por cuotas iguales
los de las diligencias comunes, sin perjuicio del reembolso
a que haya lugar cuando por la ley o por resolución de los
tribunales corresponda a otras personas hacer el pago.
Art. 26 (27). Los derechos de cada diligencia se
pagarán tan pronto como ésta se evacue; pero la falta de
pago no podrá entorpecer en ningún caso la marcha del
juicio.
Art. 27 (28). Cuando litiguen varias personas
conjuntamente, cada una de ellas responderá solidariamente
del pago de los derechos que a todas afecten en conformidad
a los artículos anteriores, sin perjuicio de que las demás
reembolsen a la que haya pagado la cuota que les
corresponda, a prorrata de su interés en el juicio.
Artículo 28.- Los procuradores judiciales responderán
personalmente del pago de las costas procesales generadas
durante el ejercicio de sus funciones, que sean de cargo de
sus mandantes, sin perjuicio de la responsabilidad de
éstos.
Artículo 29.- Se formará la carpeta electrónica con
los escritos, documentos, resoluciones, actas de audiencias
y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen
en el juicio. Estos antecedentes serán registrados y
conservados íntegramente en orden sucesivo conforme a su
fecha de presentación o verificación a través de
cualquier medio que garantice la fidelidad, preservación y
reproducción de su contenido, lo que se regulará mediante
auto acordado de la Corte Suprema.
La carpeta electrónica estará disponible en el portal
de internet del Poder Judicial, salvo que la ley establezca
lo contrario o habilite al tribunal para restringir su
publicidad, o la de alguna parte de ella.
Ninguna pieza de la carpeta electrónica podrá
eliminarse sin que previamente lo decrete el tribunal que
conoce de la causa.
Artículo 30.- Los escritos y documentos se presentarán
por vía electrónica conforme se dispone en los artículos
5º y 6º, respectivamente, de la Ley General sobre
Tramitación Electrónica de los Procedimientos Judiciales.
Los escritos se encabezarán con una suma que indique
su contenido o el trámite de que se trata.
Art. 31 (32). Derogado.
Art. 32 (33). Entregado un escrito al secretario,
deberá éste en el mismo día estampar en cada foja la
fecha y su media firma, o un sello autorizado por la
respectiva Corte de Apelaciones y que designe la oficina y
la fecha de la presentación. Deberá, además, dar recibo
de los documentos que se le entreguen, siempre que lo exija
la parte que los presenta, sin que pueda cobrar derecho
alguno por los servicios a que este artículo se refiere.
Artículo 33.- Los secretarios letrados de los juzgados
civiles podrán dictar por sí solos las sentencias
interlocutorias, autos y decretos, providencias o
proveídos, salvo cuando ello pudiere importar poner
término al juicio o hacer imposible su continuación. La
reposición que sea procedente en contra de estas
resoluciones, en su caso, será resuelta por el juez.
Art. 34 (35). Todas las piezas que deben formar la
carpeta electrónica se irán agregando sucesivamente según
el orden de su presentación. El sistema de tramitación
electrónica del Poder Judicial numerará automáticamente
cada pieza de la carpeta electrónica en cifras y letras. Se
exceptúan las piezas que, por su naturaleza, no puedan
agregarse o que por motivos fundados se manden reservar
fuera del proceso.
Art. 35 (36). Derogado.
Artículo 36.- Las piezas que se presenten al tribunal
se mantendrán bajo su custodia y responsabilidad. Éstas no
podrán retirarse sino por las personas y en los casos
expresamente contemplados en la ley. Corresponderá al
tribunal velar por el estricto cumplimiento de lo
establecido en el artículo 393 del Código Orgánico de
Tribunales.
Artículo 37.- Cuando los tribunales pidan o hayan de
oír dictamen por escrito del respectivo fiscal judicial o
de los defensores públicos, les enviarán comunicación de
la carpeta electrónica a la que deben acceder
electrónicamente.
Si estos funcionarios retardan dicho dictamen, podrá
el tribunal señalarles un plazo razonable para que lo
envíen o agreguen a la carpeta electrónica.
En aquellos casos en que otro tribunal requiera la
remisión del expediente original o de algún cuaderno o
pieza del proceso, el trámite se cumplirá enviando la
correspondiente comunicación de la carpeta electrónica a
la que deben acceder a través del sistema de tramitación
electrónica del Poder Judicial. Lo mismo se aplicará cada
vez que la ley ordene la remisión, devolución o envío del
proceso o de cualquiera de sus piezas a otro tribunal.
Art. 38 (41). Las resoluciones judiciales sólo
producen efecto en virtud de notificación hecha con arreglo
a la ley, salvo los casos expresamente exceptuados por ella.
Art. 39 (42). Para la validez de la notificación no se
requiere el consentimiento del notificado.
Art. 40 (43). En toda gestión judicial, la primera
notificación a las partes o personas a quienes hayan de
afectar sus resultados, deberá hacérseles personalmente,
entregándoseles copia íntegra de la resolución y de la
solicitud en que haya recaído, cuando sea escrita.
Esta notificación se hará al actor en la forma
establecida en el artículo 50.
Art. 41. En los lugares y recintos de libre acceso
público, la notificación personal se podrá efectuar en
cualquier día y a cualquier hora, procurando causar la
menor molestia posible al notificado. En los juicios
ejecutivos, no podrá efectuarse el requerimiento de pago en
público y, de haberse notificado la demanda en un lugar o
recinto de libre acceso público, se estará a lo
establecido en el N° 1° del artículo 443.
