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cl:bcn:176595 — ESTABLECE CODIGO PROCESAL PENAL
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Analyze this law with AIArtículo 1º.- Juicio previo y única persecución.
Ninguna persona podrá ser condenada o penada, ni sometida a
una de las medidas de seguridad establecidas en este
Código, sino en virtud de una sentencia fundada, dictada
por un tribunal imparcial. Toda persona tiene derecho a un
juicio previo, oral y público, desarrollado en conformidad
con las normas de este cuerpo legal.
La persona condenada, absuelta o sobreseída
definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser
sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho.
Artículo 2º.- Juez natural. Nadie podrá ser juzgado
por comisiones especiales, sino por el tribunal que
señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con
anterioridad a la perpetración del hecho.
Artículo 3°.- Exclusividad de la investigación
penal. El ministerio público dirigirá en forma exclusiva
la investigación de los hechos constitutivos de delito, los
que determinaren la participación punible y los que
acreditaren la inocencia del imputado, en la forma prevista
por la Constitución y la ley.
Artículo 4º.- Presunción de inocencia del imputado.
Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como
tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme.
Artículo 5º.- Legalidad de las medidas privativas o
restrictivas de libertad. No se podrá citar, arrestar,
detener, someter a prisión preventiva ni aplicar cualquier
otra forma de privación o restricción de libertad a
ninguna persona, sino en los casos y en la forma señalados
por la Constitución y las leyes.
Las disposiciones de este Código que autorizan la
restricción de la libertad o de otros derechos del imputado
o del ejercicio de alguna de sus facultades serán
interpretadas restrictivamente y no se podrán aplicar por
analogía.
Artículo 6º.- Protección de la víctima. El
ministerio público estará obligado a velar por la
protección de la víctima del delito en todas las etapas
del procedimiento penal. Por su parte, el tribunal
garantizará conforme a la ley la vigencia de sus derechos
durante el procedimiento. El fiscal deberá promover
durante el curso del procedimiento acuerdos patrimoniales,
medidas cautelares u otros mecanismos que faciliten la
reparación del daño causado a la víctima. Este deber no
importará el ejercicio de las acciones civiles que pudieren
corresponderle a la víctima. Asimismo, la policía y
los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato
acorde con su condición de víctima, procurando facilitar
al máximo su participación en los trámites en que debiere
intervenir.
Artículo 7º.- Calidad de imputado. Las facultades,
derechos y garantías que la Constitución Política de la
República, este Código y otras leyes reconocen al
imputado, podrán hacerse valer por la persona a quien se
atribuyere participación en un hecho punible desde la
primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y
hasta la completa ejecución de la sentencia.
Para este efecto, se entenderá por primera actuación
del procedimiento cualquiera diligencia o gestión, sea de
investigación, de carácter cautelar o de otra especie, que
se realizare por o ante un tribunal con competencia en lo
criminal, el ministerio público o la policía, en la que se
atribuyere a una persona responsabilidad en un hecho
punible.
En las investigaciones iniciadas por el Ministerio
Público, los funcionarios policiales o de Gendarmería de
Chile, de las Fuerzas Armadas y los funcionarios de los
servicios de su dependencia, en cumplimiento del deber,
exclusivamente en el marco de funciones de resguardo del
orden público, tales como las que se ejercen durante
estados de excepción constitucional, protección de la
infraestructura crítica, resguardo de fronteras, y
funciones de policía cuando correspondan, o cuando se
desempeñan en el marco de sus funciones fiscalizadoras, que
se encuentren en el caso previsto en el párrafo tercero del
numeral 6° del artículo 10 del Código Penal, serán
considerados como víctimas o testigos, según corresponda,
para todos los efectos legales, a menos que las diligencias
permitan atribuirles participación punible. En este último
caso adquirirán la calidad de imputado, y podrán hacer
valer las facultades, derechos y garantías propias de
éste.
Artículo 8º.- Ámbito de la defensa. El imputado
tendrá derecho a ser defendido por un letrado desde la
primera actuación del procedimiento dirigido en su contra.
Todo imputado que carezca de abogado tendrá derecho
irrenunciable a que el Estado le proporcione uno. La
designación del abogado la efectuará el juez antes de que
tenga lugar la primera actuación judicial del procedimiento
que requiera la presencia de dicho imputado.
El imputado tendrá derecho a formular los
planteamientos y alegaciones que considerare oportunos, así
como a intervenir en todas las actuaciones judiciales y en
las demás actuaciones del procedimiento, salvas las
excepciones expresamente previstas en este Código.
Artículo 9º.- Autorización judicial previa. Toda
actuación del procedimiento que privare al imputado o a un
tercero del ejercicio de los derechos que la Constitución
asegura, o lo restringiere o perturbare, requerirá de
autorización judicial previa. En consecuencia, cuando
una diligencia de investigación pudiere producir alguno de
tales efectos, el fiscal deberá solicitar previamente
autorización al juez de garantía. Tratándose de
casos urgentes, en que la inmediata autorización u orden
judicial sea indispensable para el éxito de la diligencia,
podrá ser solicitada y otorgada por cualquier medio idóneo
al efecto, tales como teléfono, fax, correo electrónico u
otro, sin perjuicio de la constancia posterior, en el
registro correspondiente. No obstante lo anterior, en caso
de una detención se deberá entregar por el funcionario
policial que la practique una constancia de aquélla, con
indicación del tribunal que la expidió, del delito que le
sirve de fundamento y de la hora en que se emitió.
Artículo 10.- Cautela de garantías. En cualquiera
etapa del procedimiento en que el juez de garantía estimare
que el imputado no está en condiciones de ejercer los
derechos que le otorgan las garantías judiciales
consagradas en la Constitución Política, en las leyes o en
los tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes, adoptará, de oficio o a petición de
parte, las medidas necesarias para permitir dicho ejercicio.
Si esas medidas no fueren suficientes para evitar que
pudiere producirse una afectación sustancial de los
derechos del imputado, el juez ordenará la suspensión del
procedimiento por el menor tiempo posible y citará a los
intervinientes a una audiencia que se celebrará con los que
asistan. Con el mérito de los antecedentes reunidos y de lo
que en dicha audiencia se expusiere, resolverá la
continuación del procedimiento o decretará el
sobreseimiento temporal del mismo.
Con todo, no podrá entenderse que existe afectación
sustancial de los derechos del imputado cuando se acredite,
por el Ministerio Público o el abogado querellante, que la
suspensión del procedimiento solicitada por el imputado o
su abogado sólo persigue dilatar el proceso.
Artículo 11.- Aplicación temporal de la ley procesal
penal. Las leyes procesales penales serán aplicables a los
procedimientos ya iniciados, salvo cuando, a juicio del
tribunal, la ley anterior contuviere disposiciones más
favorables al imputado.
Artículo 12.- Intervinientes. Para los efectos
regulados en este Código, se considerará intervinientes en
el procedimiento al fiscal, al imputado, al defensor, a la
víctima y al querellante, desde que realizaren cualquier
actuación procesal o desde el momento en que la ley les
permitiere ejercer facultades determinadas.
