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cl:bcn:172986 — FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL CODIGO CIVIL; DE LA LEY Nº4.808, SOBRE REGISTRO CIVIL, DE LA LEY Nº17.344, QUE AUTORIZA CAMBIO DE NOMBRES Y APELLIDOS, DE LA LEY Nº 16.618, LEY DE MENORES, DE LA LEY Nº 14.908, SOBRE ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, Y DE LA LEY Nº16.271, DE IMPUESTO A LAS HERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONACIONES
Beta. Legal information, not legal advice. LEGALDIGM is not a law firm. Check the official source for the current text.
Analyze this law with AIArtículo 1º.- Déjase sin efecto el D.F.L. Nº 1, de
28 de octubre de 1999, del Ministerio de Justicia, tomado
razón por la Contraloría General de la República, sin
publicar.
Artículo 2º.- Fíjase el siguiente texto refundido,
coordinado y sistematizado del Código Civil.
§ 1. De la ley
Artículo 1º. La ley es una declaración de la
voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por
la Constitución, manda, prohíbe o permite.
Art. 2º. La costumbre no constituye derecho sino en
los casos en que la ley se remite a ella.
Art. 3º. Sólo toca al legislador explicar o
interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio.
Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria
sino respecto de las causas en que actualmente se
pronunciaren.
Art. 4º. Las disposiciones contenidas en los Códigos
de Comercio, de Minería, del Ejército y Armada, y demás
especiales, se aplicarán con preferencia a las de este
Código.
Art. 5º. La Corte Suprema de Justicia y las Cortes de
Alzada, en el mes de marzo de cada año, darán cuenta al
Presidente de la República de las dudas y dificultades que
les hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación de las
leyes, y de los vacíos que noten en ellas.
§ 2. Promulgación de la ley
Art. 6º. La ley no obliga sino una vez promulgada en
conformidad a la Constitución Política del Estado y
publicada de acuerdo con los preceptos que siguen. L. 9.400
Eldecreto supremo promulgatorio de una ley iniciada en
una moción deberá contener, a continuación del nombre de
aquella, el de los diputados o senadores autores de la
referida iniciativa.
Art. 7º. La publicación de la ley se hará mediante
su inserción en el Diario Oficial, y desde la fecha de
éste se entenderá conocida de todos y será obligatoria.
L. 9.400
Para todos los efectos legales, la fecha de la ley será Art. 1º
la de su publicación en el Diario Oficial.
Sin embargo, en cualquiera ley podrán establecerse
reglas diferentes sobre su publicación y sobre la fecha o
fechas en que haya de entrar en vigencia.
Art. 8º. Nadie podrá alegar ignorancia de la ley
después que ésta haya entrado en vigencia. L. 9.400
§ 3. Efectos de la ley
Art. 9º. La ley puede sólo disponer para lo futuro, y
no tendrá jamás efecto retroactivo.
Sin embargo, las leyes que se limiten a declarar el
sentido de otras leyes, se entenderán incorporadas en
éstas; pero no afectarán en manera alguna los efectos de
las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo
intermedio.
Art. 10. Los actos que prohíbe la ley son nulos y de
ningún valor; salvo en cuanto designe expresamente otro
efecto que el de nulidad para el caso de contravención.
Art. 11. Cuando la ley declara nulo algún acto, con el
fin expreso o tácito de precaver un fraude, o de proveer a
algún objeto de conveniencia pública o privada, no se
dejará de aplicar la ley, aunque se pruebe que el acto que
ella anula no ha sido fraudulento o contrario al fin de la
ley.
Art. 12. Podrán renunciarse los derechos conferidos
por las leyes, con tal que sólo miren al interés
individual del renunciante, y que no esté prohibida su
renuncia.
Art. 13. Las disposiciones de una ley, relativas a
cosas o negocios particulares, prevalecerán sobre las
disposiciones generales de la misma ley, cuando entre las
unas y las otras hubiere oposición.
Art. 14. La ley es obligatoria para todos los
habitantes de la República, inclusos los extranjeros.
Art. 15. A las leyes patrias que reglan las
obligaciones y derechos civiles, permanecerán sujetos los
chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país
extranjero.
1º. En lo relativo al estado de las personas y a su
capacidad para ejecutar ciertos actos, que hayan de tener
efecto en Chile;
2º. En las obligaciones y derechos que nacen de las
relaciones de familia; pero sólo respecto de sus cónyuges
y parientes chilenos.
Art. 16. Los bienes situados en Chile están sujetos a
las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no
residan en Chile.
Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las
estipulaciones contenidas en los contratos otorgados
válidamente en país extraño.
Pero los efectos de los contratos otorgados en país
extraño para cumplirse en Chile, se arreglarán a las leyes
chilenas.
Art. 17. La forma de los instrumentos públicos se
determina por la ley del país en que hayan sido otorgados.
Su autenticidad se probará según las reglas establecidas
en el Código de Enjuiciamiento.
La forma se refiere a las solemnidades externas, y la
autenticidad al hecho de haber sido realmente otorgados y
autorizados por las personas y de la manera que en los tales
instrumentos se exprese.
Art. 18. En los casos en que las leyes chilenas
exigieren instrumentos públicos para pruebas que han de
rendirse y producir efecto en Chile, no valdrán las
escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas
en el país en que hubieren sido otorgadas.
§ 4. Interpretación de la ley
Art. 19. Cuando el sentido de la ley es claro, no se
desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su
espíritu.
Pero bien se puede, para interpretar una expresión
obscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu,
claramente manifestados en ella misma, o en la historia
fidedigna de su establecimiento.
Art. 20. Las palabras de la ley se entenderán en su
sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas
palabras; pero cuando el legislador las haya definido
expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas
su significado legal.
Art. 21. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte
se tomarán en el sentido que les den los que profesan la
misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se
han tomado en sentido diverso.
Art. 22. El contexto de la ley servirá para ilustrar
el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya
entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.
Los pasajes obscuros de una ley pueden ser ilustrados
por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el
mismo asunto.
Art. 23. Lo favorable u odioso de una disposición no
se tomará en cuenta para ampliar o restringir su
interpretación. La extensión que deba darse a toda ley, se
determinará por su genuino sentido y según las reglas de
interpretación precedentes.
Art. 24. En los casos a que no pudieren aplicarse las
reglas de interpretación precedentes, se interpretarán los
pasajes obscuros o contradictorios del modo que más
conforme parezca al espíritu general de la legislación y a
la equidad natural.
§ 5. Definición de varias palabras de uso frecuente
en las leyes
Art. 25. Las palabras hombre, persona, niño, adulto y
otras semejantes que en su sentido general se aplican a
individuos de la especie humana, sin distinción de sexo, se
entenderán comprender ambos sexos en las disposiciones de
las leyes, a menos que por la naturaleza de la disposición
o el contexto se limiten manifiestamente a uno solo.
Por el contrario, las palabras mujer, niña, viuda y
otras semejantes, que designan el sexo femenino, no se
aplicarán al otro sexo, a menos que expresamente las
extienda la ley a él.
Art. 26. Llámase infante o niño todo el que no ha
cumplido siete años; impúber, el varón que no ha cumplido L. 19.221
catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el Art. 2º
que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente
mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y menor de edad,
o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos.