Además, la notificación podrá hacerse en cualquier
día, entre las seis y las veintidós horas, en la morada o
lugar donde pernocta el notificado o en el lugar donde éste
ordinariamente ejerce su industria, profesión o empleo, o
en cualquier recinto privado en que éste se encuentre y al
cual se permita el acceso del ministro de fe.
Si la notificación se realizare en día inhábil, los
plazos comenzarán a correr desde las cero horas del día
hábil inmediatamente siguiente, y si se hubiere practicado
fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, los plazos
se aumentarán en la forma establecida en el artículo 259.
Igualmente, son lugares hábiles para practicar la
notificación el oficio del secretario, la casa que sirva
para despacho del tribunal y la oficina o despacho del
ministro de fe que practique la notificación. Los jueces no
podrán, sin embargo, ser notificados en el local en que
desempeñan sus funciones.
Art. 42 (45). Podrá el tribunal ordenar que se haga la
notificación en otros lugares que los expresados en el
artículo anterior, cuando la persona a quien se trate de
notificar no tenga habitación conocida en el lugar en que
ha de ser notificada. Esta circunstancia se acreditará por
certificado de un ministro de fe que afirme haber hecho las
indagaciones posibles, de las cuales dejará testimonio
detallado en la respectiva diligencia.
Art. 43 (46). La notificación se hará constar en el
proceso por diligencia que subscribirán el notificado y el
ministro de fe, y si el primero no puede o no quiere firmar,
se dejará testimonio de este hecho en la misma diligencia.
La certificación deberá, además, señalar la fecha,
hora y lugar donde se realizó la notificación y, de haber
sido hecha en forma personal, precisar la manera o el medio
con que el ministro de fe comprobó la identidad del
notificado.
Art. 44. Si buscada en dos días distintos en su
habitación, o en el lugar donde habitualmente ejerce su
industria, profesión o empleo, no es habida la persona a
quien debe notificarse, se acreditará en el acto que ella
se encuentra en el lugar del juicio y cuál es su morada o
lugar donde ejerce su industria, profesión o empleo,
bastando para comprobar estas circunstancias la debida
certificación del ministro de fe.
Establecidos ambos hechos, en la segunda búsqueda, el
ministro de fe procederá a su notificación en el mismo
día y sin necesidad de nueva orden del tribunal,
entregándole las copias a que se refiere el artículo 40 a
cualquiera persona adulta que se encuentre en la morada o en
el lugar donde la persona que se va a notificar ejerce su
industria, profesión o empleo. Si nadie hay allí, o si por
cualquiera otra causa no es posible entregar dichas copias a
las personas que se encuentren en esos lugares, se fijará
en la puerta un aviso que dé noticia de la demanda, con
especificación exacta de las partes, materia de la causa,
juez que conoce en ella y de las resoluciones que se
notifican.
En caso que la morada o el lugar donde pernocta o el
lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o
empleo, se encuentre en un edificio o recinto al que no se
permite libre acceso, el aviso y las copias se entregarán
al portero o encargado del edificio o recinto, dejándose
testimonio expreso de esta circunstancia.
Art. 45 (48). La diligencia de notificación, en el
caso del artículo precedente, se extenderá en la forma que
determina el artículo 43, siendo obligada a subscribirla la
persona que reciba las copias, si puede hacerlo, dejándose
testimonio de su nombre, edad, profesión y domicilio.
Art. 46 (49). Cuando la notificación se efectúe en
conformidad al artículo 44, el ministro de fe deberá dar
aviso de ella al notificado, dirigiéndole con tal objeto
carta certificada por correo, en el plazo de dos días
contado desde la fecha de la notificación o desde que se
reabran las oficinas de correo, si la notificación se
hubiere efectuado en domingo o festivo. La carta podrá
consistir en tarjeta abierta que llevará impreso el nombre
y domicilio del receptor y deberá indicar el tribunal, el
número de ingreso de la causa y el nombre de las partes. En
el testimonio de la notificación deberá expresarse,
además, el hecho del envío, la fecha, la oficina de correo
donde se hizo y el número de comprobante emitido por tal
oficina. Este comprobante deberá ser agregado al expediente
a continuación del testimonio. La omisión en el envío de
la carta no invalidará la notificación, pero hará
responsable al infractor de los daños y perjuicios que se
originen y el tribunal, previa audiencia del afectado,
deberá imponerle alguna de las medidas que se señalan en
los números 2, 3 y 4 del artículo 532 del Código
Orgánico de Tribunales.
Art. 47 (50). La forma de notificación de que tratan
los artículos precedentes se empleará siempre que la ley
disponga que se notifique a alguna persona para la validez
de ciertos actos, o cuando los tribunales lo ordenen
expresamente.
Podrá, además, usarse en todo caso.
Art. 48 (51). Las sentencias definitivas, las
resoluciones en que se reciba a prueba la causa, o se ordene
la comparecencia personal de las partes, se notificarán por
medio de cédulas que contengan la copia íntegra de la
resolución y los datos necesarios para su acertada
inteligencia. Con todo, estas resoluciones y los datos
necesarios para su acertada inteligencia también se podrán
notificar por el tribunal al medio de notificación
electrónico señalado por las partes, sus abogados
patrocinantes y mandatarios judiciales de conformidad al
artículo siguiente, previa solicitud de la parte interesada
y sin que se requiera el consentimiento del notificado, de
lo cual deberá dejarse constancia en el sistema de
tramitación electrónica del Poder Judicial.