Artículo 13.- Efecto en Chile de las sentencias
penales de tribunales extranjeros. Tendrán valor en Chile
las sentencias penales extranjeras. En consecuencia, nadie
podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual
hubiere sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme
de acuerdo a la ley y al procedimiento de un país
extranjero, a menos que el juzgamiento en dicho país
hubiere obedecido al propósito de sustraer al individuo de
su responsabilidad penal por delitos de competencia de los
tribunales nacionales o, cuando el imputado lo solicitare
expresamente, si el proceso respectivo no hubiere sido
instruido de conformidad con las garantías de un debido
proceso o lo hubiere sido en términos que revelaren falta
de intención de juzgarle seriamente.
En tales casos, la pena que el sujeto hubiere cumplido
en el país extranjero se le imputará a la que debiere
cumplir en Chile, si también resultare condenado.
La ejecución de las sentencias penales extranjeras se
sujetará a lo que dispusieren los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encontraren vigentes.
Artículo 14.- Días y horas hábiles. Todos los días
y horas serán hábiles para las actuaciones del
procedimiento penal y no se suspenderán los plazos por la
interposición de días feriados.
No obstante, cuando un plazo de días concedido a los
intervinientes venciere en día feriado, se considerará
ampliado hasta las veinticuatro horas del día siguiente que
no fuere feriado.
Artículo 15.- Cómputo de plazos de horas. Los plazos
de horas establecidos en este Código comenzarán a correr
inmediatamente después de ocurrido el hecho que fijare su
iniciación, sin interrupción.
Artículo 16.- Plazos fatales e improrrogables. Los
plazos establecidos en este Código son fatales e
improrrogables, a menos que se indicare expresamente lo
contrario.
Artículo 17.- Nuevo plazo. El que, por un hecho que no
le fuere imputable, por defecto en la notificación, por
fuerza mayor o por caso fortuito, se hubiere visto impedido
de ejercer un derecho o desarrollar una actividad dentro del
plazo establecido por la ley, podrá solicitar al tribunal
un nuevo plazo, que le podrá ser otorgado por el mismo
período. Dicha solicitud deberá formularse dentro de los
cinco días siguientes a aquél en que hubiere cesado el
impedimento.
Artículo 18.- Renuncia de plazos. Los intervinientes
en el procedimiento podrán renunciar, total o parcialmente,
a los plazos establecidos a su favor, por manifestación
expresa.
Si el plazo fuere común, la abreviación o la renuncia
requerirán el consentimiento de todos los intervinientes y
la aprobación del tribunal.
Artículo 19.- Requerimientos de información,
contenido y formalidades. Todas las autoridades y órganos
del Estado deberán realizar las diligencias y proporcionar,
sin demora, la información que les requirieren el
ministerio público y los tribunales con competencia penal.
El requerimiento contendrá la fecha y lugar de expedición,
los antecedentes necesarios para su cumplimiento, el plazo
que se otorgare para que se llevare a efecto y la
determinación del fiscal o tribunal requirente.
Con todo, tratándose de informaciones o documentos que
en virtud de la ley tuvieren carácter secreto, el
requerimiento se atenderá observando las prescripciones de
la ley respectiva, si las hubiere, y, en caso contrario,
adoptándose las precauciones que aseguraren que la
información no será divulgada.
Si la autoridad requerida retardare el envío de los
antecedentes solicitados o se negare a enviarlos, a pretexto
de su carácter secreto o reservado y el fiscal estimare
indispensable la realización de la actuación, remitirá
los antecedentes al fiscal regional quien, si compartiere
esa apreciación, solicitará a la Corte de Apelaciones
respectiva que, previo informe de la autoridad de que se
tratare, recabado por la vía que considerare más rápida,
resuelva la controversia. La Corte adoptará esta decisión
en cuenta. Si fuere el tribunal el que requiriere la
información, formulará dicha solicitud directamente ante
la Corte de Apelaciones.
En el caso de que el fiscal que requiera la
información ejerza labores en la Fiscalía
Supraterritorial, deberá remitir los antecedentes al Fiscal
Jefe de aquella. Si el Fiscal Jefe de la Fiscalía
Supraterritorial también considera que se trata de una
actuación cuya realización es indispensable, solicitará a
la Corte de Apelaciones del domicilio de la autoridad
requerida que resuelva la controversia en los mismos
términos expresados en el inciso precedente.
Si la razón invocada por la autoridad requerida para
no enviar los antecedentes solicitados fuere que su
publicidad pudiere afectar la seguridad nacional, la
cuestión deberá ser resuelta por la Corte Suprema.
Aun cuando la Corte llamada a resolver la controversia
rechazare el requerimiento del fiscal, por compartir el
juicio de la autoridad a la que se hubieren requerido los
antecedentes, podrá ordenar que se suministren al
ministerio público o al tribunal los datos que le
parecieren necesarios para la adopción de decisiones
relativas a la investigación o para el pronunciamiento de
resoluciones judiciales.
Las resoluciones que los ministros de Corte
pronunciaren para resolver estas materias no los
inhabilitarán para conocer, en su caso, los recursos que se
dedujeren en la causa de que se tratare.
Artículo 20.- Solicitudes entre tribunales. Cuando un
tribunal debiere requerir de otro la realización de una
diligencia dentro del territorio jurisdiccional de éste, le
dirigirá directamente la solicitud, sin más menciones que
la indicación de los antecedentes necesarios para la cabal
comprensión de la solicitud y las demás expresadas en el
inciso primero del artículo anterior.
Si el tribunal requerido rechazare el cumplimiento del
trámite o diligencia indicado en la solicitud, o si
transcurriere el plazo fijado para su cumplimiento sin que
éste se produjere, el tribunal requirente podrá dirigirse
directamente al superior jerárquico del primero para que
ordene, agilice o gestione directamente la petición.
Artículo 20 bis. Tramitación de solicitudes de
asistencia internacional. Las solicitudes de autoridades
competentes de país extranjero para que se practiquen
diligencias en Chile serán remitidas directamente al
Ministerio Público, el que solicitará la intervención del
juez de garantía del lugar en que deban practicarse, cuando
la naturaleza de las diligencias lo hagan necesario de
acuerdo con las disposiciones de la ley chilena.
Artículo 21.- Forma de realizar las comunicaciones.
Las comunicaciones señaladas en los artículos precedentes
podrán realizarse por cualquier medio idóneo, sin
perjuicio del posterior envío de la documentación que
fuere pertinente.
Artículo 22.- Comunicaciones del ministerio público.
Cuando el ministerio público estuviere obligado a comunicar
formalmente alguna actuación a los demás intervinientes en
el procedimiento, deberá hacerlo, bajo su responsabilidad,
por cualquier medio razonable que resultare eficaz. Será de
cargo del ministerio público acreditar la circunstancia de
haber efectuado la comunicación.
Si un interviniente probare que por la deficiencia de
la comunicación se hubiere encontrado impedido de ejercer
oportunamente un derecho o desarrollar alguna actividad
dentro del plazo establecido por la ley, podrá solicitar un
nuevo plazo, el que le será concedido bajo las condiciones
y circunstancias previstas en el artículo 17.
Artículo 23.- Citación del ministerio público.