Art. 27. Los grados de consanguinidad entre dos
personas se cuentan por el número de generaciones. Así el
nieto está en segundo grado de consanguinidad con el
abuelo, y dos primos hermanos en cuarto grado de
consanguinidad entre sí.
Cuando una de las dos personas es ascendiente de la
otra, la consanguinidad es en línea recta; y cuando las dos
personas proceden de un ascendiente común, y una de ellas
no es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en línea
colateral o transversal.
Art. 28. Parentesco por consanguinidad es aquel que L. 19.585
existe entre dos personas que descienden una de la otra o de Art. 1º, Nº 1
un mismo progenitor, en cualquiera de sus grados.
Art. 29. Derogado. L. 19.585
Art. 1º, Nº 2
Art. 30. Derogado. L. 19.585
Art. 1º, Nº 3
Art. 31. Parentesco por afinidad es el que existe L. 19.585
entre una persona que está o ha estado casada y los Art. 1º, Nº 4
consanguíneos de su cónyuge.
La línea y el grado de afinidad de una persona con un
consanguíneo de su cónyuge, se califican por la línea y
grado de consanguinidad de dicho cónyuge con el referido
consanguíneo. Así, uno de los cónyuges está en primer
grado de afinidad, en la línea recta, con los hijos habidos
por su cónyuge en anterior matrimonio, y en segundo grado
de afinidad, en la línea transversal, con los hermanos de
su cónyuge.
Las leyes u otras disposiciones que hagan referencia a
las expresiones marido y mujer, marido o mujer, se
entenderán aplicables a todos los cónyuges, sin
distinción de sexo, orientación sexual o identidad de
género.
Art. 32. Derogado. L. 19.585
Art. 1º, Nº 5
Art. 33. Tienen el estado civil de hijos respecto de L. 19.585
una persona aquellos cuya filiación se encuentra Art. 1º, Nº 6
determinada, de conformidad a las reglas previstas por el
Título VII del Libro I de este Código. La ley considera
iguales a todos los hijos.
Art. 34. Los padres y las madres de una persona son sus
progenitores, respecto de los cuales se ha determinado una
relación de filiación. Se entenderán como tales a su
madre y/o padre, sus dos madres, o sus dos padres.
Las leyes u otras disposiciones que hagan referencia a
las expresiones padre y madre, o bien, padre o madre, u
otras semejantes, se entenderán aplicables a todos los
progenitores, sin distinción de sexo, identidad de género
u orientación sexual, salvo que por el contexto o por
disposición expresa se deba entender lo contrario.
Art. 35. Derogado. L. 19.585
Art. 1º, Nº 7
Art. 36. Derogado. L. 19.585
Art. 1º, Nº 7
Art. 37. La filiación de los hijos puede no
encontrarse determinada respecto de uno de sus progenitores,
o de ambos.
Art. 38. Derogado. L. 5.750
Art. 16
Art. 39. Derogado. L. 5.750
Art. 16
Art. 40. Derogado. L. 19.585
Art. 1º, Nº 9
Art. 41. Los hermanos pueden serlo de simple o doble
conjunción. Los que sean por parte de ambos progenitores se
llaman entonces hermanos de doble conjunción, y los que lo
sean sólo por parte de uno de ellos, se llaman entonces
hermanos de simple conjunción.
Art. 42. En los casos en que la ley dispone que se oiga
a los parientes de una persona, se entenderán comprendidos
en esa denominación el cónyuge de ésta y sus consanguíneos L. 19.585
de uno y otro sexo, mayores de edad. A falta de Art. 1º, Nº 11
consanguíneos en suficiente número serán oídos los
afines.
Serán preferidos los descendientes y ascendientes a
los colaterales, y entre éstos los de más cercano
parentesco.
Los parientes serán citados, y comparecerán a ser
oídos, verbalmente, en la forma prescrita por el Código de
Enjuiciamiento.
Art. 43. Son representantes legales de una persona uno
o ambos progenitores, el adoptante y su tutor o curador.
Art. 44. La ley distingue tres especies de culpa o
descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que
consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado
que aun las personas negligentes y de poca prudencia suelen
emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias
civiles equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta
de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean
ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido,
sin otra calificación, significa culpa o descuido leve.
Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado
ordinario o mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre
de familia es responsable de esta especie de culpa.
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella
esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la
administración de sus negocios importantes. Esta especie de
culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir
injuria a la persona o propiedad de otro.
Art. 45. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el
imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio,
un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de
autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.
Art. 46. Caución significa generalmente cualquiera
obligación que se contrae para la seguridad de otra
obligación propia o ajena. Son especies de caución la
fianza, la hipoteca y la prenda.
Art. 47. Se dice presumirse el hecho que se deduce de
ciertos antecedentes o circunstancias conocidas.
Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a
la presunción son determinados por la ley, la presunción
se llama legal.
Se permitirá probar la no existencia del hecho que
legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes
o circunstancias de que lo infiere la ley; a menos que la
ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los
antecedentes o circunstancias.
Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume
de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba
contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias.
Art. 48. Todos los plazos de días, meses o años de
que se haga mención en las leyes o en los decretos del
Presidente de la República, de los tribunales o juzgados,
se entenderá que han de ser completos; y correrán además
hasta la medianoche del último día del plazo.
El primero y último día de un plazo de meses o años
deberán tener un mismo número en los respectivos meses. El
plazo de un mes podrá ser, por consiguiente, de 28, 29, 30
ó 31 días, y el plazo de un año de 365 ó 366 días,
según los casos.
Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o
años constare de más días que el mes en que ha de
terminar el plazo, y si el plazo corriere desde alguno de
los días en que el primero de dichos meses excede al
segundo, el último día del plazo será el último día de
este segundo mes.
Se aplicarán estas reglas a las prescripciones, a las
calificaciones de edad, y en general a cualesquiera plazos o
términos prescritos en las leyes o en los actos de las
autoridades chilenas; salvo que en las mismas leyes o actos
se disponga expresamente otra cosa.
Art. 49. Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en
o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se
ejecuta antes de la medianoche en que termina el último
día del plazo; y cuando se exige que haya transcurrido un
espacio de tiempo para que nazcan o expiren ciertos
derechos, se entenderá que estos derechos no nacen o
expiran sino después de la medianoche en que termine el
último día de dicho espacio de tiempo.
Art. 50. En los plazos que se señalaren en las leyes,
o en los decretos del Presidente de la República, o de los
tribunales o juzgados, se comprenderán aun los días
feriados; a menos que el plazo señalado sea de días
útiles, expresándose así, pues en tal caso no se
contarán los feriados.
Art. 51. Las medidas de extensión, peso, duración y
cualesquiera otras de que se haga mención en las leyes, o
en los decretos del Presidente de la República, o de los
tribunales o juzgados, se entenderán siempre según las
definiciones legales; y a falta de éstas, en el sentido
general y popular, a menos de expresarse otra cosa.
§ 6. Derogación de las leyes
Art. 52. La derogación de las leyes podrá ser expresa
o tácita.
Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que
deroga la antigua.
Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones
que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.
La derogación de una ley puede ser total o parcial.
Art. 53. La derogación tácita deja vigente en las
leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo
aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley.
§ 1. División de las personas
Art. 54. Las personas son naturales o jurídicas.