Las cédulas a que hace referencia el inciso primero se
entregarán por un ministro de fe en el domicilio del
notificado, en la forma establecida en el inciso 2° del
artículo 44.
Se pondrá en los autos testimonio de la notificación
por cédula con expresión del día y lugar, del nombre,
edad, profesión y domicilio de la persona a quien se haga
la entrega. El procedimiento que establece este artículo
podrá emplearse, además, en todos los casos que el
tribunal expresamente lo ordene. También se dejará
testimonio en autos de la notificación efectuada al medio
de notificación electrónico señalado por la parte.
Art. 49 (52). Para los efectos del artículo anterior,
todo litigante deberá, en su primera gestión judicial,
designar un domicilio conocido dentro de los límites
urbanos del lugar en que funcione el tribunal respectivo.
Sus abogados patrocinantes y mandatarios judiciales
deberán, además, designar en su primera presentación un
medio de notificación electrónico que el juez califique
como expedito y eficaz, bajo apercibimiento de serles
notificadas por estado diario todas las resoluciones que se
dicten en lo sucesivo en el proceso. Estas designaciones se
considerarán subsistentes mientras no haga otra la parte
interesada, aun cuando de hecho cambie su morada o medio de
notificación electrónico, según corresponda.
En los juicios seguidos ante los tribunales inferiores
el domicilio deberá fijarse en un lugar conocido dentro de
la jurisdicción del tribunal correspondiente, pero si el
lugar designado se halla a considerable distancia de aquel
en que funciona el juzgado, podrá éste ordenar, sin más
trámites y sin ulterior recurso, que se designe otro dentro
de límites más próximos.
La notificación electrónica se entenderá practicada
desde el momento de su envío.
Artículo 50.- Las resoluciones no comprendidas en los
artículos precedentes se entenderán notificadas a las
partes desde que se incluyan en un estado que deberá
formarse electrónicamente, el que estará disponible
diariamente en la página web del Poder Judicial con las
indicaciones que el inciso siguiente expresa.
Se encabezará el estado con la fecha del día en que
se forme y se mencionarán por el número de orden que les
corresponda en el rol general, expresado en cifras y en
letras y, además, por los apellidos del demandante y del
demandado o de los primeros que figuren con dicho carácter
si son varios, todas las causas en que se haya dictado
resolución en aquel día y el número de resoluciones
dictadas en cada una de ellas.
Estos estados se mantendrán en la página web del
Poder Judicial durante al menos tres días en una forma que
impida hacer alteraciones en ellos. De las notificaciones
realizadas en conformidad a este artículo se dejará
constancia en la carpeta electrónica el mismo día en que
se publique el estado.
La notificación efectuada conforme a este artículo
será nula en caso que no sea posible la visualización de
la resolución referida en el estado diario por problemas
técnicos del sistema de tramitación electrónica del Poder
Judicial, lo que podrá declararse de oficio o a petición
de parte.
Art. 51 (54). Para los efectos del artículo
precedente, a todo proceso que se inicie se asignará un
número de orden en la primera resolución que se dicte y
con él figurará en el rol del tribunal, hasta su
terminación.
Art. 52 (55). Si transcurren seis meses sin que se
dicte resolución alguna en el proceso, no se considerarán
como notificaciones válidas las anotaciones en el estado
diario mientras no se haga una nueva notificación
personalmente o por cédula.
Art. 53 (56). La forma de notificación de que trata el
artículo 50 se hará extensiva a las resoluciones
comprendidas en el artículo 48, respecto de las partes que
no hayan hecho la designación a que se refiere el artículo
49 y mientras ésta no se haga.
Esta notificación se hará sin necesidad de petición
de parte y sin previa orden del tribunal.
Art. 54 (57). Cuando haya de notificarse personalmente o
por cédula a personas cuya individualidad o residencia sea
difícil determinar, o que por su número dificulten
considerablemente la práctica de la diligencia, podrá
hacerse la notificación por medio de avisos publicados en
los diarios del lugar donde se sigue la causa, o de la
cabecera de la provincia o de la capital de la región, si
allí no los hay. Dichos avisos contendrán los mismos datos
que se exigen para la notificación personal; pero si la
publicación en esta forma es muy dispendiosa, atendida la
cuantía del negocio, podrá disponer el tribunal que se
haga en extracto redactado por el secretario.
Para autorizar esta forma de notificación, y para
determinar los diarios en que haya de hacerse la
publicación y el número de veces que deba repetirse, el
cual no podrá bajar de tres, procederá el tribunal con
conocimiento de causa.
Cuando la notificación hecha por este medio sea la
primera de una gestión judicial, será necesario, además,
para su validez, que se inserte el aviso en los números del
"Diario Oficial" correspondientes a los días primero o
quince de cualquier mes, o al día siguiente, si no se ha
publicado en las fechas indicadas.
Art. 55 (58). Aunque no se haya verificado notificación
alguna o se haya efectuado en otra forma que la legal, se
tendrá por notificada una resolución desde que la parte a
quien afecte haga en el juicio cualquiera gestión que
suponga conocimiento de dicha resolución, sin haber antes
reclamado la falta o nulidad de la notificación.