Cuando en el desarrollo de su actividad de investigación el
fiscal requiriere la comparecencia de una persona, podrá
citarla por cualquier medio idóneo. Si la persona citada no
compareciere, el fiscal podrá ocurrir ante el juez de
garantía para que lo autorice a conducirla compulsivamente
a su presencia.
Con todo, el fiscal no podrá recabar directamente la
comparecencia personal de las personas o autoridades a que
se refiere el artículo 300. Si la declaración de dichas
personas o autoridades fuere necesaria, procederá siempre
previa autorización del juez de garantía y conforme lo
establece el artículo 301.
Artículo 24.- Funcionarios habilitados. Las
notificaciones de las resoluciones judiciales se realizarán
por los funcionarios del tribunal que hubiere expedido la
resolución, que hubieren sido designados para cumplir esta
función por el juez presidente del comité de jueces, a
propuesta del administrador del tribunal.
El tribunal podrá ordenar que una o más
notificaciones determinadas se practicaren por otro ministro
de fe.
Artículo 25.- Contenido. La notificación deberá
incluir una copia íntegra de la resolución de que se
tratare, con la identificación del proceso en el que
recayere, a menos que la ley expresamente ordenare agregar
otros antecedentes, o que el juez lo estimare necesario para
la debida información del notificado o para el adecuado
ejercicio de sus derechos.
Artículo 26.- Señalamiento de domicilio de los
intervinientes en el procedimiento. En su primera
intervención en el procedimiento los intervinientes
deberán ser conminados por el juez, por el ministerio
público, o por el funcionario público que practicare la
primera notificación, a indicar un domicilio dentro de los
límites urbanos de la ciudad en que funcionare el tribunal
respectivo y en el cual puedan practicárseles las
notificaciones posteriores. Asimismo, deberán comunicar
cualquier cambio de su domicilio.
En caso de omisión del señalamiento del domicilio o
de la comunicación de sus cambios, o de cualquier
inexactitud del mismo o de la inexistencia del domicilio
indicado, las resoluciones que se dictaren se notificarán
por el estado diario. Para tal efecto, los intervinientes en
el procedimiento deberán ser advertidos de esta
circunstancia, lo que se hará constar en el acta que se
levantare.
El mismo apercibimiento se formulará al imputado que
fuere puesto en libertad, a menos que ello fuere
consecuencia de un sobreseimiento definitivo o de una
sentencia absolutoria ejecutoriados.
Artículo 27.- Notificación al ministerio público. El
ministerio público será notificado en sus oficinas, para
lo cual deberá indicar su domicilio dentro de los límites
urbanos de la ciudad en que funcionare el tribunal e
informar a éste de cualquier cambio del mismo.
Artículo 28.- Notificación a otros intervinientes.
Cuando un interviniente en el procedimiento contare con
defensor o mandatario constituido en él, las notificaciones
deberán ser hechas solamente a éste, salvo que la ley o el
tribunal dispusiere que también se notifique directamente a
aquél.
Artículo 29.- Notificaci�nes al imputado privado de
libertad. Las notificaciones que debieren realizarse al
imputado privado de libertad se le harán en persona en el
establecimiento o recinto en que permaneciere, aunque éste
se hallare fuera del territorio jurisdiccional del tribunal,
mediante la entrega, por un funcionario del establecimiento
y bajo la responsabilidad del jefe del mismo, del texto de
la resolución respectiva. Al efecto, el tribunal podrá
remitir dichas resoluciones, así como cualquier otro
antecedente que considerare relevante, por cualquier medio
de comunicación idóneo, tales como fax, correo
electrónico u otro.
Si la persona a quien se debiere notificar no supiere o
no pudiere leer, la resolución le será leída por el
funcionario encargado de notificarla.
No obstante lo dispuesto en el inciso primero, el
tribunal, podrá disponer, por resolución fundada y de
manera excepcional, que la notificación de determinadas
resoluciones al imputado privado de libertad sea practicada
en el recinto en que funcione.
Artículo 30.- Notificaci�nes de las resoluciones en
las audiencias judiciales. Las resoluciones pronunciadas
durante las audiencias judiciales se entenderán notificadas
a los intervinientes en el procedimiento que hubieren
asistido o debido asistir a las mismas. De estas
notificaciones se dejará constancia en el estado diario,
pero su omisión no invalidará la notificación.
Los interesados podrán pedir copias de los registros
en que constaren estas resoluciones, las que se expedirán
sin demora.
Artículo 31.- Otras formas de notificación. Cualquier
interviniente en el procedimiento podrá proponer para sí
otras formas de notificación, que el tribunal podrá
aceptar si, en su opinión, resultaren suficientemente
eficaces y no causaren indefensión.
Artículo 32.- Normas aplicables a las notificaciones.
En lo no previsto en este párrafo, las notificaciones que
hubieren de practicarse a los intervinientes en el
procedimiento penal se regirán por las normas contempladas
en el Título VI del Libro I del Código de Procedimiento
Civil.
Artículo 33.- Citaciones judiciales. Cuando fuere
necesario citar a alguna persona para llevar a cabo una
actuación ante el tribunal, se le notificará la
resolución que ordenare su comparecencia.
Se hará saber a los citados el tribunal ante el cual
debieren comparecer, su domicilio, la fecha y hora de la
audiencia, la identificación del proceso de que se tratare
y el motivo de su comparecencia. Al mismo tiempo se les
advertirá que la no comparecencia injustificada dará lugar
a que sean conducidos por medio de la fuerza pública, que
quedarán obligados al pago de las costas que causaren y que
pueden imponérseles sanciones. También se les deberá
indicar que, en caso de impedimento, deberán comunicarlo y
justificarlo ante el tribunal, con anterioridad a la fecha
de la audiencia, si fuere posible.
El tribunal podrá ordenar que el imputado que no
compareciere injustificadamente sea detenido o sometido a
prisión preventiva hasta la realización de la actuación
respectiva. Tratándose de los testigos, peritos u otras
personas cuya presencia se requiriere, podrán ser
arrestados hasta la realización de la actuación por un
máximo de veinticuatro horas e imponérseles, además, una
multa de hasta quince unidades tributarias mensuales.
Si quien no concurriere injustificadamente fuere el
defensor o el fiscal, se le aplicará lo dispuesto en el
artículo 287.
Artículo 34.- Poder coercitivo. En el ejercicio de sus
funciones, el tribunal podrá ordenar directamente la
intervención de la fuerza pública y disponer todas las
medidas necesarias para el cumplimiento de las actuaciones
que ordenare y la ejecución de las resoluciones que
dictare.
Artículo 35.- Nulidad de las actuaciones delegadas. La
delegación de funciones en empleados subalternos para
realizar actuaciones en que las leyes requirieren la
intervención del juez producirá la nulidad de las mismas.
Artículo 36.- Fundamentación. Será obligación del
tribunal fundamentar las resoluciones que dictare, con
excepción de aquellas que se pronunciaren sobre cuestiones
de mero trámite. La fundamentación expresará
sucintamente, pero con precisión, los motivos de hecho y de
derecho en que se basaren las decisiones tomadas.
La simple relación de los documentos del procedimiento
o la mención de los medios de prueba o solicitudes de los
intervinientes no sustituirá en caso alguno la
fundamentación.