De la personalidad jurídica y de las reglas especiales
relativas a ella se trata en el título final de este Libro.
Art. 55. Son personas todos los individuos de la
especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o
condición. Divídense en chilenos y extranjeros.
Art. 56. Son chilenos los que la Constitución del
Estado declara tales. Los demás son extranjeros.
Art. 57. La ley no reconoce diferencias entre el
chileno y el extranjero en cuanto a la adquisición y goce
de los derechos civiles que regla este Código.
Art. 58. Las personas se dividen, además, en
domiciliadas y transeúntes.
Artículo 58 bis.- Nombre es el conjunto de palabras
que sirve legalmente para identificar a una persona. Está
formado por el o los nombres propios, y por el o los
apellidos con que se encuentre individualizada en su
respectiva inscripción de nacimiento.
Artículo 58 ter.- El primer apellido del o los
progenitores se transmitirá a sus hijos, conforme el orden
que, según los casos, se determine en aplicación de las
reglas siguientes:
1. En la inscripción de nacimiento del primero de los
hijos comunes, los progenitores determinarán, de común
acuerdo, el orden de transmisión de sus respectivos
primeros apellidos, que valdrá para todos sus hijos
comunes. En caso de no manifestarse acuerdo al momento de
inscribir al primero de los hijos comunes, se entenderá su
voluntad de que el orden de los apellidos sea determinado
mediante sorteo ante el Oficial del Registro Civil.
2. En toda inscripción de nacimiento en que al tiempo
de la inscripción quede determinada la filiación del
nacido respecto de ambos progenitores, el oficial del
Registro Civil procederá según el orden de los apellidos
fijado en la inscripción de nacimiento del primero de los
hijos comunes de dichas personas; y si no tuvieren más
hijos comunes, según el orden que se determine al
practicarse la inscripción, de conformidad a lo dispuesto
en la regla precedente.
3. En la inscripción de nacimiento de un hijo cuya
filiación al tiempo de la inscripción quede determinada
sólo respecto de uno de los progenitores, se inscribirá al
nacido con el respectivo primer apellido de dicho
progenitor. En este caso, cuando con posterioridad obrare
determinación de la filiación no determinada al tiempo de
la inscripción de nacimiento, si hubiere otro u otros hijos
comunes de dichos progenitores, se estará al orden de los
apellidos fijado en la inscripción de nacimiento del
primero de sus hijos comunes. Si, por el contrario, no
hubiere más hijos comunes de dichos progenitores, el primer
apellido del progenitor que quedó determinado al momento de
la inscripción de nacimiento antecederá al otro apellido,
a menos que, no habiendo el hijo alcanzado la mayoría de
edad, los progenitores manifiesten, de común acuerdo, su
voluntad de que se proceda con el orden inverso.
Con todo, para aplicar las reglas señaladas en el
inciso anterior, previamente el oficial del Registro Civil
deberá verificar si existieren en los registros hijos
inscritos a nombre de cada uno de los progenitores.
Fijado en la inscripción de nacimiento el orden de los
apellidos del primero de los hijos comunes, los demás hijos
que dos progenitores tengan en común deberán inscribirse
siempre con el mismo orden de apellidos, conforme a las
disposiciones del presente artículo.
Las inscripciones de nacimiento y las manifestaciones
del acuerdo de los progenitores, respecto del orden de los
apellidos, se practicarán de conformidad con lo dispuesto
en el presente artículo, y en la forma que determine el
reglamento.
§ 3. Del domicilio en cuanto depende de la residencia
y del ánimo de permanecer en ella
Art. 59. El domicilio consiste en la residencia,
acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de
permanecer en ella.
Divídese en político y civil.
Art. 60. El domicilio político es relativo al
territorio del Estado en general. El que lo tiene o adquiere
es o se hace miembro de la sociedad chilena, aunque conserve
la calidad de extranjero.
La constitución y efectos del domicilio político
pertenecen al Derecho Internacional.
Art. 61. El domicilio civil es relativo a una parte
determinada del territorio del Estado.
Art. 62. El lugar donde un individuo está de asiento,
o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio,
determina su domicilio civil o vecindad.
Art. 63. No se presume el ánimo de permanecer, ni se
adquiere, consiguientemente, domicilio civil en un lugar,
por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo
casa propia o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar
doméstico o por otras circunstancias aparece que la
residencia es accidental, como la del viajero, o la del que
ejerce una comisión temporal, o la del que se ocupa en
algún tráfico ambulante.
Art. 64. Al contrario, se presume desde luego el ánimo
de permanecer y avecindarse en un lugar, por el hecho de
abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada,
escuela u otro establecimiento durable, para administrarlo
en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un cargo
concejil, o un empleo fijo de los que regularmente se
confieren por largo tiempo; y por otras circunstancias
análogas.
Art. 65. El domicilio civil no se muda por el hecho de
residir el individuo largo tiempo en otra parte, voluntaria
o forzadamente, conservando su familia y el asiento
principal de sus negocios en el domicilio anterior.
Así, confinado por decreto judicial a un paraje
determinado, o desterrado de la misma manera fuera de la
República, retendrá el domicilio anterior, mientras
conserve en él su familia y el principal asiento de sus
negocios.
Art. 66. Los obispos, curas y otros eclesiásticos
obligados a una residencia determinada, tienen su domicilio
en ella.
Art. 67. Cuando concurran en varias secciones
territoriales, con respecto a un mismo individuo,
circunstancias constitutivas de domicilio civil, se
entenderá que en todas ellas lo tiene; pero si se trata de
cosas que dicen relación especial a una de dichas secciones
exclusivamente, ella sola será para tales casos el
domicilio civil del individuo.
Art. 68. La mera residencia hará las veces de
domicilio civil respecto de las personas que no tuvieren
domicilio civil en otra parte.
Art. 69. Se podrá en un contrato establecer de común
acuerdo un domicilio civil especial para los actos
judiciales o extrajudiciales a que diere lugar el mismo
contrato.
Art. 70. El domicilio parroquial, municipal, provincial
o relativo a cualquier otra sección del territorio, se
determina principalmente por las leyes y ordenanzas que
constituyen derechos y obligaciones especiales para objetos
particulares de gobierno, policía y administración en las
respectivas parroquias, comunidades, provincias, etc., y se
adquiere o pierde conforme a dichas leyes u ordenanzas. A
falta de disposiciones especiales en dichas leyes u
ordenanzas, se adquiere o pierde según las reglas de este
título.
§ 4. Del domicilio en cuanto depende de la condición
o estado civil de la persona
Art. 71. Derogado. L. 18.802
Art. 4º
Art. 72. El que vive bajo patria potestad sigue el L. 5.521
domicilio de quien la ejerza, y el que se halla bajo tutela Art. 1º
o curaduría, el de su tutor o curador.
Art. 73. El domicilio de una persona será también el
de sus criados y dependientes que residan en la misma casa
que ella; sin perjuicio de lo dispuesto en los dos
artículos precedentes.
DE LAS PERSONAS
Art. 74. La existencia legal de toda persona principia
al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre.
La criatura que muere en el vientre materno, o que
perece antes de estar completamente separada de su madre, o
que no haya sobrevivido a la separación un momento
siquiera, se reputará no haber existido jamás.