Asimismo, la parte que solicitó la nulidad de una
notificación, por el solo ministerio de la ley, se tendrá
por notificada de la resolución cuya notificación fue
declarada nula, desde que se le notifique la sentencia que
declara tal nulidad. En caso que la nulidad de la
notificación haya sido declarada por un tribunal superior,
esta notificación se tendrá por efectuada al
notificársele el "cúmplase" de dicha resolución.
Art. 56 (59). Las notificaciones que se hagan a
terceros que no sean parte en el juicio, o a quienes no
afecten sus resultados, se harán personalmente o por
cédula.
Con todo, las notificaciones de las resoluciones en que
se efectúen nombramientos, como ocurre con los peritos y
martilleros, se realizarán por el tribunal por un medio de
notificación electrónico, el que será dirigido a la
casilla establecida en la nómina respectiva.
Las inscripciones, subinscripciones o cancelaciones
dispuestas por resolución judicial, podrán ser solicitadas
al registro correspondiente directamente por la parte
interesada, sin necesidad de receptor judicial, acompañando
las copias autorizadas de las resoluciones y actuaciones
obtenidas directamente del sistema informático de
tramitación con el correspondiente sello de autenticidad.
En este caso, la institución a cargo del registro deberá
cerciorarse, a través de dicho sistema y bajo su
responsabilidad, de la existencia de las resoluciones y que
las mismas causan ejecutoria.
Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior las
medidas precautorias y los embargos.
Art. 57. Las diligencias de notificación que se
agreguen a la carpeta electrónica, no contendrán
declaración alguna del notificado, salvo que la resolución
ordene o, por su naturaleza, requiera esa declaración.
Art. 58 (61). Las funciones que en este Título se
encomiendan a los secretarios de tribunales, podrán ser
desempeñadas bajo la responsabilidad de éstos, por el
oficial primero de la secretaría.
En aquellos lugares en que no exista receptor judicial,
la notificación podrá ser hecha por el Notario Público u
Oficial del Registro Civil que exista en la localidad. En
todo caso, el juez siempre podrá designar como ministro de
fe ad hoc a un empleado del tribunal, para el solo efecto de
practicar la notificación.
Art. 59 (62). Las actuaciones judiciales deben
practicarse en días y horas hábiles.
Son días hábiles los no feriados. Son horas hábiles
las que median entre las ocho y las veinte horas.
Art. 60 (63). Pueden los tribunales, a solicitud de
parte, habilitar para la práctica de actuaciones judiciales
días u horas inhábiles, cuando haya causa urgente que lo
exija.
Se estimarán urgentes para este caso, las actuaciones
cuya dilación pueda causar grave perjuicio a los
interesados, o a la buena administración de justicia, o
hacer ilusoria una providencia judicial.
El tribunal apreciará la urgencia de la causa y
resolverá sin ulterior recurso.
Art. 61 (64). De toda actuación deberá dejarse
testimonio fidedigno en la carpeta electrónica, con
expresión del lugar, día, mes y año en que se verifique,
de las formalidades con que se haya procedido, y de las
demás indicaciones que la ley o el tribunal dispongan.
A continuación y previa lectura, firmarán todas las
personas que hayan intervenido; y si alguna no sabe o se
niega a hacerlo, se expresará esta circunstancia. El acta
correspondiente se digitalizará e incorporará a la carpeta
electrónica inmediatamente.
La autorización del funcionario a quien corresponda
dar fe o certificado del acto es esencial para la validez de
la actuación en todos aquellos casos en que una ley
expresamente lo disponga.
En los casos de contarse con los recursos técnicos
necesarios, podrán registrarse las audiencias en que
participe el tribunal mediante audio digital, video u otro
soporte tecnológico equivalente, el que se agregará a la
carpeta electrónica inmediatamente.
Art. 62 (65). Siempre que en una actuación haya de
tomarse juramento a alguno de los concurrentes, se le
interrogará por el funcionario autorizante al tenor de la
siguiente fórmula: "¿Juráis por Dios decir verdad acerca
de lo que se os va a preguntar?", o bien, "¿Juráis por
Dios desempeñar fielmente el cargo que se os confía?",
según sea la naturaleza de la actuación. El interrogado
deberá responder: "Sí juro".
Art. 63 (66). Cuando sea necesaria la intervención de
intérprete en una actuación judicial, se recurrirá al
intérprete oficial, si lo hay; y en caso contrario, al que
designe el tribunal.
Los intérpretes deberán tener las condiciones
requeridas para ser peritos, y se les atribuirá el
carácter de ministros de fe.
Antes de practicarse la diligencia, deberá el
intérprete prestar juramento para el fiel desempeño de su
cargo.
Artículo 64.- Los plazos que señala este Código son
fatales cualquiera sea la forma en que se exprese, salvo
aquéllos establecidos para la realización de actuaciones
propias del tribunal. En consecuencia, la posibilidad de
ejercer un derecho o la oportunidad para ejecutar el acto se
extingue al vencimiento del plazo. En estos casos el
tribunal, de oficio o a petición de parte, proveerá lo que
convenga para la prosecución del juicio, sin necesidad de
certificado previo.