Artículo 37.- Firma de las resoluciones. Las
resoluciones judiciales serán suscritas por el juez o por
todos los miembros del tribunal que las dictare. Si alguno
de los jueces no pudiere firmar se dejará constancia del
impedimento.
No obstante lo anterior, bastará el registro de la
audiencia respecto de las resoluciones que se dictaren en
ella.
Artículo 38.- Plazos generales para dictar las
resoluciones. Las cuestiones debatidas en una audiencia
deberán ser resueltas en ella.
Las presentaciones escritas serán resueltas por el
tribunal antes de las veinticuatro horas siguientes a su
recepción.
Artículo 39. Reglas generales. De las actuaciones
realizadas por o ante el juez de garantía, el tribunal de
juicio oral en lo penal, las Cortes de Apelaciones y la
Corte Suprema se levantará un registro en la forma
señalada en este párrafo. En todo caso, las
sentencias y demás resoluciones que pronunciare el tribunal
serán registradas en su integridad. El registro se
efectuará por cualquier medio apto para producir fe, que
permita garantizar la conservación y la reproducción de su
contenido.
Artículo 40.- DEROGADO
Artículo 41. Registro de actuaciones ante los
tribunales con competencia en materia penal. Las audiencias
ante los jueces con competencia en materia penal se
registrarán en forma íntegra por cualquier medio que
asegure su fidelidad, tal como audio digital, video u otro
soporte tecnológico equivalente.
Artículo 42.- Valor del registro del juicio oral. El
registro del juicio oral demostrará el modo en que se
hubiere desarrollado la audiencia, la observancia de las
formalidades previstas para ella, las personas que hubieren
intervenido y los actos que se hubieren llevado a cabo. Lo
anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
359, en lo que corresponda.
La omisión de formalidades del registro sólo lo
privará de valor cuando ellas no pudieren ser suplidas con
certeza sobre la base de otros elementos contenidos en el
mismo o de otros antecedentes confiables que dieren
testimonio de lo ocurrido en la audiencia.
Artículo 43.- Conservación de los registros. Mientras
dure la investigación o el respectivo proceso, la
conservación de los registros estará a cargo del juzgado
de garantía y del tribunal de juicio oral en lo penal
respectivo, de conformidad a lo previsto en el Código
Orgánico de Tribunales.
Cuando, por cualquier causa, se viere dañado el
soporte material del registro afectando su contenido, el
tribunal ordenará reemplazarlo en todo o parte por una
copia fiel, que obtendrá de quien la tuviere, si no
dispusiere de ella directamente.
Si no existiere copia fiel, las resoluciones se
dictarán nuevamente, para lo cual el tribunal reunirá los
antecedentes que le permitan fundamentar su preexistencia y
contenido, y las actuaciones se repetirán con las
formalidades previstas para cada caso. En todo caso, no
será necesario volver a dictar las resoluciones o repetir
las actuaciones que sean el antecedente de resoluciones
conocidas o en etapa de cumplimiento o ejecución.
Artículo 44.- Examen del registro y certificaciones.
Salvas las excepciones expresamente previstas en la ley, los
intervinientes siempre tendrán acceso al contenido de los
registros.
Los registros podrán también ser consultados por
terceros cuando dieren cuenta de actuaciones que fueren
públicas de acuerdo con la ley, a menos que, durante la
investigación o la tramitación de la causa, el tribunal
restringiere el acceso para evitar que se afecte su normal
substanciación o el principio de inocencia.
En todo caso, los registros serán públicos
transcurridos cinco años desde la realización de las
actuaciones consignadas en ellos.
A petición de un interviniente o de cualquier persona,
el funcionario competente del tribunal expedirá copias
fieles de los registros o de la parte de ellos que fuere
pertinente, con sujeción a lo dispuesto en los incisos
anteriores.
Además dicho funcionario certificará si se hubieren
deducido recursos en contra de la sentencia definitiva.
Artículo 45.- Pronunciamiento sobre costas. Toda
resolución que pusiere término a la causa o decidiere un
incidente deberá pronunciarse sobre el pago de las costas
del procedimiento.
Artículo 46.- Contenido. Las costas del procedimiento
penal comprenderán tanto las procesales como las
personales.
Artículo 47 .- Condena. Las costas serán de cargo del
condenado.
La víctima que abandonare la acción civil soportará
las costas que su intervención como parte civil hubiere
causado. También las soportará el querellante que
abandonare la querella.
No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, el
tribunal, por razones fundadas que expresará
determinadamente, podrá eximir total o parcialmente del
pago de las costas, a quien debiere soportarlas.
Artículo 48.- Absolución y sobreseimiento definitivo.
Cuando el imputado fuere absuelto o sobreseído
definitivamente, el ministerio público será condenado en
costas, salvo que hubiere formulado la acusación en
cumplimiento de la orden judicial a que se refiere el inciso
segundo del artículo 462 o cuando el tribunal estime
razonable eximirle por razones fundadas. En dicho
evento será también condenado el querellante, salvo que el
tribunal lo eximiere del pago, total o parcialmente, por
razones fundadas que expresará determinadamente.
Artículo 49.- Distribución de costas. Cuando fueren
varios los intervinientes condenados al pago de las costas,
el tribunal fijará la parte o proporción que
corresponderá soportar a cada uno de ellos.
Artículo 50.- Personas exentas. Los fiscales, los
abogados y los mandatarios de los intervinientes en el
procedimiento no podrán ser condenados personalmente al
pago de las costas, salvo los casos de notorio
desconocimiento del derecho o de grave negligencia en el
desempeño de sus funciones, en los cuales se les podrá
imponer, por resolución fundada, el pago total o parcial de
las costas.
Artículo 51.- Gastos. Cuando fuere necesario efectuar
un gasto cuyo pago correspondiere a los intervinientes, el
tribunal estimará su monto y dispondrá su consignación
anticipada.
En todo caso, el Estado soportará los gastos de los
intervinientes que gozaren del privilegio de pobreza.
Artículo 52.- Aplicación de normas comunes a todo
procedimiento. Serán aplicables al procedimiento penal, en
cuanto no se opusieren a lo estatuido en este Código o en
leyes especiales, las normas comunes a todo procedimiento
contempladas en el Libro I del Código de Procedimiento
Civil.
Artículo 53.- Clasificación de la acción penal. La
acción penal es pública o privada.
La acción penal pública para la persecución de todo
delito que no esté sometido a regla especial deberá ser
ejercida de oficio por el ministerio público. Podrá ser
ejercida, además, por las personas que determine la ley,
con arreglo a las disposiciones de este Código. Se concede
siempre acción penal pública para la persecución de los
delitos cometidos contra menores de edad.
La acción penal privada sólo podrá ser ejercida por
la víctima.
Excepcionalmente, la persecución de algunos delitos de
acción penal pública requiere la denuncia previa de la
víctima.
Artículo 54.- Delitos de acción pública previa
instancia particular. En los delitos de acción pública
previa instancia particular no podrá procederse de oficio
sin que, a lo menos, el ofendido por el delito hubiere
denunciado el hecho a la justicia, al ministerio público o
a la policía.
