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cl:bcn:1058072 — SUSTITUYE EL RÉGIMEN CONCURSAL VIGENTE POR UNA LEY DE REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAS, Y PERFECCIONA EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL RAMO
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Analyze this law with AIArtículo 1º.- Ámbito de aplicación de la ley. La
presente ley establece el régimen general de los
procedimientos concursales destinados a reorganizar y/o
liquidar los pasivos y activos de una Empresa Deudora, y a
repactar los pasivos y/o liquidar los activos de una Persona
Deudora.
Artículo 2º.- Definiciones. Para efectos de esta ley,
se entenderá, en singular o plural, por:
1) Acuerdo de Reorganización Judicial: Aquel que se
suscribe entre una Empresa Deudora y sus acreedores con el
fin de reestructurar sus activos y pasivos, con sujeción a
los procedimientos establecidos en los Títulos 1 y 2 del
Capítulo III, y en el Título 3 del Capítulo V. Para los
efectos de esta ley, se denominará indistintamente "Acuerdo
de Reorganización Judicial" o "Acuerdo".
2) Acuerdo de Reorganización Extrajudicial: aquel que
se suscribe entre una Empresa Deudora y sus acreedores con
el fin de reestructurar sus activos y pasivos, y que se
somete a aprobación judicial con sujeción al procedimiento
establecido en el Título 3 del Capítulo III. Para los
efectos de esta ley, se denominará indistintamente Acuerdo
de Reorganización Extrajudicial o Acuerdo Extrajudicial.
3) Avalúo Fiscal: El precio de los inmuebles fijado
por el Servicio de Impuestos Internos para los efectos del
pago del impuesto territorial.
4) Audiencia Inicial: Aquella que se lleva a cabo en el
tribunal competente con presencia del Deudor, si comparece,
en un procedimiento de Liquidación Forzosa, en los
términos establecidos en el artículo 120.
5) Audiencia de Prueba: Aquella que se verifica en el
marco de un juicio de oposición, en la cual se rinden las
pruebas ofrecidas en la Audiencia Inicial, en los términos
establecidos en el artículo 126.
6) Audiencia de Fallo: Aquella en que se notifica la
sentencia definitiva, poniéndose término al juicio de
oposición, en los términos establecidos en el artículo
127.
7) Boletín Concursal: Plataforma electrónica a cargo
de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, de
libre acceso al público, gratuito, en la que se publicarán
todas las resoluciones que se dicten y las actuaciones que
se realicen en los procedimientos concursales, salvo que la
ley ordene otra forma de notificación.
8) Certificado de Nominación: aquel emitido por la
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en el
cual consta la nominación del Veedor o Liquidador, titular
y suplente.
9) Comisión de acreedores: aquella que puede
designarse en un Procedimiento Concursal de Reorganización
con el objetivo de supervigilar el cumplimiento del Acuerdo
de Reorganización Judicial, con las atribuciones y deberes
que dicho acuerdo señale; o aquella que puede designarse en
un Procedimiento Concursal de Liquidación para adoptar los
acuerdos que la Junta de Acreedores le delegue.
10) Correo electrónico: medio de comunicación
electrónica que permite el envío y recepción de
información y documentos electrónicos.
11) Cuenta final de administración: Aquella rendición
de cuentas de su gestión que debe efectuar tanto el Veedor
como el Liquidador en la oportunidad prevista en la ley,
ante el tribunal, en la que deberá observarse la normativa
contable, tributaria y financiera aplicable, así como la de
esta ley.
12) Deudor: Toda Empresa Deudora o Persona Deudora,
atendido el Procedimiento Concursal de que se trate y la
naturaleza de la disposición a que se refiera.
13) Empresa Deudora: toda persona jurídica de derecho
privado, con o sin fines de lucro, y toda persona natural
que, dentro de los veinticuatro meses anteriores al inicio
del Procedimiento Concursal correspondiente, haya sido
contribuyente de primera categoría.
14) Informe del Veedor: Aquel relativo al Acuerdo de
Reorganización Judicial, regulado en el número 8) del
artículo 57 de esta ley.
15) Junta de Acreedores: órgano concursal constituido
por los acreedores de un Deudor sujeto a un Procedimiento
Concursal, de conformidad a esta ley. Se denominarán,
según corresponda, Junta Constitutiva, Junta Ordinaria o
Junta Extraordinaria, o indistintamente "Junta de
Acreedores" o "Junta".
16) Ley: ley de Reorganización y Liquidación de
Activos de Empresas y Personas.
17) Liquidación Forzosa: Demanda presentada por
cualquier acreedor del Deudor, conforme al Párrafo 2 del
Título 1 del Capítulo IV, o al Párrafo 2 del Título 2
del Capítulo V de esta ley.
18) Liquidación Voluntaria: Aquella solicitada por el
Deudor, conforme al Párrafo 1 del Título 1 del Capítulo
IV, o al Párrafo 1 del Título 2 del Capítulo V de esta
ley.
19) Liquidador: Aquella persona natural sujeta a la
fiscalización de la Superintendencia de Insolvencia y
Reemprendimiento, cuya misión principal es realizar el
activo del Deudor y propender al pago de los créditos de
sus acreedores, de acuerdo a lo establecido en esta ley.
20) Martillero Concursal: Aquel martillero público que
voluntariamente se somete a la fiscalización de la
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, cuya
misión principal es realizar los bienes del Deudor, en
conformidad a lo encomendado por la Junta de Acreedores y de
acuerdo a lo establecido en esta ley.
21) Nómina de Veedores: registro público integrado
por las personas naturales nombradas como Veedores por la
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en
conformidad al Párrafo 1 del Título 1 del Capítulo II de
esta ley.
22) Nómina de Liquidadores: Registro público
integrado por las personas naturales nombradas como
Liquidadores por la Superintendencia de Insolvencia y
Reemprendimiento, en conformidad al Párrafo 1 del Título 2
del Capítulo II de esta ley.
23) Nómina de Árbitros Concursales: Registro público
integrado por las personas naturales nombradas como
Árbitros Concursales por la Superintendencia de Insolvencia
y Reemprendimiento, en conformidad al Capítulo VII de esta
ley.
24) Nómina de Martilleros Concursales: registro
público llevado por la Superintendencia de Insolvencia y
Reemprendimiento que integra a los martilleros públicos que
cumplen con lo prescrito en el artículo 213 de esta ley.
25) Persona Deudora: Toda persona natural no
comprendida en la definición de Empresa Deudora.
26) Persona Relacionada: Se considerarán Personas
Relacionadas respecto de una o más personas o de sus
representantes, las siguientes:
a) El cónyuge, los ascendientes, descendientes y
colaterales por consanguinidad o afinidad hasta el sexto
grado inclusive y las sociedades en que éstos participen,
con excepción de aquellas inscritas en el Registro de
Valores.
b) Las personas que se encuentren en alguna de las
situaciones a que se refiere el artículo 100 de la ley Nº
18.045, de Mercado de Valores.
27) Procedimiento Concursal: cualquiera de los
regulados en esta ley, denominados, indistintamente,
Procedimiento Concursal de Reorganización de la Empresa
Deudora, Procedimiento Concursal de Liquidación de la
Empresa Deudora, Procedimiento Concursal de Renegociación
de la Persona Deudora, Procedimiento Concursal de
Liquidación Simplificada y Procedimiento Concursal de
Reorganización Simplificada.