Las partes, en cualquier estado del juicio, podrán
acordar la suspensión del procedimiento hasta dos veces por
instancia, sea o no por períodos iguales, hasta un plazo
máximo de noventa días en cada instancia, sin perjuicio de
poder acordarla, además, ante la Corte Suprema en caso que,
ante dicho tribunal, estuvieren pendientes recursos de
casación o de queja en contra de sentencia definitiva. Los
plazos que estuvieren corriendo se suspenderán al
presentarse el escrito respectivo y continuarán corriendo
vencido el plazo de suspensión acordado.
Art. 65 (68). Los términos comenzarán a correr para
cada parte desde el día de la notificación.
Los términos comunes se contarán desde la última
notificación.
Art. 66 (69). Los términos de días que establece el
presente Código, se entenderán suspendidos durante los
feriados, salvo que el tribunal, por motivos justificados,
haya dispuesto expresamente lo contrario.
Art. 67 (70). Son prorrogables los términos señalados
por el tribunal.
Para que pueda concederse la prórroga es necesario:
1° Que se pida antes del vencimiento del término; y
2° Que se alegue justa causa, la cual será apreciada
por el tribunal prudencialmente.
Art. 68 (71). En ningún caso podrá la prórroga
ampliar el término más allá de los días asignados por la
ley.
Art. 69 (72). Siempre que se ordene o autorice una
diligencia con citación, se entenderá que no puede
llevarse a efecto sino pasados tres días después de la
notificación de la parte contraria, la cual tendrá el
derecho de oponerse o deducir observaciones dentro de dicho
plazo, suspendiéndose en tal caso la diligencia hasta que
se resuelva el incidente.
Cuando se mande proceder con conocimiento o valiéndose
de otras expresiones análogas, se podrá llevar a efecto la
diligencia desde que se ponga en noticia del contendor lo
resuelto.
Art. 70 (73). Todas las actuaciones necesarias para la
formación del proceso se practicarán por el tribunal que
conozca de la causa, salvo los casos en que se encomienden
expresamente por la ley a los secretarios u otros ministros
de fe, o en que se permita al tribunal delegar sus
funciones, o en que las actuaciones hayan de practicarse
fuera del lugar en que se siga el juicio.
Art. 71 (74). Todo tribunal es obligado a practicar o a
dar orden para que se practiquen en su territorio, las
actuaciones que en él deban ejecutarse y que otro tribunal
le encomiende.
El tribunal que conozca de la causa dirigirá al del
lugar donde haya de practicarse la diligencia la
correspondiente comunicación, insertando los escritos,
decretos y explicaciones necesarias.
El tribunal a quien se dirija la comunicación
ordenará su cumplimiento en la forma que ella indique, y no
podrá decretar otras gestiones que las necesarias a fin de
darle curso y habilitar al juez de la causa para que
resuelva lo conveniente.
Art. 72 (75). Las comunicaciones serán firmadas por el
juez, en todo caso; y si el tribunal es colegiado, por su
presidente. A las mismas personas se dirigirán las
comunicaciones que emanen de otros tribunales o
funcionarios.
Art. 73 (76). En las gestiones que sea necesario hacer
ante el tribunal exhortado, podrá intervenir el encargado
de la parte que solicitó el exhorto, siempre que en éste
se exprese el nombre de dicho encargado o se indique que
puede diligenciarlo el que lo presente o cualquiera otra
persona.
Art. 74 (77). Podrá una misma comunicación dirigirse
a diversos tribunales para que se practiquen actuaciones en
distintos puntos sucesivamente. Las primeras diligencias
practicadas, junto con la comunicación que las motive, se
remitirán por el tribunal que haya intervenido en ellas al
que deba continuarlas en otro territorio.
Art. 75 (78). Toda comunicación para practicar
actuaciones fuera del lugar del juicio será dirigida, sin
intermedio alguno, al tribunal o funcionario a quien
corresponda ejecutarla, aunque no dependa del que reclama su
intervención.
Art. 76 (79). Cuando hayan de practicarse actuaciones en
país extranjero, se dirigirá la comunicación respectiva
al funcionario que deba intervenir, por conducto de la Corte
Suprema, la cual la enviará al Ministerio de Relaciones
Exteriores para que éste a su vez le dé curso en la forma
que esté determinada por los tratados vigentes o por las
reglas generales adoptadas por el Gobierno.
En la comunicación se expresará el nombre de la
persona o personas a quienes la parte interesada apodere
para practicar las diligencias solicitadas, o se indicará
que puede hacerlo la persona que lo presente o cualquiera
otra.
Por este mismo conducto y en la misma forma se
recibirán las comunicaciones de los tribunales extranjeros
para practicar diligencias en Chile.
Artículo 77.- Sin perjuicio de lo señalado en el
artículo precedente, toda comunicación dirigida por un
tribunal a otro deberá ser conducida a su destino por vía
del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial,
y no siendo posible lo anterior, por el medio de
comunicación idóneo más expedito.
Artículo 77 bis. El tribunal podrá autorizar la
comparecencia remota por videoconferencia de cualquiera de
las partes que así se lo solicite a las audiencias
judiciales de su competencia que se verifiquen
presencialmente en el tribunal, si cuenta con los medios
idóneos para ello y si dicha forma de comparecencia
resultare eficaz y no causare indefensión.