Tales delitos son:
a) Las lesiones previstas en los artículos 399 y 494,
número 5º, del Código Penal;
b) La violación de domicilio;
c) La violación de secretos prevista en los artículos
231 y 247, inciso segundo, del Código Penal;
d) Las amenazas previstas en los artículos 296 y 297
del Código Penal;
e) Los previstos en la ley N° 19.039, que establece
normas aplicables a los privilegios industriales y
protección de los derechos de propiedad industrial;
f) La comunicación fraudulenta de secretos de la
fábrica en que el imputado hubiere estado o estuviere
empleado, y
g) Los que otras leyes señalaren en forma expresa.
A falta del ofendido por el delito, podrán denunciar
el hecho las personas indicadas en el inciso segundo del
artículo 108, de conformidad a lo previsto en esa
disposición.
Cuando el ofendido se encontrare imposibilitado de
realizar libremente la denuncia, o cuando quienes pudieren
formularla por él se encontraren imposibilitados de hacerlo
o aparecieren implicados en el hecho, el ministerio público
podrá proceder de oficio.
Iniciado el procedimiento, éste se tramitará de
acuerdo con las normas generales relativas a los delitos de
acción pública.
Artículo 55.- Delitos de acción privada. No podrán
ser ejercidas por otra persona que la víctima, las acciones
que nacen de los siguientes delitos:
a) La calumnia y la injuria;
b) La falta descrita en el número 11 del artículo 496
del Código Penal;
c) La provocación a duelo y el denuesto o descrédito
público por no haberlo aceptado, y d) El matrimonio del
menor llevado a efecto sin el consentimiento de las personas
designadas por la ley y celebrado de acuerdo con el
funcionario llamado a autorizarlo.
Artículo 56.- Renuncia de la acción penal. La acción
penal pública no se extingue por la renuncia de la persona
ofendida.
Pero se extinguen por esa renuncia la acción penal
privada y la civil derivada de cualquier clase de delitos.
Si el delito es de aquellos que no pueden ser
perseguidos sin previa instancia particular, la renuncia de
la víctima a denunciarlo extinguirá la acción penal,
salvo que se tratare de delito perpetrado contra menores de
edad.
Esta renuncia no la podrá realizar el ministerio
público.
Artículo 57.- Efectos relativos de la renuncia. La
renuncia de la acción penal sólo afectará al renunciante
y a sus sucesores, y no a otras personas a quienes también
correspondiere la acción.
Artículo 58.- Responsabilidad penal. La acción penal,
fuere pública o privada, no puede entablarse sino contra
las personas responsables del delito.
La responsabilidad penal sólo puede hacerse efectiva
en las personas naturales. Por las personas jurídicas
responden los que hubieren intervenido en el acto punible,
sin perjuicio de la responsabilidad civil que las afectare.
Artículo 59.- Principio general. La acción civil que
tuviere por objeto únicamente la restitución de la cosa,
deberá interponerse siempre durante el respectivo
procedimiento penal, de conformidad a lo previsto en el
artículo 189.
Asimismo, durante la tramitación del procedimiento
penal la víctima podrá deducir respecto del imputado, con
arreglo a las prescripciones de este Código, todas las
restantes acciones que tuvieren por objeto perseguir las
responsabilidades civiles derivadas del hecho punible. La
víctima podrá también ejercer esas acciones civiles ante
el tribunal civil correspondiente. Con todo, admitida a
tramitación la demanda civil en el procedimiento penal, no
se podrá deducir nuevamente ante un tribunal civil.
Con la sola excepción indicada en el inciso primero,
las otras acciones encaminadas a obtener la reparación de
las consecuencias civiles del hecho punible que
interpusieren personas distintas de la víctima, o se
dirigieren contra personas diferentes del imputado, deberán
plantearse ante el tribunal civil que fuere competente de
acuerdo a las reglas generales.
Artículo 60.- Oportunidad para interponer la demanda
civil. La demanda civil en el procedimiento penal deberá
interponerse en la oportunidad prevista en el artículo 261,
por escrito y cumpliendo con los requisitos exigidos por el
artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. La demanda
civil del querellante deberá deducirse conjuntamente con su
escrito de adhesión o acusación.
La demanda civil deberá contener la indicación de los
medios de prueba, en los mismos términos expresados en el
artículo 259.
Artículo 61.- Preparación de la demanda civil. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con
posterioridad a la formalización de la investigación la
víctima podrá preparar la demanda civil solicitando la
práctica de diligencias que considerare necesarias para
esclarecer los hechos que serán objeto de su demanda,
aplicándose, en tal caso, lo establecido en los artículos
183 y 184.
Asimismo, se podrá cautelar la demanda civil,
solicitando alguna de las medidas previstas en el artículo
157.
La preparación de la demanda civil interrumpe la
prescripción. No obstante, si no se dedujere demanda en la
oportunidad prevista en el artículo precedente, la
prescripción se considerará como no interrumpida.
Artículo 62.- Actuación del demandado. El imputado
deberá oponer las excepciones que corresponda y contestar
la demanda civil en la oportunidad señalada en el artículo
263. Podrá, asimismo, señalar los vicios formales de que
adoleciere la demanda civil, requiriendo su corrección.
En su contestación, deberá indicar cuáles serán los
medios probatorios de que pensare valerse, del modo previsto
en el artículo 259.
Artículo 63.- Incidentes relacionados con la demanda y
su contestación. Todos los incidentes y excepciones
deducidos con ocasión de la interposición o contestación
de la demanda deberán resolverse durante la audiencia de
preparación del juicio oral, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 270.
Artículo 64.- Desistimiento y abandono. La víctima
podrá desistirse de su acción en cualquier estado del
procedimiento.
Se considerará abandonada la acción civil interpuesta
en el procedimiento penal, cuando la víctima no
compareciere, sin justificación, a la audiencia de
preparación del juicio oral o a la audiencia del juicio
oral.
Artículo 65.- Efectos de la extinción de la acción
civil. Extinguida la acción civil no se entenderá
extinguida la acción penal para la persecución del hecho
punible.
Artículo 66.- Efectos del ejercicio exclusivo de la
acción civil. Cuando sólo se ejerciere la acción civil
respecto de un hecho punible de acción privada se
considerará extinguida, por esa circunstancia, la acción
penal.
Para estos efectos no constituirá ejercicio de la
acción civil la solicitud de diligencias destinadas a
preparar la demanda civil o a asegurar su resultado, que se
formulare en el procedimiento penal.
Artículo 67.- Independencia de la acción civil
respecto de la acción penal. La circunstancia de dictarse
sentencia absolutoria en materia penal no impedirá que se
de lugar a la acción civil, si fuere legalmente procedente.
Artículo 68.- Curso de la acción civil ante
suspensión o terminación del procedimiento penal. Si antes
de comenzar el juicio oral, el procedimiento penal
continuare de conformidad a las normas que regulan el
procedimiento abreviado, o por cualquier causa terminare o
se suspendiere, sin decisión acerca de la acción civil que
se hubiere deducido oportunamente, la prescripción
continuará interrumpida siempre que la víctima presentare
su demanda ante el tribunal civil competente en el término
de sesenta días siguientes a aquél en que, por resolución
ejecutoriada, se dispusiere la suspensión o terminación
del procedimiento penal.