27 A) Procedimientos Concursales Especiales: Aquellos
regulados en el Capítulo V, sin perjuicio de otros
procedimientos concursales especiales establecidos en otras
leyes.
28) Procedimiento Concursal de Liquidación: Aquél
regulado en el Capítulo IV de esta ley.
28 A) Procedimiento Concursal de Liquidación
Simplificada: aquel regulado en el Título 2 del Capítulo
V.
29) Procedimiento Concursal de Reorganización: Aquél
regulado en el Capítulo III de esta ley.
29 A) Procedimiento Concursal de Reorganización
Simplificada: aquel regulado en el Título 3 del Capítulo
V.
30) Procedimiento Concursal de Renegociación: Aquél
regulado en el Capítulo V de esta ley.
31) Protección Financiera Concursal: Aquel período
que esta ley otorga al Deudor que se somete al Procedimiento
Concursal de Reorganización o al Procedimiento Concursal de
Reorganización Simplificada, durante el cual no podrá
solicitarse ni declararse su liquidación, ni podrán
iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de
cualquier clase o restituciones en los juicios de
arrendamiento. Dicho período será el comprendido entre la
notificación de la Resolución de Reorganización y el
Acuerdo de Reorganización Judicial, o el plazo fijado por
la ley si este último no se acuerda.
32) Quórum Especial: El conformado por dos tercios del
pasivo total con derecho a voto verificado y/o reconocido,
según corresponda, en el Procedimiento Concursal
respectivo.
33) Quórum Calificado: El conformado por la mayoría
absoluta del pasivo total con derecho a voto verificado y/o
reconocido, según corresponda, en el Procedimiento
Concursal respectivo.
34) Quórum Simple: El conformado por la mayoría del
pasivo verificado y/o reconocido, según corresponda, con
derecho a voto, presente en la Junta de Acreedores, en el
Procedimiento Concursal respectivo.
35) Resolución de Admisibilidad: Aquella resolución
administrativa dictada por la Superintendencia de
Insolvencia y Reemprendimiento conforme al artículo 263,
que produce los efectos del artículo 264, ambos del
Capítulo V de esta ley.
36) Resolución de Liquidación: Aquella resolución
judicial dictada en un Procedimiento Concursal que produce
los efectos señalados en el Párrafo 4 del Título 1 del
Capítulo IV de esta ley.
37) Resolución de Reorganización: Aquella resolución
judicial dictada en un Procedimiento Concursal que produce
los efectos señalados en el artículo 57 o en el artículo
286 B de esta ley.
38) Servicios de Utilidad Pública: Aquéllos
considerados como consumos básicos, cuyos prestadores se
encuentran regulados por leyes especiales y sujetos a la
fiscalización de la autoridad, tales como agua,
electricidad, gas, teléfono e internet.
39) Superintendencia: La Superintendencia de
Insolvencia y Reemprendimiento.
40) Veedor: Aquella persona natural sujeta a la
fiscalización de la Superintendencia de Insolvencia y
Reemprendimiento, cuya misión principal es propiciar los
acuerdos entre el Deudor y sus acreedores, facilitar la
proposición de Acuerdos de Reorganización Judicial y
resguardar los intereses de los acreedores, requiriendo las
medidas precautorias y de conservación de los activos del
Deudor, de acuerdo a lo establecido en esta ley.
Artículo 3º.- Competencia. Los Procedimientos
Concursales contemplados en esta ley serán de competencia
del juzgado de letras que corresponda al domicilio del
Deudor, pudiendo interponer el acreedor el incidente de
incompetencia del tribunal, de acuerdo a las reglas
generales.
En las ciudades asiento de Corte la distribución se
regirá por un auto acordado dictado por la Corte de
Apelaciones respectiva, considerando especialmente la
radicación preferente de causas concursales en los
tribunales que cuenten con la capacitación a que se refiere
el inciso siguiente.
Los jueces titulares y secretarios de los juzgados de
letras que conozcan preferentemente de asuntos concursales
deberán estar capacitados en derecho concursal, en
especial, sobre las disposiciones de esta ley y de las leyes
especiales que rijan estas materias.
Cada Corte de Apelaciones adoptará las medidas
pertinentes para garantizar la especialización a que se
refiere la presente disposición.
No obstante, los demás tribunales competentes estarán
habilitados para conocer de asuntos concursales en el marco
de sus atribuciones si, excepcionalmente y por
circunstancias derivadas del sistema de distribución de
trabajo, ello fuere necesario.
El tribunal al cual corresponda conocer de un
Procedimiento Concursal de aquellos contemplados en esta
ley, no perderá su competencia por el hecho de existir
entre los acreedores y el Deudor personas que gocen de fuero
especial.
Para los efectos de lo previsto en este artículo, la
Academia Judicial coordinará la dictación de los cursos
necesarios para la capacitación en derecho concursal de
jueces titulares y secretarios de los juzgados de letras
dentro del programa de perfeccionamiento de miembros del
Poder Judicial establecido en la ley Nº 19.346, que crea la
Academia Judicial.
Artículo 4º.- Recursos. Las resoluciones judiciales
que se pronuncien en los Procedimientos Concursales de
Reorganización y de Liquidación establecidos en esta ley
sólo serán susceptibles de los recursos que siguen:
1) Reposición: Procederá contra aquellas resoluciones
susceptibles e este recurso conforme a las reglas generales,
deberá interponerse dentro del plazo de tres días contado
desde la notificación de aquélla y podrá resolverse de
plano o previa tramitación incidental, según determine el
tribunal. Contra la resolución que resuelva la reposición
no procederá recurso alguno.
2) Apelación: Procederá contra las resoluciones que
esta ley señale expresamente y deberá interponerse dentro
del plazo de cinco días contado desde la notificación de
aquéllas. Será concedida en el solo efecto devolutivo,
salvo las excepciones que esta ley señale y, en ambos,
casos gozará de preferencia para su inclusión en la tabla
y para su vista y fallo.
En el caso de las resoluciones susceptibles de
recurrirse de reposición y de apelación, la segunda
deberá interponerse en subsidio de la primera, de acuerdo a
las reglas generales.
3) Casación: Procederá en los casos y en las formas
establecidas en la ley.
Artículo 5º.- Incidentes. Sólo podrán promoverse
incidentes en aquellas materias en que esta ley lo permita
expresamente. Se tramitarán conforme a las reglas generales
previstas en el Código de Procedimiento Civil y no
suspenderán el Procedimiento Concursal, salvo que esta ley
establezca lo contrario.
Artículo 6º.- De las notificaciones. Siempre que el
tribunal ordene que una resolución se notifique por avisos,
deberá realizarse mediante una publicación en el Boletín
Concursal, entendiéndose notificada desde la fecha de su
inserción en aquél.
Las notificaciones efectuadas en el Boletín Concursal
serán de carácter público y deberán ser realizadas por
el Veedor, el Liquidador o la Superintendencia, según
corresponda, dentro de los dos días siguientes a la
dictación de las respectivas resoluciones, salvo que la
norma correspondiente disponga un plazo diferente.
Toda resolución que no tenga señalada una forma
distinta de notificación, se entenderá efectuada mediante
una publicación en el Boletín Concursal.
Mediante norma de carácter general, la
Superintendencia establecerá la forma de efectuar las
publicaciones, los requisitos técnicos de operación y
seguridad del Boletín Concursal y la obligación de
actualizarlo diariamente por quien corresponda.