La parte interesada deberá solicitar comparecer por
esta vía hasta dos días antes de la realización de la
audiencia, ofreciendo algún medio de contacto, tales como
número de teléfono o correo electrónico, a efectos de que
el tribunal coordine la realización de la audiencia. Si no
fuere posible contactar a la parte interesada a través de
los medios ofrecidos tras tres intentos, de lo cual se
deberá dejar constancia, se entenderá que no ha
comparecido a la audiencia.
La comparecencia remota de la parte se realizará desde
cualquier lugar, con auxilio de algún medio tecnológico
compatible con los utilizados por el Poder Judicial e
informados por su Corporación Administrativa.
Adicionalmente, para el caso en que la parte se encontrare
fuera de la región en que se sitúa el tribunal, la
comparecencia remota también podrá realizarse en
dependencias de cualquier otro tribunal, si éste contare
con disponibilidad de medios electrónicos y dependencias
habilitadas. La Corte Suprema deberá regular mediante auto
acordado la forma en que se coordinará y se hará uso de
dichas dependencias.
La constatación de la identidad de la parte que
comparece de forma remota se deberá efectuar inmediatamente
antes del inicio de la audiencia, de manera remota ante el
ministro de fe o el funcionario que determine el tribunal
respectivo, mediante la exhibición de su cédula de
identidad o pasaporte, de lo que se dejará registro.
Con todo, la absolución de posiciones, las
declaraciones de testigos y otras actuaciones que el juez
determine, sólo podrán rendirse en dependencias del
tribunal que conoce de la causa o del tribunal exhortado.
De la audiencia realizada por vía remota mediante
videoconferencia se levantará acta, que consignará todo lo
obrado en ella; la que deberá ser suscrita por las partes,
el juez y los demás comparecientes. La parte que comparezca
vía remota podrá firmar el acta mediante firma
electrónica simple o avanzada.
La disponibilidad y correcto funcionamiento de los
medios tecnológicos de las partes que comparezcan
remotamente en dependencias ajenas al Poder Judicial será
de su responsabilidad. Con todo, la parte podrá alegar
entorpecimiento si el mal funcionamiento de los medios
tecnológicos no fuera atribuible a ella. En caso de acoger
dicho incidente, el tribunal fijará un nuevo día y hora
para la continuación de la audiencia, sin que se pierda lo
obrado con anterioridad a dicho mal funcionamiento. En la
nueva audiencia que se fije, el tribunal velará por la
igualdad de las partes en el ejercicio de sus derechos.
Lo dispuesto en los incisos anteriores es sin perjuicio
de la modalidad de funcionamiento excepcional a través de
audiencias remotas, por razones de buen servicio judicial,
regulado en el artículo 47 D del Código Orgánico de
Tribunales.
Art�culo 78.- Vencido un plazo judicial para la
realización de un acto procesal sin que éste se haya
practicado por la parte respectiva, el tribunal, de oficio o
a petición de parte, declarará evacuado dicho trámite en
su rebeldía y proveerá lo que convenga para la
prosecución del juicio, sin certificado previo del
secretario.
Art. 79 (82). Podrá un litigante pedir la rescisión
de lo que se haya obrado en el juicio en rebeldía suya,
ofreciendo probar que ha estado impedido por fuerza mayor.
Este derecho sólo podrá reclamarse dentro de tres
días, contados desde que cesó el impedimento y pudo
hacerse valer ante el tribunal que conoce del negocio.
Art. 80 (83). Si al litigante rebelde no se le ha hecho
saber en persona ninguna de las providencias libradas en el
juicio, podrá pedir la rescisión de lo obrado, ofreciendo
acreditar que, por un hecho que no le sea imputable, han
dejado de llegar a sus manos las copias a que se refieren
los artículos 40 y 44, o que ellas no son exactas en su
parte substancial.
Este derecho no podrá reclamarse sino dentro de cinco
días, contados desde que aparezca o se acredite que el
litigante tuvo conocimiento personal del juicio.
Art. 81 (84). Los incidentes a que den lugar las
disposiciones contenidas en los dos artículos anteriores,
no suspenderán el curso de la causa principal y se
substanciarán en cuaderno separado.
Art. 82 (85). Toda cuestión accesoria de un juicio
que requiera pronunciamiento especial con audiencia de las
partes, se tramitará como incidente y se sujetará a las
reglas de este Título, si no tiene señalada por la ley una
tramitación especial.
Artículo 83. La nulidad procesal podrá ser declarada,
de oficio o a petición de parte, en los casos que la ley
expresamente lo disponga y en todos aquellos en que exista
un vicio que irrogue a alguna de las partes un perjuicio
reparable sólo con la declaración de nulidad.
La nulidad sólo podrá impetrarse dentro de cinco
días, contados desde que aparezca o se acredite que quien
deba reclamar de la nulidad tuvo conocimiento del vicio, a
menos que se trate de la incompetencia absoluta del
tribunal. La parte que ha originado el vicio o concurrido a
su materialización o que ha convalidado tácita o
expresamente el acto nulo, no podrá demandar la nulidad.
La declaración de nulidad de un acto no importa la
nulidad de todo lo obrado. El tribunal, al declarar la
nulidad, deberá establecer precisamente cuáles actos
quedan nulos en razón de su conexión con el acto anulado.
Art. 84 (87). Todo incidente que no tenga conexión
alguna con el asunto que es materia del juicio podrá ser
rechazado de plano.