Art. 75. La ley protege la vida del que está por
nacer. El juez, en consecuencia, tomará, a petición de
cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que
le parezcan convenientes para proteger la existencia del no
nacido, siempre que crea que de algún modo peligra.
Todo castigo de la madre, por el cual pudiera peligrar
la vida o la salud de la criatura que tiene en su seno,
deberá diferirse hasta después del nacimiento.
Art. 76. De la época del nacimiento se colige la de la
concepción, según la regla siguiente:
Se presume de derecho que la concepción ha precedido
al nacimiento no menos que ciento ochenta días cabales, y
no más que trescientos, contados hacia atrás, desde la
medianoche en que principie el día del nacimiento.
Art. 77. Los derechos que se deferirían a la criatura
que está en el vientre materno, si hubiese nacido y
viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se
efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de
existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos
derechos, como si hubiese existido al tiempo en que se
defirieron. En el caso del artículo 74, inciso 2º,
pasarán estos derechos a otras personas, como si la
criatura no hubiese jamás existido.
§ 2. Del fin de la existencia de las personas
Art. 78. La persona termina en la muerte natural.
Art. 79. Si por haber perecido dos o más personas en
un mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio,
ruina o batalla, o por otra causa cualquiera, no pudiere
saberse el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se
procederá en todos casos como si dichas personas hubiesen
perecido en un mismo momento, y ninguna de ellas hubiese
sobrevivido a las otras.
§ 3. De la presunción de muerte por desaparecimiento
Art. 80. Se presume muerto el individuo que ha
desaparecido, ignorándose si vive, y verificándose las
condiciones que van a expresarse.
Art. 81. 1º. La presunción de muerte debe declararse L. 6.162
por el juez del último domicilio que el desaparecido haya
tenido en Chile, justificándose previamente que se ignora
el paradero del desaparecido, que se han hecho las posibles
diligencias para averiguarlo, y que desde la fecha de las
últimas noticias que se tuvieron de su existencia, han
transcurrido a lo menos cinco años.
2º. Entre estas pruebas será de rigor la citación L. 6.162
deldesaparecido; que deberá haberse repetido hasta por tres
veces en el periódico oficial, corriendo más de dos meses
entre cada dos citaciones.
3º. La declaración podrá ser provocada por L. 6.162
cualquierapersona que tenga interés en ella, con tal que
hayan transcurrido tres meses al menos desde la última
citación.
4º. Será oído, para proceder a la declaración, y en
todos los trámites judiciales posteriores, el defensor de
ausentes; y el juez, a petición del defensor, o de
cualquiera persona que tenga interés en ello, o de oficio,
podrá exigir, además de las pruebas que se le presentaren
del desaparecimiento, si no las estimare satisfactorias, las
otras que según las circunstancias convengan.
5º. Todas las sentencias, tanto definitivas como
interlocutorias, se insertarán en el periódico oficial.
6º. El juez fijará como día presuntivo de la muerte L. 6.162
elúltimo del primer bienio contado desde la fecha de las
últimas noticias; y transcurridos cinco años desde la
misma fecha, concederá la posesión provisoria de los
bienes del desaparecido.
7º. Con todo, si después que una persona recibió L. 6.162
unaherida grave en la guerra, o le sobrevino otro peligro
semejante, no se ha sabido más de ella, y han transcurrido
desde entonces cinco años y practicándose la
justificación y citaciones prevenidas en los números
precedentes, fijará el juez como día presuntivo de la
muerte el de la acción de guerra o peligro, o, no siendo
enteramente determinado ese día, adoptará un término
medio entre el principio y el fin de la época en que pudo
ocurrir el suceso, y concederá inmediatamente la posesión
definitiva de los bienes del desaparecido.
8º. Se reputará perdida toda nave o aeronave que L. 6.162
noapareciere a los tres meses de la fecha de las últimas
noticias que de ella se tuvieron. Expirado este plazo,
cualquiera que tenga interés en ello podrá provocar la
declaración de presunción de muerte de los que se
encontraban en la nave o aeronave. El juez fijará el día
presuntivo de la muerte en conformidad al número que
precede, y concederá inmediatamente la posesión definitiva
de los bienes de los desaparecidos.
Si se encontrare la nave o aeronave n áufraga L. 17.775
operdida, o sus restos, se aplicarán las mismas normas del
inciso anterior, siempre que no pudieren ubicarse los
cuerpos de todos o algunos de sus ocupantes, o identificarse
los restos de los que fueren hallados.
Si durante la navegación o aeronavegaci ón cayere L. 17.775
almar o a tierra un tripulante o viajero y desapareciere sin
encontrarse sus restos, el juez procederá en la forma
señalada en los incisos anteriores; pero deberá haber
constancia en autos de que en el sumario instruido por las
autoridades marítimas o aéreas ha quedado fehacientemente
demostrada la desaparición de esas personas y la
imposibilidad de que estén vivas.
En este caso no regirá lo dispuesto en el número 2º, L. 17.775
niel plazo establecido en el número 3º; pero será de
rigor oír a la Dirección General de la Armada o a la
Dirección General de Aeronáutica, según se trate de nave
o de aeronave.
9º. Después de seis meses de ocurrido un sismo o
catástrofe que provoque o haya podido provocar l a muerte de L. 16.282
numerosas personas en determinadas poblaciones o regiones, Art. 18
cualquiera que tenga interés en ello podrá pedir la
declaración de muerte presunta de los desaparecidos que
habitaban en esas poblaciones o regiones.
En este caso, la ci tación de los desaparecidos se hará L. 18.776
mediante un aviso publicado por una vez en el Diario Oficial Art. séptimo,
correspondiente a los días primero o quince, o al día Nº 1
siguiente hábil, si no se ha publicado en las fechas
indicadas, y por dos veces en un diario de la comuna o de la
capital de la provincia o de la capital de la región, si en
aquélla no lo hubiere, corriendo no menos de quince días
entre estas dos publicaciones. El juez podrá ordenar que
por un mismo aviso se cite a dos o más desaparecidos.
El juez fijará, como día presuntivo de la muerte el
del sismo, catástrofe o fenómeno natural y concederá
inmediatamente la posesión definitiva de los bienes de los
desaparecidos, pero será de rigor oír al Defensor de
Ausentes.
Art. 82. El juez concederá la posesión definitiva, en L. 17.775
lugar de la provisoria, si, cumplidos los dichos cinco Art. único
años, se probare que han transcurrido setenta desde el
nacimiento del desaparecido. Podrá asimismo concederla,
transcurridos que sean diez años desde la fecha de las
últimas noticias; cualquiera que fuese, a la expiración de
dichos diez años, la edad del desaparecido si viviese.
Art. 83. Durante los cinco años o seis meses L. 6.162
prescritos en los números 6º, 7º y 8º del artículo 81, Art. 1º
se mirará el desaparecimiento como mera ausencia, y
cuidarán de los intereses del desaparecido sus apoderados o
representantes legales.
Art. 84. En virtud del decreto de posesión provisoria, L. 19.335
quedará disuelta la sociedad conyugal o terminará la Art. 28, Nº 1
participación en los gananciales, según cual hubiera
habido con el desaparecido; se procederá a la apertura y
publicación del testamento, si el desaparecido hubiere
dejado alguno, y se dará posesión provisoria a los
herederos presuntivos.