Cada vez que se establezca que una resolución debe
notificarse por Correo Electrónico, se estará a lo
dispuesto en la norma de carácter general en cuanto a la
forma de efectuarla. En todo caso, en la primera actuación
que se realice ante el tribunal o la Superintendencia de
Insolvencia y Reemprendimiento, según corresponda, en los
Procedimientos Concursales, el Deudor, los acreedores y los
terceros interesados señalarán una dirección de Correo
Electrónico válida a la cual se deberán efectuar las
notificaciones conforme a lo dispuesto precedentemente.
La notificación por Correo Electrónico enviada a la
dirección señalada por el respectivo notificado será
válida, aun cuando aquella no se encontrare vigente,
estuviere en desuso o no permitiere su recepción por el
destinatario. Se entenderá notificado el destinatario desde
el envío del Correo Electrónico a la referida dirección.
En los casos en que no sea posible notificar por Correo
Electrónico, se notificará por carta certificada y dicha
notificación se entenderá efectuada al tercer día
siguiente al de su recepción en la oficina de correos.
De todas las notificaciones que se practiquen en virtud
de lo dispuesto en este artículo se dejará constancia por
escrito en el expediente, sin que sea necesaria
certificación alguna al respecto.
Cada vez que la ley ordene al Deudor señalar el Correo
Electrónico de sus acreedores, se entenderá que debe
indicar el de los representantes legales de aquéllos.
Una vez finalizados los Procedimientos Concursales en
la forma prescrita en esta ley, la Superintendencia y los
responsables de los registros o bancos de datos personales,
en su caso, deberán proceder a la eliminación,
modificación o bloqueo de los datos del Deudor en el
Boletín Concursal y otros registros o bancos de datos
personales referidos a obligaciones de carácter económico,
financiero, bancario o comercial, según corresponda, en
conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la ley
Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, en un
plazo no superior a treinta días.
Artículo 6 A.- De la realización telemática de
audiencias en los Procedimientos Concursales de
Renegociación y Juntas de Acreedores no celebradas ante el
tribunal o en el lugar que éste designe. Las audiencias de
los Procedimientos Concursales de Renegociación y las
Juntas de Acreedores que no se celebren en las dependencias
del tribunal o en el lugar que éste determine, se podrán
realizar por medios telemáticos conforme a la norma de
carácter general que dictará al efecto la
Superintendencia.
Artículo 6 B.- De las audiencias judiciales y Juntas
de Acreedores celebradas ante el tribunal o en el lugar que
éste designe en los Procedimientos Concursales de
Liquidación y Reorganización. Tratándose de audiencias
judiciales y Juntas de Acreedores celebradas ante el
tribunal o en el lugar que éste designe, las partes podrán
comparecer vía remota por videoconferencia, de conformidad
con las reglas generales dispuestas para las audiencias
telemáticas de las contiendas que se tramitan ante los
juzgados con competencia civil.
Artículo 7º.- Cómputo de plazos. Los plazos de días
establecidos en esta ley son de días hábiles,
entendiéndose inhábiles los días domingos y feriados,
salvo que se establezca que un plazo específico es de días
corridos. Los plazos se computarán desde el día siguiente
a aquél en que se notifique la resolución o el acto
respectivo.
Cuando esta ley establezca un plazo para actuaciones
que deban realizarse antes de determinada fecha, éste se
contará hacia atrás a partir del día inmediatamente
anterior al de la respectiva actuación.
Artículo 8º.- Exigibilidad. Las normas contenidas en
leyes especiales prevalecerán sobre las disposiciones de
esta ley.
Aquellas materias que no estén reguladas expresamente
por leyes especiales, se regirán supletoriamente por las
disposiciones de esta ley.
Artículo 9º.- Estructura. La Nómina de Veedores
estará integrada por las personas naturales nombradas en el
cargo de Veedor por la Superintendencia, la que la
mantendrá debidamente actualizada y a disposición del
público a través de su página web. Esta nómina estará
compuesta por dos categorías, A y B.
Los Veedores que pertenezcan a la Categoría A
gestionarán los procedimientos regulados en el Capítulo
III. Los Veedores que pertenezcan a la Categoría B
gestionarán los procedimientos regulados en el Título 3
del Capítulo V.
Por defecto, todo Veedor que se incorpore a la Nómina
de Veedores en virtud del artículo 13 será incorporado en
la Categoría B. Para acceder a la Categoría A, los
Veedores deberán presentar una solicitud a la
Superintendencia y cumplir con los requisitos e indicadores
de gestión positivos determinados por la Superintendencia
por medio de una norma de carácter general.
La admisión e inscripción en la Categoría A
eliminará automáticamente la pertenencia a la Categoría
B, salvo que el Veedor solicite mantenerse en ambas
categorías.
Artículo 10.- Solicitud de inscripción. Toda persona
natural interesada en ser nombrada Veedor podrá presentar
su solicitud ante la Superintendencia. En ella deberá
expresar si ejercería el cargo a nivel nacional o regional,
acompañando los antecedentes que acrediten el cumplimiento
de los requisitos señalados en el artículo 13 y una
declaración jurada en que exprese no estar afecto a las
prohibiciones contempladas en el artículo 17.
Artículo 11.- Inclusión en la Nómina de Veedores. El
Veedor será incorporado a la nómina correspondiente
mediante resolución dictada por la Superintendencia, una
vez verificado el cumplimiento de los requisitos señalados
en el artículo 13.
Artículo 12.- Menciones de la Nómina de Veedores. La
referida Nómina contendrá las siguientes menciones
respecto de cada Veedor:
1) Nombre completo, profesión, domicilio, datos de
contacto y regiones en que ejercerá sus funciones.
2) Calificaciones obtenidas durante los últimos cinco
años en el examen a que se refiere el artículo 14.
3) Número total de Procedimientos Concursales de
Reorganización y de Reorganización Simplificada en que
hubiere intervenido, con mención de aquellos en que se
hubiere aprobado el Acuerdo de Reorganización, de los cinco
principales acreedores y el sector o rubro de los Deudores
en cada uno de ellos.
4) Honorario promedio percibido.
5) Registro de las sanciones aplicadas en los últimos
tres años calendario.
6) Categoría a la que pertenece el Veedor.
Artículo 13.- Requisitos. Podrá solicitar su
inclusión en la Nómina de Veedores toda persona natural
que cumpla con los siguientes requisitos:
1) Contar con un título profesional de contador
auditor o de una profesión de a lo menos diez semestres de
duración, otorgado por universidades del Estado o
reconocidas por éste, o por la Corte Suprema, en su caso;
2) Contar con, a lo menos, cinco años de ejercicio de
la profesión que acredite mediante antecedentes que puedan
ser verificados por la Superintendencia;
3) Aprobar el examen para Veedores a que se refiere el
artículo siguiente;
4) No estar afecto a alguna de las prohibiciones
establecidas en el artículo 17, y
5) Otorgar, en tiempo y forma, la garantía señalada
en el artículo 16.
Artículo 14.- Del examen de conocimientos. La
Superintendencia convocará a un examen de conocimientos a
las siguientes personas:
1) Postulantes a integrar la Nómina de Veedores.
2) Veedores que no hubieren asumido Procedimientos
Concursales de Reorganización en un período de tres años
contado desde su último examen rendido y aprobado.
3) Veedores que hubieren reprobado el examen en
conformidad con lo establecido en el presente artículo.