Si el incidente nace de un hecho anterior al juicio o
coexistente con su principio, como defecto legal en el modo
de proponer la demanda, deberá promoverlo la parte antes de
hacer cualquiera gestión principal en el pleito.
Si lo promueve después, será rechazado de oficio por
el tribunal salvo que se trate de un vicio que anule el
proceso, en cuyo caso se estará a lo que establece el
artículo 83, o que se trate de una circunstancia esencial
para la ritualidad o la marcha del juicio, evento en el cual
el tribunal ordenará que se practiquen las diligencias
necesarias para que el proceso siga su curso legal.
El juez podrá corregir de oficio los errores que
observe en la tramitación del proceso. Podrá asimismo
tomar las medidas que tiendan a evitar la nulidad de los
actos de procedimiento. No podrá, sin embargo, subsanar las
actuaciones viciadas en razón de haberse realizado éstas
fuera del plazo fatal indicado por la ley.
Art. 85 (88). Todo incidente originado de un hecho que
acontezca durante el juicio, deberá promoverse tan pronto
como el hecho llegue a conocimiento de la parte respectiva.
Si en el proceso consta que el hecho ha llegado al
conocimiento de la parte, y si ésta ha practicado una
gestión posterior a dicho conocimiento, el incidente
promovido después será rechazado de plano, salvo que se
trate de alguno de los vicios o circunstancias a que se
refiere el inciso 3° del artículo anterior.
Art. 86 (89). Todos los incidentes cuyas causas existan
simultáneamente deberán promoverse a la vez. En caso
contrario, se observará, respecto de los que se promuevan
después, lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 84.
Art. 87 (90). Si el incidente es de aquellos sin cuya
previa resolución no se puede seguir substanciando la causa
principal, se suspenderá el curso de ésta, y el incidente
se tramitará en la misma pieza de autos.
En el caso contrario, no se suspenderá el curso de la
causa principal, y el incidente se substanciará en ramo
separado.
Artículo 88.- La parte que haya promovido y perdido dos
o más incidentes en un mismo juicio, no podrá promover
ningún otro sin que previamente deposite en la cuenta
corriente del tribunal la cantidad que éste fije. El
tribunal de oficio y en la resolución que deseche el
segundo incidente determinará el monto del depósito. Este
depósito fluctuará entre una y diez unidades tributarias
mensuales y se aplicará como multa a beneficio fiscal, si
fuere rechazado el respectivo incidente.
El tribunal determinará el monto del depósito
considerando la actuación procesal de la parte y si
observare mala fe en la interposición de los nuevos
incidentes podrá aumentar su cuantía hasta por el duplo.
La parte que goce de privilegio de pobreza en el juicio, no
estará obligada a efectuar depósito previo alguno.
El incidente que se formule sin haberse efectuado
previamente el depósito fijado, se tendrá por no
interpuesto y se extinguirá el derecho a promoverlo
nuevamente.
En los casos que la parte no obligada a efectuar el
depósito previo en razón de privilegio de pobreza
interponga nuevos incidentes y éstos le sean rechazados; el
juez, en la misma resolución que rechace el nuevo
incidente, podrá imponer personalmente al abogado o al
mandatario judicial que lo hubiere promovido, por vía de
pena, una multa a beneficio fiscal de una a diez unidades
tributarias mensuales, si estimare que en su interposición
ha existido mala fe o el claro propósito de dilatar el
proceso.
Todo incidente que requiera de depósito previo deberá
tramitarse en cuaderno separado, sin afectar el curso de la
cuestión principal ni de ninguna otra, sin perjuicio de lo
que se pueda resolver en el fallo del respectivo incidente.
Las resoluciones que se dicten en virtud de las
disposiciones de este artículo, en cuanto al monto de
depósitos y multas se refiere, son inapelables.
Art. 89 (92). Si se promueve un incidente, se
concederán tres días para responder y vencido este plazo,
haya o no contestado la parte contraria, resolverá el
tribunal la cuestión, si, a su juicio, no hay necesidad de
prueba. No obstante, el tribunal podrá resolver de plano
aquellas peticiones cuyo fallo se pueda fundar en hechos que
consten del proceso, o sean de pública notoriedad, lo que
el tribunal consignará en su resolución.
Art. 90 (93). Si es necesaria la prueba, se abrirá un
término de ocho días para que dentro de él se rinda y se
justifiquen también las tachas de los testigos, si hay
lugar a ellas.
Dentro de los dos primeros días deberá acompañar
cada parte una nómina de los testigos de que piensa
valerse, con expresión del nombre y apellido, domicilio y
profesión u oficio. Sólo se examinarán testigos que
figuren en dicha nómina.
Cuando hayan de practicarse diligencias probatorias
fuera del lugar en que se sigue el juicio, podrá el
tribunal, por motivos fundados, ampliar una sola vez el
término por el número de días que estime necesarios, no
excediendo en ningún caso del plazo total de treinta días,
contados desde que se recibió el incidente a prueba.
Las resoluciones que se pronuncien en los casos de este
artículo son inapelables.
Art. 91 (94). Vencido el término de prueba, háyanla o
no rendido las partes, y aún cuando éstas no lo pidan,
fallará el tribunal inmediatamente o, a más tardar, dentro
de tercero día, la cuestión que haya dado origen al
incidente.