No presentándose herederos, se procederá en
conformidad a lo prevenido para igual caso en el Libro III,
título De la apertura de la sucesión.
Art. 85. Se entienden por herederos presuntivos del
desaparecido los testamentarios o legítimos que lo eran a
la fecha de la muerte presunta.
El patrimonio en que se presume que suceden,
comprenderá los bienes, derechos y acciones del
desaparecido, cuales eran a la fecha de la muerte presunta.
Art. 86. Los poseedores provisorios formarán ante todo
un inventario solemne de los bienes, o revisarán y
rectificarán con la misma solemnidad el inventario que
exista.
Art. 87. Los poseedores provisorios representarán a la
sucesión en las acciones y defensas contra terceros.
Art. 88. Los poseedores provisorios podrán desde luego
vender una parte de los muebles o todos ellos, si el juez lo
creyere conveniente, oído el defensor de ausentes.
Los bienes raíces del desaparecido no podrán
enajenarse ni hipotecarse antes de la posesión definitiva,
sino por causa necesaria o de utilidad evidente, declarada
por el juez con conocimiento de causa, y con audiencia del
defensor.
La venta de cualquiera parte de los bienes del
desaparecido se hará en pública subasta.
Art. 89. Cada uno de los poseedores provisorios
prestará caución de conservación y restitución, y hará
suyos los respectivos frutos e intereses.
Art. 90. Si durante la posesión provisoria no
reapareciere el desaparecido, o no se tuvieren noticias que
motivaren la distribución de sus bienes según las reglas
generales, se decretará la posesión definitiva y se
cancelarán las cauciones.
En virtud de la posesión definitiva cesan las
restricciones impuestas por el artículo 88.
Si no hubiere precedido posesión provisoria, por el
decreto de posesión definitiva se abrirá la sucesión del
desaparecido según las reglas generales.
Art. 91. Decretada la posesión definitiva, los
propietarios y los fideicomisarios de bienes usufructuados o
poseídos fiduciariamente por el desaparecido, los
legatarios, y en general todos aquellos que tengan derechos
subordinados a la condición de muerte del desaparecido,
podrán hacerlos valer como en el caso de verdadera muerte.
Art. 92. El que reclama un derecho para cuya existencia
se suponga que el desaparecido ha muerto en la fecha de la
muerte presunta, no estará obligado a probar que el
desaparecido ha muerto verdaderamente en esa fecha; y
mientras no se presente prueba en contrario, podrá usar de
su derecho en los términos de los artículos precedentes.
Y por el contrario, todo el que reclama un derecho para
cuya existencia se requiera que el desaparecido haya muerto
antes o después de esa fecha, estará obligado a probarlo;
y sin esa prueba no podrá impedir que el derecho reclamado
pase a otros, ni exigirles responsabilidad alguna.
Art. 93. El decreto de posesión definitiva podrá
rescindirse a favor del desaparecido si reapareciere, o de
sus legitimarios habidos durante el desaparecimiento, o de
su cónyuge por matrimonio contraído en la misma época.
Art. 94. En la rescisión del decreto de posesión
definitiva se observarán las reglas que siguen:
1ª. El desaparecido podrá pedir la rescisión en
cualquier tiempo que se presente, o que haga constar su
existencia.
2ª. Las demás personas no podrán pedirla sino dentro
de los respectivos plazos de prescripción contados desde la
fecha de la verdadera muerte.
3ª. Este beneficio aprovechará solamente a las
personas que por sentencia judicial lo obtuvieren.
4ª. En virtud de este beneficio se recobrarán los
bienes en el estado en que se hallaren, subsistiendo las
enajenaciones, las hipotecas y demás derechos reales
constituidos legalmente en ellos.
5ª. Para toda restitución serán considerados los
demandados como poseedores de buena fe, a menos de prueba
contraria.
6ª. El haber sabido y ocultado la verdadera muerte del
desaparecido, o su existencia, constituye mala fe.
§ 4. De la comprobación judicial de la muerte
Artículo 95.- Toda vez que la desaparición de una
persona se hubiere producido en circunstancias tales que la
muerte pueda ser tenida como cierta, aun cuando su cadáver
no fuere hallado, el juez del último domicilio que el
difunto haya tenido en Chile, a solicitud de cualquiera que
tenga interés en ello, podrá tener por comprobada su
muerte para efectos civiles y disponer la inscripción de la
resolución correspondiente en el Servicio de Registro Civil
e Identificación. Igual regla se aplicará en los casos en
que no fuere posible la identificación del cadáver.
Artículo 96.- Un extracto de la resolución que tenga
por comprobada la muerte del desaparecido deberá publicarse
en el Diario Oficial dentro del plazo de sesenta días,
contado desde que ésta estuviere firme y ejecutoriada.
Dicho extracto deberá contener, al menos, los antecedentes
indispensables para su identificación y la fecha de muerte
que el juez haya fijado.
Artículo 97.- La resolución a que se refiere el
artículo 95 podrá dejarse sin efecto conforme a lo
dispuesto en el párrafo precedente.
Art. 98. Los esponsales o desposorio, o sea la promesa
de matrimonio mutuamente aceptada, es un hecho privado, que
las leyes someten enteramente al honor y conciencia del
individuo, y que no produce obligación alguna ante la ley
civil.
No se podrá alegar esta promesa ni para pedir que se
lleve a efecto el matrimonio, ni para demandar
indemnización de perjuicios.
Art. 99. Tampoco podrá pedirse la multa que por parte
de uno de los esposos se hubiere estipulado a favor del otro
para el caso de no cumplirse lo prometido.
Pero si se hubiere pagado la multa, no podrá pedirse
su devolución.
Art. 100. Lo dicho no se opone a que se demande la
restitución de las cosas donadas y entregadas bajo la
condición de un matrimonio que no se ha efectuado.
Art. 101. Tampoco se opone lo dicho a que se admita la
prueba del contrato de esponsales como circunstancia
agravante del crimen de seducción.
Art. 102. El matrimonio es un contrato solemne por el
cual dos personas se unen actual e indisolublemente, y por
toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de
auxiliarse mutuamente.
Art. 103. El matrimonio podrá celebrarse por L. 10.271
mandatario especialmente facultado para este efecto. El Art. 1º
mandato deberá otorgarse por escritura pública, e indicar
el nombre, apellido, profesión y domicilio de los
contrayentes y del mandatario.
Art. 104. Derogado. L. de Matrimonio
Civil, de 1884
Art. 105. Derogado.
Art. 106. Derogado.
Art. 107. Derogado.
Art. 108. Derogado. L. 19.585
Art. 1º, Nº 14
Art. 109. Derogado.
Art. 110. Derogado.
Art. 111. Derogado.
Art. 112. Derogado.
Art. 113. Derogado.
Art. 114. Derogado.
Art. 115. Derogado.
Art. 116. Derogado.
Art. 117. Derogado. L. de Matrimonio
Civil, de 1884
Art. 118. Derogado. L. de Matrimonio
Civil, de 1884
Art. 119. Derogado. L. de Matrimonio
Civil, de 1884
Art. 120. Derogado.
Art. 121. Derogado.
Art. 122. Derogado.