El Veedor que hubiere reprobado el examen podrá
rendirlo nuevamente en el período siguiente de
examinación, en la fecha, hora y lugar que fije la
Superintendencia. La inasistencia injustificada se
entenderá como reprobación para todos los efectos legales.
El Veedor que hubiere reprobado el examen de
repetición quedará suspendido de pleno derecho para asumir
nuevos Procedimientos Concursales de Reorganización, aún
como interventor, por un período de doce meses contado
desde la notificación de su reprobación efectuada por
correo electrónico, y hasta que apruebe un nuevo examen,
debiendo rendirlo una vez terminado el período de
suspensión, en la fecha de examinación correspondiente. Si
reprueba nuevamente el examen de repetición, será excluido
de la Nómina de Veedores.
El examen de conocimientos señalado en este artículo
se convocará dos veces en cada año calendario y será
regulado por la Superintendencia a través de normas de
carácter general.
Artículo 15.- Responsabilidad. La responsabilidad
civil del Veedor alcanzará hasta la culpa levísima y
podrá perseguirse cuando corresponda, en cuyo caso se
aplicarán las reglas del juicio sumario, una vez presentada
la Cuenta Final de Administración, conforme a lo dispuesto
en el Párrafo 2 del Título 3 del Capítulo II de esta ley,
y sin perjuicio de la responsabilidad legal en que pudiere
incurrir.
Sin perjuicio de lo anterior, si el Veedor no rindiere
su Cuenta Final de Administración dentro del plazo regulado
en el artículo 29, su responsabilidad civil también podrá
perseguirse desde el vencimiento de dicho plazo.
Artículo 16.- Garantía de fiel desempeño. Todo
Veedor mantendrá en la Superintendencia y mientras subsista
su responsabilidad, una garantía por un monto de 2.000
unidades de fomento, con una vigencia mínima de tres años,
renovable por igual período. En caso de no otorgarla en
tiempo y forma, el Veedor no podrá asumir en nuevos
Procedimientos Concursales de Reorganización.
La garantía podrá consistir en una boleta bancaria de
garantía, póliza de seguro o cualquiera otra que la
Superintendencia determine mediante norma de carácter
general, la cual también establecerá la forma de rendirla,
sus plazos, devolución, renovación y demás
especificaciones aplicables.
La garantía a que se refiere este artículo tiene por
objetivo caucionar el fiel desempeño de la actividad del
Veedor y asegurar el correcto y cabal cumplimiento de todas
sus obligaciones, incluyendo la eventual indemnización a
que sea condenado en caso de hacerse efectiva su
responsabilidad civil y el pago de las multas
administrativas impuestas en su contra.
La Superintendencia hará efectiva la garantía y
entregará su monto a requerimiento del tribunal que hubiere
declarado la responsabilidad civil del Veedor, siempre que
la resolución condenatoria se encuentre firme y
ejecutoriada. Tratándose de multas impuestas por la propia
Superintendencia, la resolución respectiva indicará el
plazo en que el Veedor deberá pagarlas, el cual no podrá
ser inferior a veinte días. Dicho plazo se contará desde
que esa resolución se encuentre firme y ejecutoriada. Una
vez transcurrido el término anterior sin verificarse el
pago, la Superintendencia hará efectiva la garantía e
imputará los fondos a la multa respectiva, restituyendo el
saldo al Veedor, si correspondiere.
Sin perjuicio de lo anterior, si se ejecutare la
garantía del Veedor conforme al inciso anterior, y una vez
que se le restituya el saldo en su caso, se entenderá
suspendido para asumir nuevos Procedimientos Concursales de
Reorganización, y tendrá un plazo de veinte días para
constituir una nueva garantía en los términos previstos en
este artículo, manteniéndose la señalada suspensión
mientras no la otorgue.
Artículo 17.- Prohibiciones. No podrán ser Veedores
las siguientes personas:
1) Las que hayan sido condenadas por crimen o simple
delito.
2) Los funcionarios de cualquier órgano de la
Administración del Estado, los integrantes de las empresas
públicas creadas por ley, los que ejerzan cargos de
elección popular, y aquellos que presten cualquier tipo de
servicios remunerados o no a la Superintendencia.
No obstante, no regirá esta incompatibilidad respecto
de las personas que desempeñen labores docentes en
instituciones de educación superior. Sin embargo, no se
considerarán labores docentes las que correspondan a la
dirección superior de una entidad académica, respecto de
las cuales regirá la incompatibilidad a que se refiere este
numeral.
3) Las que tuvieren incapacidad física o mental para
ejercer el cargo.
4) Las que hubieren dejado de integrar la Nómina de
Veedores en virtud de las causales de exclusión del
artículo siguiente y sin perjuicio de lo dispuesto en el
inciso final del mismo.
Artículo 18.- Causales de exclusión de la Nómina de
Veedores. Los Veedores serán excluidos de su respectiva
Nómina en los siguientes casos:
1) Por haber sido nombrados en contravención a lo
dispuesto en este Título.
2) Por dejar de cumplir los requisitos enumerados en el
artículo 13 de este Título.
3) Por adquirir para sí o para terceros, ya sea como
persona natural o a través de una persona jurídica en la
que el Veedor sea socio o Persona Relacionada, cualquier
bien u obtener para sí alguna ventaja económica en los
Procedimientos Concursales en que intervengan como Veedor.
4) Por enajenar o autorizar la enajenación de
cualquier bien en los Procedimientos Concursales en que
intervenga como Veedor a:
a) Sus Personas Relacionadas.
b) Alguna persona jurídica en que tenga interés
económico directo o indirecto.
c) Socios o accionistas de una sociedad en la que el
Veedor forme parte, o de las sociedades en las cuales tenga
participación, salvo aquellas que se encuentren inscritas
en el Registro de Valores y hagan oferta pública de ellos.
d) Personas con las que posea bienes en comunidad, con
excepción de los copropietarios a que se refiere la ley Nº
19.537, sobre copropiedad inmobiliaria.
e) Sus dependientes.
f) Profesionales o técnicos que le presten servicios,
sean éstos esporádicos o permanentes, cualquiera sea la
forma en que estén constituidos.
5) Por haberse declarado judicialmente, mediante
sentencia firme y ejecutoriada, su responsabilidad civil o
penal en conformidad con el artículo 27.
6) Por renuncia presentada ante la Superintendencia,
sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades por
las funciones que ya hubiere asumido.
7) Por sentencia firme y ejecutoriada que rechace la
Cuenta Final de Administración que debe presentar en
conformidad a esta ley.
8) Por aplicación de la letra c) del artículo 339.
9) Por reprobación definitiva del examen de
conocimientos a que se refiere el artículo 14.
10) Por muerte.
11) Por haber sido excluido de la Nómina de
Liquidadores por sentencia firme o ejecutoriada, salvo que
ello se haya debido a su renuncia presentada ante la
Superintendencia. La resolución por la cual la
Superintendencia determine la exclusión por esta causa no
será susceptible de recurso alguno.
Producida alguna de las circunstancias señaladas en
los números precedentes, la Superintendencia dictará la
resolución de exclusión respectiva.
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que se
produzcan algunas de las circunstancias previstas en los
numerales 1), 2), 3), 4) y 8) anteriores, la
Superintendencia deberá previamente representarla al Veedor
para que éste presente sus descargos, dentro de los cinco
días siguientes. Vencido el plazo señalado sin que se
presente descargo alguno, la Superintendencia dictará la
correspondiente resolución de exclusión. Si el Veedor
presenta sus descargos, la Superintendencia podrá acogerlos
o rechazarlos dictando la correspondiente resolución.