Art. 92 (95). La acumulación de autos tendrá lugar
siempre que se tramiten separadamente dos o más procesos
que deban constituir un solo juicio y terminar por una sola
sentencia, para mantener la continencia, o unidad de la
causa. Habrá, por tanto, lugar a ella:
1°. Cuando la acción o acciones entabladas en un
juicio sean iguales a las que se hayan deducido en otro, o
cuando unas y otras emanen directa e inmediatamente de unos
mismos hechos;
2°. Cuando las personas y el objeto o materia de los
juicios sean idénticos, aunque las acciones sean distintas;
y
3°. En general, siempre que la sentencia que haya de
pronunciarse en un juicio deba producir la excepción de
cosa juzgada en otro.
Art. 93 (96). Habrá también lugar a la acumulación
de autos en los casos de procedimiento concursal de
liquidación.
De esta acumulación se trata en la Ley de
Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y
Personas.
Art. 94 (97). La acumulación de autos se decretará a
petición de parte; pero si los procesos se encuentran en un
mismo tribunal, podrá éste ordenarla de oficio.
Se considerará parte legítima para solicitarla todo
el que haya sido admitido como parte litigante en cualquiera
de los juicios cuya acumulación se pretende.
Art. 95 (98). Para que pueda tener lugar la
acumulación, se requiere que los juicios se encuentren
sometidos a una misma clase de procedimiento y que la
substanciación de todos ellos se encuentre en instancias
análogas.
Art. 96 (99). Si los juicios están pendientes ante
tribunales de igual jerarquía, el más moderno se
acumulará al más antiguo; pero en el caso contrario, la
acumulación se hará sobre aquel que esté sometido al
tribunal superior.
Art. 97 (100). Siempre que tenga lugar la acumulación,
el curso de los juicios que estén más avanzados se
suspenderá hasta que todos lleguen a un mismo estado.
Art. 98 (101). La acumulación se podrá pedir en
cualquier estado del juicio antes de la sentencia de
término; y si se trata de juicios ejecutivos, antes del
pago de la obligación. Deberá solicitarse ante el tribunal
a quien corresponda continuar conociendo en conformidad al
artículo 96.
Art. 99 (102). Pedida la acumulación, se concederá un
plazo de tres días a la otra parte para que exponga lo
conveniente sobre ella. Pasado este término, haya o no
respuesta, el tribunal resolverá, haciendo traer
previamente a la vista todos los procesos cuya acumulación
se solicite, si todos están pendientes ante él. En caso
contrario, podrá pedir que se le remitan los que se sigan
ante otros tribunales.
Art. 100 (103). De las resoluciones que nieguen la
acumulación o den lugar a ella sólo se concederá
apelación en el efecto devolutivo.
Art. 101 (104). Podrán las partes promover cuestiones
de competencia por inhibitoria o por declinatoria.
Las que hayan optado por uno de estos medios, no
podrán después abandonarlo para recurrir al otro. Tampoco
podrán emplearse los dos simultánea ni sucesivamente.
Art. 102 (105). La inhibitoria se intentará ante el
tribunal a quien se crea competente, pidiéndole que se
dirija al que esté conociendo del negocio para que se
inhiba y le remita los autos.
Si el recurrente pretende acreditar con documentos su
derecho, deberá acompañarlos a la solicitud de
inhibitoria, o pedir en ella los testimonios
correspondientes.
Art. 103 (106). Con sólo el mérito de lo que exponga
la parte y de los documentos que presente o que el tribunal
de oficio mande agregar, si lo juzga necesario, se accederá
a la solicitud o se negará lugar a ella.
Art. 104 (107). Si el tribunal accede, dirigirá al que
esté conociendo del negocio la correspondiente
comunicación, con inserción de la solicitud de la parte y
de los demás documentos que estime necesario para fundar su
competencia.
Art. 105 (108). Recibida la comunicación, el tribunal
requerido oirá a la parte que ante él litigue, y con lo
que ella exponga y el mérito que arrojen los documentos que
presente o que el tribunal mande agregar de oficio,
accederá a la inhibición o negará lugar a ella.
Art. 106 (109). Si el tribunal requerido accede a la
inhibición y esta sentencia queda ejecutoriada, remitirá
los autos al requeriente.
Si la deniega, se pondrá lo resuelto en conocimiento
del otro tribunal, y cada uno, con citación de la parte que
gestione ante él, remitirá los autos al tribunal a quien
corresponda resolver la contienda.
Art. 107 (112). Son apelables solamente la resolución
que niega lugar a la solicitud de inhibición a que se
refiere el artículo 102 y la que pronuncie el tribunal
requerido accediendo a la inhibición.
Art. 108 (113). Las apelaciones de que trata el
artículo anterior se llevarán ante el tribunal a quien
correspondería conocer de la contienda de competencia; pero
cuando los tribunales dependan de diversos superiores,
iguales en jerarquía, conocerá de la apelación el
superior del tribunal que haya dictado la sentencia apelada.
Art. 109 (114). El superior que conozca de la apelación
o que resuelva la contienda de competencia declarará cuál
de los tribunales inferiores es competente o que ninguno de
ellos lo es.
Para pronunciar resolución, citará a uno y otro
litigante, pudiendo pedir los informes que estime
necesarios, y aun recibir a prueba el incidente.
Si los tribunales de cuya competencia se trata ejercen
jur
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