En este caso, la demanda y la resolución que recayere
en ella se notificarán por cédula y el juicio se sujetará
a las reglas del procedimiento sumario. Si la demanda no
fuere deducida ante el tribunal civil competente dentro del
referido plazo, la prescripción continuará corriendo como
si no se hubiere interrumpido.
Si en el procedimiento penal se hubieren decretado
medidas destinadas a cautelar la demanda civil, éstas se
mantendrán vigentes por el plazo indicado en el inciso
primero, tras el cual quedarán sin efecto si, solicitadas
oportunamente, el tribunal civil no las mantuviere.
Si, comenzado el juicio oral, se dictare sobreseimiento
de acuerdo a las prescripciones de este Código, el tribunal
deberá continuar con el juicio para el solo conocimiento y
fallo de la cuestión civil.
Artículo 69.- Denominaciones. Salvo que se disponga
expresamente lo contrario, cada vez que en este Código se
hiciere referencia al juez, se entenderá que se alude al
juez de garantía; si la referencia fuere al tribunal de
juicio oral en lo penal, deberá entenderse hecha al
tribunal colegiado encargado de conocer el juicio
mencionado.
Por su parte, la mención de los jueces se entenderá
hecha a los jueces de garantía, a los jueces del tribunal
de juicio oral en lo penal o a todos ellos, según resulte
del contexto de la disposición en que se utilice. De igual
manera se entenderá la alusión al tribunal, que puede
corresponder al juez de garantía, al tribunal de juicio
oral en lo penal, a la Corte de Apelaciones o a la Corte
Suprema
Artículo 70 .- Juez de garantía competente. El juez
de garantía llamado por la ley a conocer las gestiones a
que de lugar el respectivo procedimiento se pronunciará
sobre las autorizaciones judiciales previas que solicitare
el ministerio público para realizar actuaciones que
privaren, restringieren o perturbaren el ejercicio de
derechos asegurados por la Constitución. Si la
detención se practicare en un lugar que se encontrare fuera
del territorio jurisdiccional del juez que hubiere emitido
la orden, será también competente para conocer de la
audiencia judicial del detenido el juez de garantía del
lugar donde se hubiere practicado la detención, cuando la
orden respectiva hubiere emanado de un juez con competencia
en una ciudad asiento de Corte de Apelaciones diversa.
Cuando en la audiencia judicial se decretare la prisión
preventiva del imputado, el juez deberá ordenar su traslado
inmediato al establecimiento penitenciario del territorio
jurisdiccional del juez del procedimiento. Lo previsto en
este inciso no tendrá aplicación cuando la orden de
detención emanare de un juez de garantía de la Región
Metropolitana y ésta se practicare dentro del territorio de
la misma, caso en el cual la primera audiencia judicial
siempre deberá realizarse ante el juzgado naturalmente
competente. En los demás casos, cuando debieren
efectuarse actuaciones fuera del territorio jurisdiccional
del juzgado de garantía y se tratare de diligencias u
órdenes urgentes, el Ministerio Público también podrá
pedir la autorización directamente al juez de garantía del
lugar. Una vez realizada la diligencia o cumplida la orden,
el Ministerio Público dará cuenta a la brevedad al juez de
garantía del procedimiento.
Artículo 71.- Atribuciones de dirección de las
audiencias y disciplina dentro de ellas. Las reglas
contempladas en el Párrafo 3º del Título III del Libro
Segundo serán aplicables durante las audiencias que se
celebraren ante el juez de garantía, correspondiendo a este
último el ejercicio de las facultades que se le entregan al
presidente de la sala o al tribunal de juicio oral en lo
penal en dichas disposiciones.
Artículo 72.- Facultades durante conflictos de
competencia. Si se suscitare un conflicto de competencia
entre jueces de varios juzgados de garantía en relación
con el conocimiento de una misma causa criminal, mientras no
se dirimiere dicha competencia, cada uno de ellos estará
facultado para realizar las actuaciones urgentes y otorgar
las autorizaciones que, con el mismo carácter, les
solicitare el ministerio público.
De los jueces entre quienes se hubiere suscitado la
contienda, aquél en cuyo territorio jurisdiccional se
encontraren quienes estuvieren privados de libertad en la
causa resolverá sobre su libertad.
Artículo 73.- Efectos de la resolución que dirime la
competencia. Dirimida la competencia, serán puestas
inmediatamente a disposición del juez competente las
personas que se encontraren privadas de libertad, así como
los antecedentes que obraren en poder de los demás jueces
que hubieren intervenido.
Todas las actuaciones practicadas ante los jueces que
resultaren incompetentes serán válidas, sin necesidad de
ratificación por el juez que fuere declarado competente.
Artículo 74.- Preclusión de los conflictos de
competencia. Transcurridos tres días desde la notificación
de la resolución que fijare fecha para la realización de
la audiencia del juicio oral, la incompetencia territorial
del tribunal del juicio oral en lo penal no podrá ser
declarada de oficio ni promovida por las partes.
Si durante la audiencia de preparación del juicio oral
se planteare un conflicto de competencia, no se suspenderá
la tramitación, pero no se pronunciará la resolución a
que alude el artículo 277 mientras no se resolviere el
conflicto.
Artículo 75.- Inhabilitación del juez de garantía.
Planteada la inhabilitación del juez de garantía, quien
debiere subrogarlo conforme a la ley continuará conociendo
de todos los trámites anteriores a la audiencia de
preparación del juicio oral, la que no se realizará hasta
que se resolviere la inhabilitación.
Artículo 76.- Inhabilitación de los jueces del
tribunal del juicio oral. Las solicitudes de inhabilitación
de los jueces del tribunal de juicio oral deberán
plantearse, a más tardar, dentro de los tres días
siguientes a la notificación de la resolución que fijare
fecha para el juicio oral, y se resolverán con anterioridad
al inicio de la respectiva audiencia.
Cuando los hechos que constituyeren la causal de
implicancia o recusación llegaren a conocimiento de la
parte con posterioridad al vencimiento del plazo previsto en
el inciso anterior y antes del inicio del juicio oral, el
incidente respectivo deberá ser promovido al iniciarse la
audiencia del juicio oral.
Con posterioridad al inicio de la audiencia del juicio
oral, no podrán deducirse incidentes relativos a la
inhabilitación de los jueces que integraren el tribunal.
Con todo, si cualquiera de los jueces advirtiere un hecho
nuevo constitutivo de causal de inhabilidad, el tribunal
podrá declararla de oficio.
El tribunal continuará funcionando con exclusión del
o de los miembros inhabilitados, si éstos pudieren ser
reemplazados de inmediato en virtud de lo dispuesto en el
inciso quinto del artículo 281, o si continuare integrado
por, a lo menos, dos jueces que hubieren concurrido a toda
la audiencia. En este último caso, deberán alcanzar
unanimidad para pronunciar la sentencia definitiva. Si no se
cumpliere alguna de estas condiciones, se anulará todo lo
obrado en el juicio oral.