Las personas excluidas de la Nómina de Veedores por
las causales de los números 1), 2) y 6) podrán solicitar,
una vez transcurridos cinco años contados desde la fecha en
que quedó firme el acto administrativo de exclusión, su
reincorporación en la referida nómina, estándose a lo
dispuesto en el presente Título.
Las personas excluidas de la Nómina de Veedores por
cualquier otra causal no podrán volver a solicitar su
inscripción en ella.
Lo anterior será sin perjuicio de la responsabilidad
civil y penal que pudiere corresponderles en conformidad a
la ley.
Artículo 19.- Reclamo de exclusión. El Veedor podrá
reclamar de su exclusión de la respectiva nómina ante el
juzgado de letras con competencia en lo civil de su
domicilio dentro del plazo de diez días contado desde la
notificación por carta certificada de la resolución que
decida dicha exclusión.
El tribunal competente sujetará la tramitación del
reclamo a las normas del procedimiento sumario, conforme a
lo establecido en el artículo 341. Mientras se encuentre
pendiente el reclamo de exclusión, el Veedor no podrá
asumir nuevos Procedimientos Concursales.
Excluido el Veedor de la Nómina de Veedores,
subsistirá la obligación de rendir cuenta de su gestión,
así como la responsabilidad legal en que pudiere haber
incurrido.
Artículo 20.- Designación del Veedor en los
Procedimientos Concursales. Sólo podrá designarse Veedor a
quien integre la Nómina de Veedores a la época de la
dictación de la Resolución de Reorganización o de la
Resolución de Liquidación, según corresponda.
Artículo 21.- Inhabilidades. No podrán ser nominados
o designados Veedores en un Procedimiento Concursal de
Reorganización:
1) Las Personas Relacionadas con el Deudor.
2) Los deudores y acreedores del Deudor o sus
representantes, y todos los que tuvieren un interés directo
o indirecto en el respectivo procedimiento.
3) Los que tuvieren objetada su Cuenta Final de
Administración en un Procedimiento Concursal, siempre que
hayan insistido en uno o más reparos.
4) Los que estuvieren suspendidos en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 14 o de acuerdo al número 5) del
artículo 337 de esta ley.
Artículo 22.- Nominación del Veedor. Una vez que la
Superintendencia reciba los antecedentes señalados en el
artículo 55, notificará a los tres mayores acreedores del
Deudor según la información entregada, dentro del día
siguiente y por el medio más expedito. Esta notificación
será certificada por el ministro de fe de la
Superintendencia para todos los efectos legales.
Dentro del segundo día siguiente a la referida
notificación, cada acreedor propondrá por escrito o por
correo electrónico a un Veedor titular y a un Veedor
suplente vigente en la Nómina de Veedores. Para estos
efectos, cada acreedor será individualmente considerado sin
distinción del monto de su crédito.
Dentro del día siguiente al señalado en el inciso
anterior, la Superintendencia nominará como Veedor titular
al que hubiere obtenido la primera mayoría de entre los
propuestos para el cargo de titular por los acreedores, y
como Veedor suplente a aquel que hubiere obtenido la primera
mayoría de entre los propuestos para ese cargo. Si sólo
respondiere un acreedor, se estará a su propuesta. Si
respondieren todos o dos de ellos y la propuesta recayere en
personas diversas, se estará a aquella del acreedor cuyo
crédito sea superior.
En caso que no se reciban propuestas, la nominación
tendrá lugar mediante sorteo ante la Superintendencia, en
el que participarán aquellos Veedores que integren la terna
propuesta por el Deudor en la solicitud señalada en el
artículo 54 o, en su defecto, todos aquellos Veedores
vigentes en la Nómina de Veedores a esa fecha. Los sorteos
que efectúe la Superintendencia se regularán por medio de
una norma de carácter general.
Excepcionalmente, si de los antecedentes señalados en
el artículo 55, se acredita que un solo acreedor representa
más del 50% del pasivo del deudor, la Superintendencia
nominará al Veedor Titular y al Veedor Suplente propuesto
por ese acreedor. En caso que dicho acreedor no propusiere
al Veedor Titular y al Veedor Suplente, se estará a las
reglas generales establecidas en los incisos anteriores.
El Veedor titular y el Veedor suplente nominados serán
inmediatamente notificados por la Superintendencia por el
medio más expedito.
El Veedor titular nominado deberá manifestar ante la
Superintendencia si acepta el cargo a más tardar al día
siguiente a su notificación y deberá jurar o prometer
desempeñarlo fielmente. Al aceptar el cargo, deberá
declarar sus relaciones con el Deudor o con los acreedores
de éste, si las tuviere, y que no tiene impedimento o
inhabilidad alguna para desempeñar el cargo.
Aceptado el cargo, la Superintendencia emitirá el
Certificado de Nominación del Veedor, el cual será
remitido directamente al tribunal competente, dentro del
día siguiente a su emisión, para que éste designe a un
Veedor nominado en la Resolución de Reorganización.
El Veedor podrá excusarse de aceptar una nominación
ante la Superintendencia, debiendo expresar fundadamente y
por escrito su justificación al día siguiente de su
notificación. La Superintendencia resolverá dentro de los
dos días siguientes con los antecedentes aportados por el
Veedor y sin ulterior recurso. Si la excusa es desestimada,
el Veedor deberá asumir como tal en el Procedimiento
Concursal, entendiéndose legalmente aceptado el cargo desde
que se resuelva la excusa y se emita el correspondiente
Certificado de Nominación. Si la excusa es aceptada, la
Superintendencia nominará al Veedor suplente como titular,
nominándose a un nuevo Veedor suplente mediante sorteo.
Artículo 23.- De la cesación en el cargo. El Veedor
cesará en el cargo por el término del Procedimiento
Concursal de Reorganización o por cese anticipado en el
mismo. Sin perjuicio de lo anterior, subsistirá su
responsabilidad hasta la aprobación de su Cuenta Final de
Administración.
Artículo 24.- Del cese anticipado en el cargo. Para
los efectos de esta ley, se entenderá que el Veedor cesa
anticipadamente en su cargo:
1) Por la revocación de la Junta de Acreedores.
2) Por remoción decretada por el tribunal.
3) Por renuncia aceptada por la Junta de Acreedores o,
en su defecto, por el tribunal, la que deberá fundarse en
una causa grave.
4) Por haber dejado de formar parte de la Nómina de
Veedores, sin perjuicio de continuar en el cargo hasta que
asuma el Veedor Suplente o el que se designe.
5) Por inhabilidad sobreviniente. El Veedor deberá dar
cuenta al tribunal y a la Superintendencia, dentro del plazo
de tres días, de la inhabilidad que le afecte. El
incumplimiento de esta obligación será constitutivo de
falta gravísima para los efectos de lo dispuesto en el
número 8) del artículo 18.
El Veedor suplente asumirá dentro de los dos días
siguientes a la cesación en el cargo del Veedor titular,
cualquiera sea la causa del cese.
El Veedor que haya cesado anticipadamente en su cargo
deberá rendir cuenta de su gestión y hacer entrega de los
antecedentes del Procedimiento Concursal al Veedor suplente,
dentro de los diez días siguientes a la fecha en que este
último haya asumido. En caso de incumplimiento, el tribunal
competente, de oficio o a petición de cualquier interesado,
requerirá el cumplimiento según lo previsto en el
artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, en cuyo
caso la multa será de 10 a 200 unidades tributarias
mensuales. Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia
podrá aplicar las sanciones que correspondan.