Art. 123. Derogado. L. de Matrimonio
Civil, de 1884
Art. 124. El que teniendo hijos de precedente
matrimonio bajo su patria potestad, o bajo su tutela o
curaduría, quisiere volver a casarse, deberá proceder al
inventario solemne de los bienes que esté administrando y
les pertenezcan como herederos de su cónyuge difunto o con
cualquiera otro título.
Para la confección de este inventario se dará a
dichos hijos un curador especial.
Art. 125. Habrá lugar al nombramiento de curador L. 18.802
aunque los hijos no tengan bienes propios de ninguna clase Art. 1º, Nº 3
en poder del cónyuge que quisiere volver a casarse. Cuando
así fuere, deberá el curador especial testificarlo.
Art. 126. El Oficial del Registro Civil correspondiente
no permitirá el matrimonio del que trata de volver a
casarse, sin que se le presente certificado auténtico del
nombramiento de curador especial para los objetos
antedichos, o sin que preceda información sumaria de que no
tiene hijos de precedente matrimonio, que estén bajo su
patria potestad o bajo su tutela o curaduría.
Art. 127. El viudo o divorciado o quien hubiere anulado
su matrimonio por cuya negligencia hubiere dejado de hacerse
en tiempo oportuno el inventario prevenido en el artículo
124, perderá el derecho de suceder como legitimario o como
heredero abintestato al hijo cuyos bienes ha administrado.
Art. 128. Derogado.
Art. 129. Derogado.
Art. 130. Cuando por haber pasado la madre a otras
nupcias se dudare a cuál de los dos matrimonios pertenece
un hijo, y se invocare una decisión judicial de conformidad
a las reglas del Título VIII, el juez decidirá, tomando en
consideración las circunstancias. Las pruebas periciales de L. 19.585
carácter biológico y el dictamen de facultativos serán Art. 1º, Nº 19
decretados si así se solicita.
§ 1. Reglas generales
Art. 131. Los cónyuges están obligados a guardarse
fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las L. 18.802
circunstancias de la vida. Asimismo, se deben respeto y Art. 1º, Nº 6
protección recíprocos.
Art. 132. El adulterio constituye una grave infracción L. 19.335
al deber de fidelidad que impone el matrimonio y da origen a Art. 28, Nº 2
las sanciones que la ley prevé.
Comete adulterio la persona casada que yace con otra
que no sea su cónyuge.
Art. 133. Ambos cónyuges tienen el derecho y el deber L. 18.802
de vivir en el hogar común, salvo que a alguno de ellos le Art. 1º, Nº 7
asista razones graves para no hacerlo.
Art. 134. Ambos cónyuges deben proveer a las
necesidades de la familia común, atendiendo a sus
facultades económicas y al régimen de bienes que entre
ellos medie.
El juez, si fuere necesario, reglará la contribución. L. 19.335
Art. 28, Nº 3
Art. 135. Por el hecho del matrimonio se contrae L. 18.802
sociedad de bienes entre los cónyuges, y toma el marido la Art. 1º Nº 8
administración de los de la mujer, según las reglas que se
expondrán en el título De la sociedad conyugal.
Lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable a
los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo,
las que, por el hecho del matrimonio, se entenderán
separadas totalmente de bienes, sin perjuicio de la facultad
de optar por el régimen de participación en los
gananciales en las capitulaciones matrimoniales, o de
sustituirlo por éste durante la vigencia del matrimonio, en
conformidad a lo dispuesto en el artículo 1723.
Los que se hayan casado en país extranjero se mirarán
en Chile como separados de bienes, a menos que inscriban su
matrimonio en el Registro de la Primera Sección de la
Comuna de Santiago, y pacten en ese acto sociedad conyugal o
régimen de participación en los gananciales, dejándose
constancia de ello en dicha inscripción. Tratándose de
matrimonios entre personas del mismo sexo casadas en país
extranjero, sólo podrán pactar el régimen de
participación en los gananciales.
Art. 136. Los cónyuges serán obligados a
suministrarse los auxilios que necesiten para sus acciones L. 18.802
o defensas judiciales. El marido deberá, además, si está Art. 1º, Nº 9
casado en sociedad conyugal, proveer a la mujer de las
expensas para la litis que ésta siga en su contra, si no
tiene los bienes a que se refieren los artículos 150, 166 y
167, o ellos fueren insuficientes.
Art. 137. Los actos y contratos de la mujer casada en L. 18.802
sociedad conyugal, sólo la obligan en los bienes que Art. 1º, Nº 10
administre en conformidad a los artículos 150, 166 y 167.
Con todo, las compras que haga al fiado de objetos
muebles naturalmente destinados al consumo ordinario de la
familia, obligan al marido en sus bienes y en los de la
sociedad conyugal; y obligan además los bienes propios de
la mujer, hasta concurrencia del beneficio particular que
ella reportare del acto, comprendiendo en este beneficio el
de la familia común en la parte en que de derecho haya ella
debido proveer a las necesidades de ésta.
Art. 138 (145). Si por impedimento de larga o L. 18.802
indefinida duración, como el de interdicción, el de Art. 1º, Nº 11
prolongada ausencia, o desaparecimiento, se suspende la
administración del marido, se observará lo dispuesto en el
párrafo 4º del título De la sociedad conyugal.
Si el impedimento no fuere de larga o indefinida L. 19.335
duración, la mujer podrá actuar respecto de los bienes del Art. 28, Nº 6
marido, de los de la sociedad conyugal y de los suyos que
administre el marido, con autorización del juez, con
conocimiento de causa, cuando de la demora se siguiere
perjuicio.
La mujer, en el caso a que se refiere el inciso
anterior, obliga al marido en sus bienes y en los sociales
de la misma manera que si el acto fuera del marido; y obliga
además sus bienes propios, hasta concurrencia del beneficio
particular que reportare del acto.
Art. 138 bis. Si el marido se negare injustificadamente
a ejecutar un acto o celebrar un contrato respecto de un
bien propio de la mujer, el juez podrá autorizarla para
actuar por sí misma, previa audiencia a la que será citado
el marido.
En tal caso, la mujer sólo obligará sus bienes
propios y los activos de sus patrimonios reservados o
especiales de los artículos 150, 166 y 167, mas no
obligará al haber social ni a los bienes propios del
marido, sino hasta la concurrencia del beneficio que la
sociedad o el marido hubieren reportado del acto.
Lo mismo se aplicará para nombrar partidor, provocar
la partición y para concurrir en ella en los casos en que
la mujer tenga parte en la herencia.
Art. 139 (148). Derogado.
Art. 140 (149). Las reglas de los artículos
precedentes sufren excepciones o modificaciones por las
causas siguientes:
1ª. La existencia de bienes familiares.
2ª. El ejercitar la mujer una profesión, industria,
empleo u oficio.
3ª. La separación de bienes.
4ª. La separación judicial de los cónyuges.
5ª. El régimen de participación en los gananciales.
De las cuatro primeras tratan los párrafos siguientes;
de la última el Título XXII-A, del Libro Cuarto.
§ 2. De los bienes familiares
Art. 141. El inmueble de propiedad de cualquiera de los
cónyuges que sirva de residencia principal de la familia, y
los muebles que la guarnecen, podrán ser declarados bienes
familiares y se regirán por las normas de este párrafo,
cualquiera sea el régimen de bienes del matrimonio.