Artículo 76 bis.- Regla de competencia para causas de
la Fiscalía Supraterritorial. El Ministerio Público o la
defensa del imputado, tratándose de la investigación y
juzgamiento de delitos que sean de conocimiento de la
Fiscalía Supraterritorial especializada en crimen
organizado y delitos de alta complejidad, en casos de alarma
pública y siempre que se estime fundamental para el éxito
de la investigación y no se vulnere sustancialmente el
derecho a la defensa del imputado, podrán solicitar al
Pleno de la Corte Suprema, una vez formalizada la
investigación y hasta antes del término de la audiencia de
preparación del juicio oral, que el conocimiento de éstos
sea de competencia de los Juzgados de Garantía y del
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de
la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno
establecido en el artículo 167 del Código Orgánico de
Tribunales.
En la solicitud se deberán acompañar antecedentes que
acrediten de manera inequívoca la concurrencia de las
circunstancias establecidas en el inciso precedente. De esta
solicitud, que será suscrita por el Fiscal Jefe de la
Fiscalía Supraterritorial o el defensor respectivo, se
dará traslado a los intervinientes por el plazo de cinco
días.
Artículo 77.- Facultades. Los fiscales ejercerán y
sustentarán la acción penal pública en la forma prevista
por la ley. Con ese propósito practicarán todas las
diligencias que fueren conducentes al éxito de la
investigación y dirigirán la actuación de la policía,
con estricta sujeción al principio de objetividad
consagrado en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio
Público.
Artículo 78.- Información y protección a las
víctimas. Será deber de los fiscales durante todo el
procedimiento adoptar medidas, o solicitarlas, en su caso,
para proteger a las víctimas de los delitos; facilitar su
intervención en el mismo y evitar o disminuir al mínimo
cualquier perturbación que hubieren de soportar con
ocasión de los trámites en que debieren intervenir.
Los fiscales estarán obligados a realizar, entre
otras, las siguientes actividades a favor de la víctima:
a) Entregarle información acerca del curso y resultado
del procedimiento, de sus derechos y de las actividades que
debiere realizar para ejercerlos.
b) Ordenar por sí mismos o solicitar al tribunal, en
su caso, las medidas destinadas a la protección de la
víctima y su familia frente a probables hostigamientos,
amenazas o atentados.
c) Informarle sobre su eventual derecho a
indemnización y la forma de impetrarlo, y remitir los
antecedentes, cuando correspondiere, al organismo del Estado
que tuviere a su cargo la representación de la víctima en
el ejercicio de las respectivas acciones civiles.
d) Escuchar a la víctima antes de solicitar o resolver
la suspensión del procedimiento o su terminación por
cualquier causa.
Si la víctima hubiere designado abogado, el ministerio
público estará obligado a realizar también a su respecto
las actividades señaladas en las letras a) y d)
precedentes.
Artículo 78 bis.- Protección de la integridad física
y psicológica de las personas objeto del tráfico ilícito
de migrantes y víctimas de trata de personas. El Ministerio
Público adoptará las medidas necesarias, o las
solicitará, en su caso, tendientes a asegurar la
protección de las víctimas de estos delitos durante el
proceso penal, teniendo presente la especial condición de
vulnerabilidad que las afecta.
Cuando se trate de menores de dieciocho años, los
servicios públicos a cargo de la protección de la infancia
y la adolescencia deberán facilitar su acceso a las
prestaciones especializadas que requieran, especialmente,
aquellas tendientes a su recuperación integral y a la
revinculación familiar, si fuere procedente de acuerdo al
interés superior del menor de edad.
Inciso Derogado.
Artículo 78 ter.- Medidas especiales de protección de
fiscales. Excepcionalmente, cuando en el transcurso de una
investigación o en cualquier otra etapa del procedimiento,
surgiere algún antecedente grave de amenaza, agresión u
otra potencial afectación a la integridad personal de los
fiscales o de sus familias, o en todo caso tratándose de la
investigación de hechos que revistan carácter de delito
terrorista o de delitos cometidos por asociaciones
delictivas o criminales, el Fiscal Regional respectivo o el
Fiscal Jefe de la Fiscalía Supraterritorial, según
corresponda, podrá disponer, mediante una decisión
fundada, una o más de las siguientes medidas de
protección:
a) La participación del fiscal o del abogado asistente
de fiscal en las audiencias por vía remota mediante
videoconferencia.
b) Reserva de la identidad del fiscal o del abogado
asistente de fiscal en las audiencias que se desarrollen
ante los tribunales, ya sea que se realicen de forma
presencial o remota.
c) Reserva de la identidad del fiscal o del abogado
asistente de fiscal en los registros y documentos que se
deban poner a disposición de las partes o que deban ser
presentados o evacuados ante los tribunales.
En los casos en que se decrete la reserva de la
identidad, ésta deberá ser reemplazada por una
denominación genérica como "Fiscal del Ministerio
Público".
El Fiscal Regional o el Fiscal Jefe de la Fiscalía
Supraterritorial, según corresponda, deberá comunicar al
tribunal respectivo su decisión, a fin de que se disponga
lo necesario para dar cumplimiento a las medidas de
protección. En el caso de la comparecencia telemática,
deberá comunicar la decisión a lo menos con cuarenta y
ocho horas de anticipación a la audiencia, o de ocho horas,
si se tratare de la primera audiencia judicial del detenido.
La medida de protección decretada se mantendrá vigente
durante toda la sustanciación del proceso hasta el término
de la causa por cualquier motivo. En caso de ponerse
término en virtud de una sentencia condenatoria, la medida
de protección podrá extenderse hasta que la pena se
encuentre completamente cumplida.
El abogado defensor del imputado podrá siempre conocer
la identidad del fiscal, debiendo mantener reserva de la
misma.
La revelación de la información reservada será
sancionada de conformidad a los artículos 246, 246 bis o
247 del Código Penal, según correspondiere.
Artículo 79.- Función de la policía en el
procedimiento penal. La Policía de Investigaciones de Chile
será auxiliar del ministerio público en las tareas de
investigación y deberá llevar a cabo las diligencias
necesarias para cumplir los fines previstos en este Código,
en especial en los artículos 180, 181 y 187, de conformidad
a las instrucciones que le dirigieren los fiscales.
Tratándose de delitos que dependieren de instancia privada
se estará a lo dispuesto en los artículos 54 y 400 de este
Código. Asimismo, le corresponderá ejecutar las medidas de
coerción que se decretaren.
Carabineros de Chile, en el mismo carácter de auxiliar
del ministerio público, deberá desempeñar las funciones
previstas en el inciso precedente cuando el fiscal a cargo
del caso así lo dispusiere.
Sin perjuicio de lo previsto en los incisos anteriores,
tratándose de investigaciones en las que apareciere
necesario el carácter auxiliar de Gendarmería de Chile
para la realización de diligencias de investigación en el
interior de establecimientos penales, el Ministerio Público
también podrá impartirle instrucciones. En estos casos
Gendarmería de Chile deberá actuar de conformidad con lo
dispuesto en este Código.
Asimismo, la Autoridad Marítima tendrá el carácter
de auxiliar del Ministerio Público exclusivamente respecto
de las actividades señaladas en el artículo 34 del decreto
con fuerza de ley N° 292, de 1953, que aprueba la Ley
Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo
y de Marina Mercante, y de las demás que la ley determine.