Artículo 25.- Deberes del Veedor. La función
principal del Veedor es propiciar los acuerdos entre el
Deudor y sus acreedores, facilitando la proposición y
negociación del Acuerdo. Para estos efectos, el Veedor
podrá citar al Deudor y a sus acreedores en cualquier
momento desde la publicación de la Resolución de
Reorganización hasta la fecha en que debe acompañar al
tribunal competente el informe que regula el numeral 8) del
artículo 57, con el propósito de facilitar los acuerdos
entre las partes y propiciar la celebración de un Acuerdo
de Reorganización Judicial en los términos regulados en la
presente ley.
En el ejercicio de sus funciones deberá especialmente:
1) Imponerse de los libros, y otra documentación
contable, financiera o tributaria de las operaciones del
Deudor.
2) Incorporar y publicar en el Boletín Concursal copia
de todos los antecedentes y resoluciones que esta ley le
ordene.
3) Realizar las inscripciones y notificaciones que
disponga la Resolución de Reorganización.
4) Realizar las labores de fiscalización y
valorización que se le imponen en los artículos 72 y
siguientes, referidas a la continuidad del suministro, a la
venta necesaria de activos y a la obtención de nuevos
recursos.
5) Arbitrar las medidas necesarias en el procedimiento
de determinación del pasivo establecido en los artículos
70 y 71.
6) Realizar la calificación de los poderes para
comparecer en las Juntas de Acreedores e informar al
tribunal competente sobre la legalidad de éstos, cuando
corresponda.
7) Impetrar las medidas precautorias y de conservación
de los activos del Deudor que sean necesarias para
resguardar los intereses de los acreedores, sin perjuicio de
los acuerdos que éstos puedan adoptar.
8) Dar cuenta al tribunal competente y a la
Superintendencia de cualquier acto o conducta del Deudor que
signifique una administración negligente o dolosa de sus
negocios y, con la autorización de dicho tribunal, adoptar
las medidas necesarias para mantener la integridad de los
activos, cuando corresponda.
9) Rendir mensualmente cuenta de su actuación y de los
negocios del Deudor a la Superintendencia, y presentar las
observaciones que le merezca la administración de aquél.
Esta cuenta será enviada, además, por correo electrónico
a cada uno de los acreedores.
10) Velar por el correcto y oportuno cumplimiento de
las obligaciones laborales y de seguridad social del Deudor
respecto de los trabajadores con contrato laboral vigente y
de aquellos cuyo contrato hubiere terminado antes del inicio
del procedimiento o durante la Protección Financiera
Concursal. En caso de incumplimiento del Deudor, deberá dar
cuenta de esta circunstancia al tribunal competente y a la
Superintendencia.
11) Ejecutar todos los actos que le encomiende esta
ley.
Artículo 26.- Delegación de funciones. El Veedor
sólo podrá delegar sus funciones, manteniendo su
responsabilidad y a su costa, en otros Veedores que no se
encuentren actualmente suspendidos de la Nómina de
Veedores, con igual competencia territorial.
La referida delegación deberá efectuarse por
instrumento público y materializarse en un mandato especial
para un procedimiento determinado, o en un mandato general
para todos los procedimientos en los que actualmente o en el
futuro sea designado el Veedor, respecto de actuaciones
específicas de su gestión y notificada mediante su
publicación en el Boletín Concursal. Asimismo, deberá
constar en el expediente de cada procedimiento en el que
dicho delegado actúe. El mandato terminará, especialmente,
en caso de suspensión o exclusión ya sea del Veedor
delegante o del Veedor delegado.
Artículo 27.- Concierto Previo. El Veedor que se
concertare con el Deudor, con algún acreedor o un tercero
para proporcionarle alguna ventaja indebida o para obtenerla
para sí, será sancionado de conformidad a lo establecido
en el Párrafo 7 del Título IX del Libro Segundo del
Código Penal.
Artículo 28.- Honorarios del Veedor. Los honorarios
del Veedor serán convenidos entre éste, los tres
principales acreedores y el Deudor y serán de cargo de este
último. Estos honorarios gozarán de la preferencia
establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código
Civil, sin perjuicio de lo prescrito en el número 3) del
artículo 118 de esta ley.
Artículo 29.- De la Cuenta Final. El Veedor rendirá
cuenta final de su gestión en el plazo de treinta días
contado desde la Resolución que aprueba el Acuerdo de
Reorganización Judicial o desde la Resolución de
Liquidación, en su caso. Al respecto, le será plenamente
aplicable lo dispuesto en el Párrafo 2 del Título 3 del
Capítulo II de esta ley.
Artículo 30.- Estructura. La Nómina de Liquidadores
estará integrada por todas las personas naturales nombradas
como tales por la Superintendencia, la que deberá
mantenerla debidamente actualizada y a disposición del
público a través de su página web.
Esta nómina estará compuesta por dos categorías, A y
B.
Los Liquidadores que pertenezcan a la Categoría A
gestionarán los procedimientos regulados en el Capítulo
IV. Los Liquidadores que pertenezcan a la Categoría B
gestionarán los procedimientos regulados en los Títulos 1
y 2 del Capítulo V, cuando corresponda.
Por defecto, todo Liquidador que se incorpore a la
Nómina de Liquidadores en virtud del artículo 32 será
incorporado en la Categoría B. Para acceder a la Categoría
A, los Liquidadores deberán presentar una solicitud a la
Superintendencia y cumplir con los requisitos e indicadores
de gestión positivos determinados por la Superintendencia,
lo que será normado por medio de una norma de carácter
general.
Los Liquidadores que pertenezcan a la Categoría A
podrán solicitar mantenerse inscritos en ambas categorías.
Los requisitos para proceder al cambio de categorías a la o
a las que pertenezca un Liquidador se regulará por la
Superintendencia mediante la norma de carácter general
señalada en el inciso anterior.
Artículo 31.- Norma general. Será aplicable a los
Liquidadores lo dispuesto en el Título 1 del Capítulo II
de la presente ley respecto de los Veedores, en todo aquello
que no esté expresamente regulado en el presente Título y,
en todo caso, siempre que no sea contrario a la naturaleza
de la función que desempeñan.
Artículo 32.- Requisitos. Podrá ser Liquidador y
solicitar su inclusión en la Nómina de Liquidadores, toda
persona natural que cumpla con los siguientes requisitos:
1) Contar con un título profesional de contador
auditor o de una profesión de a lo menos diez semestres de
duración, otorgado por universidades del Estado o
reconocidas por éste, o por la Corte Suprema, en su caso.
2) Contar con, a lo menos, cinco años de ejercicio de
la profesión que acredite mediante antecedentes que puedan
ser verificados por la Superintendencia.
3) Aprobar un examen de conocimientos para
Liquidadores, en los términos del artículo 14.
4) No estar afecto a alguna de las prohibiciones
establecidas en el artículo 17.
5) Otorgar, en tiempo y forma, la garantía señalada
en el artículo 16.
Artículo 33.- Menciones de la Nómina de Liquidadores.
Además de las menciones señaladas en el artículo 12, la
Nómina de Liquidadores deberá contener el régimen de
descuento de honorarios ofrecido por el Liquidador y su
respectiva vigencia, respecto de la tabla del artículo 40.