El juez citará a los interesados a la audiencia
preparatoria. Si no se dedujese oposición, el juez
resolverá en la misma audiencia. En caso contrario, o si el
juez considerase que faltan antecedentes para resolver,
citará a la audiencia de juicio.
Con todo, la sola interposición de la demanda
transformará provisoriamente en familiar el bien de que se
trate. En su primera resolución el juez dispondrá que se
anote al margen de la inscripción respectiva la precedente
circunstancia. El Conservador practicará la subscripción
con el solo mérito del decreto que, de oficio, le
notificará el tribunal.
Para los efectos previstos en este artículo, los
cónyuges gozarán de privilegio de pobreza.
El cónyuge que actuare fraudulentamente para obtener
la declaración a que refiere este artículo, deberá
indemnizar los perjuicios causados, sin perjuicio de la
sanción penal que pudiere corresponder.
Art. 142. No se podrán enajenar o gravar
voluntariamente, ni prometer gravar o enajenar, los bienes
familiares, sino con la autorización del cónyuge no
propietario. La misma limitación regirá para la
celebración de contratos de arrendamiento, comodato o
cualesquiera otros que concedan derechos personales de uso o
de goce sobre algún bien familiar.
La autorización a que se refiere este artículo
deberá ser específica y otorgada por escrito, o por
escritura pública si el acto exigiere esta solemnidad, o
interviniendo expresa y directamente de cualquier modo en el
mismo. Podrá prestarse en todo caso por medio de mandato
especial que conste por escrito o por escritura pública
según el caso.
Art. 143. El cónyuge no propietario, cuya voluntad no
se haya expresado en conformidad con lo previsto en el
artículo anterior, podrá pedir la rescisión del acto.
Los adquirentes de derechos sobre un inmueble que es
bien familiar, estarán de mala fe a los efectos de las
obligaciones restitutorias que la declaración de nulidad
origine.
Art. 144. En los casos del artículo 142, la voluntad
del cónyuge no propietario de un bien familiar podrá ser
suplida por el juez en caso de imposibilidad o negativa que
no se funde en el interés de la familia. El juez resolverá
previa audiencia a la que será citado el cónyuge, en caso
de negativa de éste.
Art. 145. Los cónyuges, de común acuerdo, podrán
desafectar un bien familiar. Si la declaración se refiere a
un inmueble, deberá constar en escritura pública anotada
al margen de la inscripción respectiva.
El cónyuge propietario podrá pedir al juez la
desafectación de un bien familiar, fundado en que no está
actualmente destinado a los fines que indica el artículo
141, lo que deberá probar. En este caso, el juez procederá
en la forma establecida en el inciso segundo del artículo
141.
Igual regla se aplicará si el matrimonio se ha
declarado nulo, o ha terminado por muerte de uno de los
cónyuges o por divorcio. En tales casos, el propietario del
bien familiar o cualquiera de sus causahabientes deberá
formular al juez la petición correspondiente.
Art. 146. Lo previsto en este párrafo se aplica a los
derechos o acciones que los cónyuges tengan en sociedades
propietarias de un inmueble que sea residencia principal de
la familia.
Producida la afectación de derechos o acciones, se
requerirá asimismo la voluntad de ambos cónyuges para
realizar cualquier acto como socio o accionista de la
sociedad respectiva, que tenga relación con el bien
familiar.
La afectación de derechos se hará por declaración de
cualquiera de los cónyuges contenida en escritura pública.
En el caso de una sociedad de personas, deberá anotarse al
margen de la inscripción social respectiva, si la hubiere.
Tratándose de sociedades anónimas, se inscribirá en el
registro de accionistas.
Art. 147. Durante el matrimonio el juez podrá
constituir, prudencialmente, a favor del cónyuge no
propietario, derechos de usufructo, uso o habitación sobre
los bienes familiares. En la constitución de esos derechos
y en la fijación del plazo que les pone término, el juez
tomará especialmente en cuenta el interés de los hijos,
cuando los haya, y las fuerzas patrimoniales de los
cónyuges.
El tribunal podrá, en estos casos, fijar otras
obligaciones o modalidades si así pareciere equitativo.
La declaración judicial a que se refiere el inciso
anterior servirá como título para todos los efectos
legales.
La constitución de los mencionados derechos sobre
bienes familiares no perjudicará a los acreedores que el
cónyuge propietario tenía a la fecha de su constitución,
ni aprovechará a los acreedores que el cónyuge no
propietario tuviere en cualquier momento.
Art. 148. Los cónyuges reconvenidos gozan del
beneficio de excusión. En consecuencia, cualquiera de ellos
podrá exigir que antes de proceder contra los bienes
familiares se persiga el crédito en otros bienes del
deudor. Las disposiciones del Título XXXVI del Libro Cuarto
sobre la fianza se aplicarán al ejercicio de la excusión a
que se refiere este artículo, en cuanto corresponda.
Cada vez que en virtud de una acción ejecutiva
deducida por un tercero acreedor, se disponga el embargo de
algún bien familiar de propiedad del cónyuge deudor, el
juez dispondrá se notifique personalmente el mandamiento
correspondiente al cónyuge no propietario. Esta
notificación no afectará los derechos y acciones del
cónyuge no propietario sobre dichos bienes.
Art. 149. Es nula cualquiera estipulación que
contravenga las disposiciones de este párrafo.
§ 3. Excepciones relativas a la profesión u L. 19.335
oficio de la mujer Art. 28, Nº 8
Art. 150. La mujer casada de cualquiera edad podrá L. 18.802
dedicarse libremente al ejercicio de un empleo, oficio, Art. 1º, Nº 12
profesión o industria.
La mujer casada, que desempeñe algún empleo o que L. 19.221
ejerza una profesión, oficio o industria, separados de los Art. 2º
de su marido, se considerará separada de bienes respecto
del ejercicio de ese empleo, oficio, profesión o industria
y de lo que en ellos obtenga, no obstante cualquiera
estipulación en contrario.
Incumbe a la mujer acreditar, tanto respecto del marido
como de terceros, el origen y dominio de los bienes
adquiridos en conformidad a este artículo. Para este efecto
podrá servirse de todos los medios de prueba establecidos
por la ley.
Los terceros que contraten con la mujer quedarán a
cubierto de toda reclamación que pudieren interponer ella o
el marido, sus herederos o cesionarios, fundada en la
circunstancia de haber obrado la mujer fuera de los
términos del presente artículo, siempre que, no
tratándose de bienes comprendidos en los artículos 1754 y
1755, se haya acreditado por la mujer, mediante instrumentos
públicos o privados, a los que se hará referencia en el
instrumento que se otorgue al efecto, que ejerce o ha
ejercido un empleo, oficio, profesión o industria separados
de los de su marido.
Los actos o contratos celebrados por la mujer en esta
administración separada, obligarán los bienes comprendidos
en ella y los que administre con arreglo a las disposiciones
de los artículos 166 y 167, y no obligarán los del marido
sino con arreglo al artículo 161.
Los acreedores del marido no tendrán acción sobre los
bienes que la mujer administre en virtud de este artículo,
a menos que probaren que el contrato celebrado por él
cedió en utilidad de la mujer o de la familia común.