Artículo 80.- Dirección del ministerio público. Los
funcionarios señalados en el artículo anterior que, en
cada caso, cumplieren funciones previstas en este Código,
ejecutarán sus tareas bajo la dirección y responsabilidad
de los fiscales y de acuerdo a las instrucciones que éstos
les impartieren para los efectos de la investigación, sin
perjuicio de su dependencia de las autoridades de la
institución a la que pertenecieren. También deberán
cumplir las órdenes que les dirigieren los jueces para la
tramitación del procedimiento. Los funcionarios antes
mencionados deberán cumplir de inmediato y sin más
trámite las órdenes que les impartieren los fiscales y los
jueces, cuya procedencia, conveniencia y oportunidad no
podrán calificar, sin perjuicio de requerir la exhibición
de la autorización judicial previa, cuando correspondiere,
salvo los casos urgentes a que se refiere el inciso final
del artículo 9º, en los cuales la autorización judicial
se exhibirá posteriormente.
Artículo 81.- Comunicaciones entre el ministerio
público y la policía. Las comunicaciones que los fiscales
y la policía debieren dirigirse en relación con las
actividades de investigación de un caso particular se
realizarán en la forma y por los medios más expeditos
posibles.
Artículo 82.- Imposibilidad de cumplimiento. El
funcionario de la policía que, por cualquier causa, se
encontrare impedido de cumplir una orden que hubiere
recibido del ministerio público o de la autoridad judicial,
pondrá inmediatamente esta circunstancia en conocimiento de
quien la hubiere emitido y de su superior jerárquico en la
institución a que perteneciere.
El fiscal o el juez que hubiere emitido la orden podrá
sugerir o disponer las modificaciones que estimare
convenientes para su debido cumplimiento, o reiterar la
orden, si en su concepto no existiere imposibilidad.
Artículo 83.- Actuaciones de la policía sin orden
previa. Corresponderá a los funcionarios de Carabineros de
Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile, de la
Autoridad Marítima en el ejercicio de funciones de Policía
Marítima y de Gendarmería de Chile, realizar las
siguientes actuaciones, sin necesidad de recibir previamente
instrucciones particulares de los fiscales:
a) Prestar auxilio a la víctima;
b) Practicar la detención en los casos de flagrancia,
conforme a la ley. Para estos efectos, podrán coordinarse
con entidades públicas o solicitar la colaboración de
entidades privadas, cuando ello fuere útil para asegurar el
éxito de la detención;
c) Resguardar el sitio del suceso. Deberán preservar
siempre todos los lugares donde se hubiere cometido un
delito o se encontraren señales o evidencias de su
perpetración, fueren éstos abiertos o cerrados, públicos
o privados. Para el cumplimiento de este deber, procederán
a su inmediata clausura o aislamiento, impedirán el acceso
a toda persona ajena a la investigación y evitarán que se
alteren, modifiquen o borren de cualquier forma los rastros
o vestigios del hecho, o que se remuevan o trasladen los
instrumentos usados para llevarlo a cabo.
El personal policial experto deberá recoger,
identificar y conservar bajo sello los objetos, documentos o
instrumentos de cualquier clase que parecieren haber servido
a la comisión del hecho investigado, sus efectos o los que
pudieren ser utilizados como medios de prueba, para ser
remitidos a quien correspondiere, dejando constancia, en el
registro que se levantare, de la individualización completa
del o los funcionarios policiales que llevaren a cabo esta
diligencia;
En aquellos casos en que en la localidad donde
ocurrieren los hechos no exista personal policial experto y
la evidencia pueda desaparecer, el personal policial que
hubiese llegado al sitio del suceso deberá recogerla y
guardarla en los términos indicados en el párrafo
precedente y hacer entrega de ella al Ministerio Público, a
la mayor brevedad posible.
En el caso de delitos flagrantes cometidos en zonas
rurales o de difícil acceso, la policía deberá practicar
de inmediato las primeras diligencias de investigación
pertinentes, dando cuenta al fiscal que corresponda de lo
hecho, a la mayor brevedad. Asimismo, el personal policial
realizará siempre las diligencias señaladas en la presente
letra cuando reciba denuncias conforme a lo señalado en la
letra g) de este artículo y dará cuenta al fiscal que
corresponda inmediatamente después de realizarlas. Lo
anterior tendrá lugar sólo respecto de los delitos que
determine el Ministerio Público a través de las
instrucciones generales a que se refiere el artículo 87. En
dichas instrucciones podrá limitarse esta facultad cuando
se tratare de denuncias relativas a hechos lejanos en el
tiempo.
d) Identificar a los testigos y consignar las
declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, en los
casos de delitos flagrantes, en que se esté resguardando el
sitio del suceso, o cuando se haya recibido una denuncia en
los términos de la letra b) de este artículo. Fuera de los
casos anteriores, los funcionarios policiales deberán
consignar siempre las declaraciones que voluntariamente
presten testigos sobre la comisión de un delito o de sus
partícipes o sobre cualquier otro antecedente que resulte
útil para el esclarecimiento de un delito y la
determinación de sus autores y partícipes, debiendo
comunicar o remitir a la brevedad dicha información al
Ministerio Público, todo lo anterior de acuerdo con las
instrucciones generales que dicte el Fiscal Nacional según
lo dispuesto en el artículo 87;
e) Requerir a los dueños o encargados de sistemas de
televigilancia, en los casos de flagrancia descritos en el
artículo 130, la entrega voluntaria de los registros
audiovisuales o de otro tipo, captados por aquéllos, cuando
fueren útiles para la detención, el esclarecimiento de los
hechos y la determinación de sus responsables;
f) Solicitar a los testigos, en los casos de flagrancia
descritos en el artículo 130, previa identificación de los
mismos y consignación de sus declaraciones, la entrega
voluntaria de los registros audiovisuales o de otro tipo,
que estuvieren en su poder y pudieren contribuir a la
detención, al esclarecimiento de los hechos y la
determinación de los responsables. Asimismo, podrán
solicitar de los testigos la entrega voluntaria de
información de georreferenciación u otra a la que éstos
tengan acceso, que permita localizar a los responsables o
los objetos vinculados al delito;
g) Recibir las denuncias del público, y
h) Efectuar las demás actuaciones que dispusieren
otros cuerpos legales.
Si se produce la entrega voluntaria prevista en los
literales e) y f), las policías adoptarán las medidas
necesarias para resguardar la integridad y debida custodia
de los registros. En el momento de su obtención entregarán
a quien haya facilitado el registro un acta detallada en la
que conste la especie entregada, el día y hora de la
entrega, la identificación de la persona que la entrega y
del funcionario que la solicitó. Si la persona se niega a
entregar lo solicitado, las policías deberán dar aviso de
inmediato al fiscal.
Las actuaciones señaladas en el inciso primero podrán
ser realizadas por personal de Gendarmería de Chile
únicamente dentro del ámbito de sus competencias, conforme
a su ley orgánica respectiva.
Artículo 84.- Información al ministerio público.
Recibida una denuncia, la policía informará inmediatamente
y por el medio más expedito al ministerio público. Sin
perjuicio de ello
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