Asimismo, deberá señalar el número de Procedimientos
Concursales de Liquidación en que cada Liquidador hubiere
intervenido, la lista de los cinco principales acreedores en
cada uno de ellos, el porcentaje de Procedimientos
Concursales de Liquidación con Cuenta Final de
Administración aprobada y el sector o rubro del Deudor en
cada uno de dichos procedimientos.
Artículo 34.- Causales de exclusión de la Nómina de
Liquidadores. Además de las causales de exclusión
señaladas en el artículo 18, será excluido de la Nómina
de Liquidadores aquel que se negare a asumir un
Procedimiento Concursal de Liquidación sin causa
justificada.
Para estos efectos, se entenderá como causa
justificada las señaladas en esta ley.
Artículo 35.- Responsabilidad. La responsabilidad
civil de los Liquidadores alcanzará hasta la culpa
levísima y se podrá perseguir, cuando corresponda, en
juicio sumario una vez presentada la Cuenta Final de
Administración, conforme lo dispuesto en los artículos 49
y siguientes de esta ley, y sin perjuicio de la
responsabilidad legal en que pudiere incurrir.
Sin perjuicio de lo anterior, si el Liquidador no
rindiere su Cuenta Final de Administración dentro del plazo
regulado en el artículo 50, su responsabilidad civil
también podrá perseguirse desde el vencimiento de dicho
plazo.
Artículo 36.- Deberes del Liquidador. El Liquidador
representa judicial y extrajudicialmente los intereses
generales de los acreedores y los derechos del Deudor en
cuanto puedan interesar a la masa, sin perjuicio de las
facultades de aquéllos y de éste determinadas por esta
ley.
En el ejercicio de sus funciones, el Liquidador deberá
especialmente, con arreglo a esta ley:
1) Incautar e inventariar los bienes del Deudor.
2) Liquidar los bienes del Deudor.
3) Efectuar los repartos de fondos a los acreedores en
la forma dispuesta en el Párrafo 3 del Título 5 del
Capítulo IV de esta ley.
4) Cobrar los créditos del activo del Deudor.
5) Contratar préstamos para solventar los gastos del
Procedimiento Concursal de Liquidación.
6) Exigir rendición de cuentas de cualquiera que haya
administrado bienes del Deudor.
7) Reclamar del Deudor la entrega de la información
necesaria para el desempeño de su cargo.
8) Registrar sus actuaciones y publicar las
resoluciones que se dicten en el Procedimiento Concursal de
Liquidación en el Boletín Concursal.
9) Depositar a interés en una institución financiera
los fondos que perciba, en cuenta separada para cada
Procedimiento Concursal de Liquidación y a nombre de éste,
y abrir una cuenta corriente con los fondos para
solventarlo.
10) Ejecutar los acuerdos legalmente adoptados por la
Junta de Acreedores dentro del ámbito de su competencia.
11) Cerrar los libros de comercio del Deudor, quedando
responsable por ello frente a terceros desde la dictación
de la Resolución de Liquidación.
12) Transigir y conciliar los créditos laborales con
el acuerdo de la Junta de Acreedores, según lo dispone el
artículo 246 de esta ley.
13) Ejercer las demás facultades y cumplir las demás
obligaciones que le encomienda la presente ley.
Artículo 37.- Nominación del Liquidador. Presentada
una solicitud de inicio de Procedimiento Concursal de
Liquidación o Liquidación Simplificada ante el tribunal
competente, la Superintendencia nominará al Liquidador
conforme al procedimiento establecido en el presente
artículo.
Tratándose de una solicitud de Liquidación
Voluntaria, el Deudor acompañará a la Superintendencia
copia de la respectiva solicitud con cargo del tribunal
competente o de la Corte de Apelaciones correspondiente y
copia de la nómina de acreedores y sus créditos, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de esta ley.
Tratándose de una solicitud de Liquidación Forzosa,
el acreedor peticionario acompañará a la Superintendencia
copia de la respectiva solicitud con cargo del tribunal
competente o de la Corte de Apelaciones correspondiente y
copia de la nómina de acreedores y sus créditos que haya
acompañado el Deudor, en su caso, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 120 de esta ley. En caso de que
el Deudor no hubiere presentado la referida nómina de
acreedores en la audiencia o no concurriere a ésta, el
tribunal informará este hecho a la Superintendencia para
que realice la nominación mediante sorteo.
Acompañados los antecedentes antes señalados, la
Superintendencia notificará a los tres mayores acreedores
del Deudor, que no sean Personas Relacionadas de éste,
según la información entregada, dentro del día siguiente
y por el medio más expedito, lo que será certificado por
un ministro de fe de la Superintendencia.
Dentro del segundo día siguiente a la referida
notificación, cada acreedor propondrá por escrito o por
correo electrónico a un Liquidador titular y a un
Liquidador suplente de la categoría que correspondan,
vigentes en la Nómina de Liquidadores. Para estos efectos,
cada acreedor será individualmente considerado, sin
distinción del monto de su crédito.
Dentro del día siguiente al señalado en el inciso
anterior, la Superintendencia nominará como Liquidador
titular al que hubiere obtenido la primera mayoría de entre
los propuestos para ese cargo por los acreedores, y como
suplente a aquel que hubiere obtenido la primera mayoría de
entre los propuestos para ese cargo. Si sólo respondiere un
acreedor, se estará a su propuesta. Si respondieren todos o
dos de ellos y la propuesta recayere en personas diversas,
se estará a aquella del acreedor cuyo crédito sea
superior. En caso que no se reciban propuestas, la
nominación tendrá lugar mediante sorteo ante la
Superintendencia, en el que participarán todos aquellos
Liquidadores vigentes en la Nómina de Liquidadores a esa
fecha.
Los sorteos que efectúe la Superintendencia se
regularán por medio de una norma de carácter general y su
resultado tendrá carácter público.
Excepcionalmente, si de los antecedentes acompañados a
la Superintendencia por el Deudor o acreedor peticionario,
según corresponda, se acredita que un solo acreedor
representa más del 50% del pasivo del deudor, la
Superintendencia nominará al Liquidador titular y al
suplente propuesto por dicho acreedor. En caso que dicho
acreedor no propusiere al Liquidador titular y al suplente,
se estará a las reglas generales establecidas en los
incisos anteriores.
Los Liquidadores titular y suplente nominados serán
inmediatamente notificados por la Superintendencia por el
medio más expedito.
El Liquidador titular nominado deberá manifestar ante
la Superintendencia, a más tardar al día siguiente de su
notificación, si acepta el cargo y deberá jurar o prometer
desempeñarlo fielmente. Al aceptar el cargo deberá
declarar sus relaciones con el Deudor y los acreedores de
éste, y que no tiene impedimento o inhabilidad alguna para
desempeñarlo.
El Liquidador podrá excusarse ante la Superintendencia
de aceptar una nominación, debiendo expresar fundadamente y
por escrito sus justificaciones, al día siguiente de su
notificación. La Superintendencia resolverá dentro de los
dos días siguientes con los antecedentes aportados por el
Liquidador y sin ulterior recurso. Si la excusa es
desestimada, el Liquidador deberá asumir como tal en el
Procedimiento Concursal de Liquidación, entendiéndose
legalmente aceptado el cargo desde que se resuelva la excusa
y se emita el correspondiente Certificado de Nominación. Si
la excusa es aceptada, la Superintendencia nominará al
Liquidador suplente como titular, nominándose a un nuevo
Liquidador suplente mediante sorteo.