Disuelta la sociedad conyugal, los bienes a que este
artículo se refiere entrarán en la partición de los
gananciales; a menos que la mujer o sus herederos
renunciaren a estos últimos, en cuyo caso el marido no
responderá por las obligaciones contraídas por la mujer en
su administración separada.
Si la mujer o sus herederos aceptaren los gananciales,
el marido responderá a esas obligaciones hasta concurrencia
del valor de la mitad de esos bienes que existan al
disolverse la sociedad. Mas, para gozar de este beneficio,
deberá probar el exceso de la contribución que se le exige
con arreglo al artículo 1777.
Art. 151. Derogado. L. 18.802
Art. 4º
§ 4. Excepciones relativas a la separación de
bienes
Art. 152. Separación de bienes es la que se efectúa
sin separación judicial, en virtud de decreto del tribunal
competente, por disposición de la ley o por convención de
las partes.
Art. 153. La mujer no podrá renunciar en las
capitulaciones matrimoniales la facultad de pedir la
separación de bienes a que le dan derecho las leyes.
Art. 154. Derogado.
Art. 155. El juez decretará la separación de bienes
en el caso de insolvencia o administración fraudulenta del
marido.
También la decretará si el marido, por su culpa, no
cumple con las obligaciones que imponen los artículos 131 y
134, o incurre en alguna causal de separación judicial,
según los términos de la Ley de Matrimonio Civil.
En caso de ausencia injustificada del marido por más
de un año, la mujer podrá pedir la separación de bienes.
Lo mismo ocurrirá si, sin mediar ausencia, existe
separación de hecho de los cónyuges.
Si los negocios del marido se hallan en mal estado, por
consecuencia de especulaciones aventuradas, o de una
administración errónea o descuidada, o hay riesgo
inminente de ello, podrá oponerse a la separación,
prestando fianza o hipotecas que aseguren suficientemente
los intereses de la mujer.
Art. 156. Demandada la separación de bienes, podrá el
juez a petición de la mujer, tomar las providencias que
estime conducentes a la seguridad de los intereses de ésta,
mientras dure el juicio.
En el caso del inciso 3º del artículo anterior, podrá L. 18.802
el juez, en cualquier tiempo, a petición de la mujer, Art. 1º, Nº 14
procediendo con conocimiento de causa, tomar iguales
providencias antes de que se demande la separación de
bienes, exigiendo caución de resultas a la mujer si lo
estimare conveniente.
Art. 157. En el juicio de separación de bienes por el
mal estado de los negocios del marido, la confesión de
éste no hace prueba.
Art. 158. Lo que en los artículos anteriores de este L. 19.335
párrafo se dice del marido o de la mujer, se aplica Art. 28, Nº 11
indistintamente a los cónyuges en el régimen de
participación en los gananciales.
Una vez decretada la separación, se procederá a la
división de los gananciales y al pago de recompensas o al
cálculo del crédito de participación en los gananciales,
según cual fuere el régimen al que se pone término.
Art. 159. Los cónyuges separados de bienes
administran, con plena independencia el uno del otro, los
bienes que tenían antes del matrimonio y los que adquieren
durante éste, a cualquier título.
Si los cónyuges se separaren de bienes durante el
matrimonio, la administración separada comprende los bienes
obtenidos como producto de la liquidación de la sociedad
conyugal o del régimen de participación en los gananciales
que hubiere existido entre ellos.
Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el
párrafo 2 del Título VI del Libro Primero de este Código.
Art. 160. En el estado de separación, ambos cónyuges
deben proveer a las necesidades de la familia común a
proporción de sus facultades.
El juez en caso necesario reglará la contribución.
Art. 161. Los acreedores de la mujer separada de L. 18.802
bienes, por actos o contratos que legítimamente han podido Art. 1º, Nº 15
celebrarse por ella, tendrán acción sobre los bienes de la
mujer.
El marido no será responsable con sus bienes, sino
cuando hubiere accedido como fiador, o de otro modo, a las
obligaciones contraídas por la mujer.
Será asimismo responsable, a prorrata del beneficio
que hubiere reportado de las obligaciones contraídas por la
mujer; comprendiendo en este beneficio el de la familia
común, en la parte en que de derecho haya él debido
proveer a las necesidades de ésta.
Rigen iguales disposiciones para la mujer separada de
bienes respecto de las obligaciones que contraiga el marido.
Art. 162. Si la mujer separada de bienes confiere al
marido la administración de alguna parte de los suyos,
será obligado el marido a la mujer como simple mandatario.
Art. 163. A los cónyuges separados de bienes se dará
curador para la administración de los suyos en todos los
casos en que siendo solteros necesitarían de curador para
administrarlos. L. 18.802
Art. 1º, Nº 16
Art. 164. Derogado. L. 18.802
Art. 4º
Art. 165. La separación efectuada en virtud de decreto
judicial o por disposición de la ley es irrevocable y no
podrá quedar sin efecto por acuerdo de los cónyuges ni por
resolución judicial.
Tratándose de separación convencional, y además en
el caso del artículo 40 de la Ley de Matrimonio Civil, los
cónyuges podrán pactar por una sola vez el régimen de
participación en los gananciales, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 1723.
Art. 166. Si a la mujer casada se hiciere una
donación, o se dejare una herencia o legado, con la
condición precisa de que en las cosas donadas, heredadas o
legadas no tenga la administración el marido, y si dicha
donación, herencia o legado fuere aceptado por la mujer, se
observarán las reglas siguientes:
1º. Con respecto a las cosas donadas, heredadas o L. 18.802
legadas, se aplicarán las disposiciones de los artículos Art. 1º, Nº 18
159, 160, 161, 162 y 163, pero disuelta la sociedad conyugal
las obligaciones contraídas por la mujer en su
administración separada podrán perseguirse sobre todos sus
bienes.
2º. Los acreedores del marido no tendrán acción
sobre los bienes que la mujer administre en virtud de este
artículo, a menos que probaren que el contrato celebrado
por él cedió en utilidad de la mujer o de la familia
común.
3º. Pertenecerán a la mujer los frutos de las cosas
que administra y todo lo que con ellos adquiera, pero
disuelta la sociedad conyugal se aplicarán a dichos frutos
y adquisiciones las reglas del artículo 150.
Art. 167. Si en las capitulaciones matrimoniales se
hubiere estipulado que la mujer administre separadamente
alguna parte de sus bienes, se aplicarán a esta separación
parcial las reglas del artículo precedente.
§ 5. Excepciones relativas a la separación judicial
Art. 168. Derogado.
Art. 169. Derogado. L. de Matrimonio
Civil, de 1884
Art. 170. Derogado.
Art. 171. Derogado. L. 18.802,
Art. 4º
Art. 172. El cónyuge inocente podrá revocar las
donaciones que hubiere hecho al culpable, siempre que éste
haya dado causa al divorcio o a la separación judicial por
adulterio, sevicia atroz, atentado contra la vida del otro
cónyuge u otro crimen de igual gravedad.
Art. 173. Los cónyuges separados judicialmente
administran sus bienes con plena independencia uno del otro,
en los términos del artículo 159.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto
en el Párrafo 2 del Título VI del Libro Primero de este
Código.
Art. 174. El cónyuge que no haya dado causa a la
separación judicial tendrá derecho a que el otro cónyuge
lo provea de alim
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