Aceptado el cargo, la Superintendencia emitirá el
Certificado de Nominación del Liquidador, el cual será
remitido directamente al tribunal competente, dentro del
día siguiente a su emisión, para que éste lo designe como
Liquidador en carácter de provisional en la Resolución de
Liquidación.
Artículo 38.- Cese anticipado en el cargo. El
Liquidador cesará anticipadamente en el cargo por no
haberse confirmado su nominación por la Junta de
Acreedores; por haberse aprobado un Acuerdo de
Reorganización Judicial, un Acuerdo de Reorganización
Extrajudicial, o un Acuerdo de Reorganización Simplificado
que termine con el Procedimiento Concursal de Liquidación o
de Liquidación Simplificada, o por lo dispuesto en los
artículos 23 y 24, que serán aplicables, en lo que
corresponda, al Liquidador.
Si el Liquidador titular cesare anticipadamente en el
cargo asumirá el suplente, sin perjuicio de la facultad de
la Junta de Acreedores de designar uno nuevo. Si no pudiere
asumir el Liquidador suplente, el tribunal deberá citar a
Junta Extraordinaria de Acreedores con el fin de que se
designe un Liquidador titular y a uno suplente, en caso que
los acreedores no los hubieren designado. Si dicha junta no
se celebra por falta de quórum, la Superintendencia hará
la designación por sorteo.
Los Liquidadores que fueren designados de conformidad a
este artículo deberán asumir aun cuando el Procedimiento
Concursal de Liquidación no tuviere bienes o fondos por
repartir.
Artículo 39.- Honorarios del Liquidador. Los
honorarios a percibir por los Liquidadores en los
Procedimientos Concursales de Liquidación a su cargo se
sujetarán a las disposiciones siguientes:
1) Se determinarán de conformidad a la tabla
progresiva por tramos prevista en el artículo siguiente.
2) Tendrán la naturaleza de remuneración única y de
gasto de administración del Procedimiento Concursal de
Liquidación para todos los efectos legales a que hubiere
lugar.
Serán de cargo del Liquidador todos los gastos
correspondientes al ejercicio de su cargo, así como los
honorarios de todos sus asesores jurídicos, técnicos,
administrativos o de cualquier otra índole que hubiere
contratado para el desarrollo de su actividad.
Si el domicilio del Deudor fuere distinto al del
Liquidador, los gastos de traslado y otros necesarios para
el Procedimiento Concursal de Liquidación se considerarán
gastos de administración y deberán ser ratificados por la
Junta o, en subsidio, por el tribunal competente.
3) No se incluirán aquellos honorarios que se
devenguen en caso de la continuación de actividades
económicas del Deudor en los términos de los artículos
232 y 233 de esta ley.
4) Sólo podrán pagarse honorarios adicionales si los
acreedores lo acuerdan en Junta de Acreedores. El pago de
este aumento será de cargo exclusivo de aquellos acreedores
que lo hubieren votado favorablemente.
5) Los honorarios se calcularán considerando los
montos reservados de conformidad a lo dispuesto en los
números 2 y 3 del artículo 247, pero sólo se pagarán los
correspondientes a los fondos efectivamente repartidos de
acuerdo a la tabla progresiva por tramos prevista en el
artículo siguiente.
6) El Liquidador deberá retener en instrumentos de
renta fija, a nombre del Deudor sujeto a un Procedimiento
Concursal de Liquidación, el 10% del honorario que le
correspondería percibir en cada reparto. Estos honorarios
sólo podrán ingresar al patrimonio del Liquidador una vez
presentada la Cuenta Final de Administración, conforme a lo
dispuesto en los artículos 49 y siguientes. Si la señalada
cuenta es rechazada por sentencia firme, estos fondos serán
restituidos a la masa, debiendo ser destinados para el pago
de los honorarios del nuevo Liquidador designado en caso que
no hubiere fondos por repartir.
7) Podrán acordarse en Junta de Acreedores, con
Quórum Simple, anticipos de honorarios al Liquidador, los
que no podrán exceder del 10% de los ingresos en dinero
efectivo que haya producido el Procedimiento Concursal de
Liquidación al momento del anticipo.
8) Si el Liquidador cesa anticipadamente en el cargo
conforme al artículo 38, sus honorarios y los de quien lo
reemplace serán acordados entre el Liquidador respectivo y
la Junta de Acreedores. Faltando dicho acuerdo, resolverá
el tribunal competente sin ulterior recurso.
9) Se prohíbe al Liquidador o a sus Personas
Relacionadas recibir a cualquier título otro pago distinto
de los regulados en el presente artículo, por parte de
algún acreedor o de sus Personas Relacionadas.
Artículo 40.- Tabla de Honorarios. El honorario único
a que se refiere el artículo anterior deberá pagarse al
Liquidador en su equivalente en pesos a la fecha del
respectivo reparto, de conformidad a la tabla progresiva por
tramos regulada a continuación:
1) Sobre la parte que exceda de 0 y no sobrepase de
2.000 unidades de fomento, 20%.
2) Sobre la parte que exceda de 2.000 y no sobrepase
las 4.000 unidades de fomento, 15%.
3) Sobre la parte que exceda de 4.000 y no sobrepase
las 8.000 unidades de fomento, 11%.
4) Sobre la parte que exceda de 8.000 y no sobrepase
las 16.000 unidades de fomento, 8%.
5) Sobre la parte que exceda de 16.000 y no sobrepase
las 32.000 unidades de fomento, 6%.
6) Sobre la parte que exceda de 32.000 y no sobrepase
las 64.000 unidades de fomento, 4%.
7) Sobre la parte que exceda de 64.000 y no sobrepase
las 130.000 unidades de fomento, 3%.
8) Sobre la parte que exceda de 130.000 y no sobrepase
las 260.000 unidades de fomento, 2,25%.
9) Sobre la parte que exceda de 260.000 y no sobrepase
las 520.000 unidades de fomento, 1,75%.
10) Sobre la parte que exceda de 520.000 y no sobrepase
las 1.000.000 de unidades de fomento, 1,5%.
11) Sobre la parte que exceda de 1.000.000 de unidades
de fomento, 1%.
El primer tramo se calculará sobre los ingresos del
Procedimiento Concursal de Liquidación o Liquidación
Simplificada, cuando no hubiere repartos o, si habiendo
repartos, correspondiere al Liquidador un honorario inferior
a 30 unidades de fomento y, en este caso, el honorario no
podrá exceder de esa cantidad.
Para la determinación del honorario que corresponda al
Liquidador en cada reparto, se deberá calcular previamente
la cantidad que le corresponda por honorarios y luego
aplicar la tabla precedente en la forma progresiva descrita,
a partir del respectivo tramo. En consecuencia, para la
aplicación de la tabla y determinación del porcentaje del
honorario que le corresponde en cada reparto, deberá
considerarse el monto total distribuido en repartos
anteriores.
El Liquidador tendrá derecho a una remuneración
mínima de 30 unidades de fomento. Si al presentar la Cuenta
Final de Administración, el Liquidador determina que sus
honorarios corresponden a un monto inferior a 30 unidades de
fomento, deberá comunicar dicha circunstancia a la
Superintendencia, la que, una vez aprobada la Cuenta Final
de Administración, pagará el saldo restante, con cargo a
su presupuesto.
Artículo 41.- Contrataciones especializadas. No
obstante lo dispuesto en el artículo anterior y previo
acuerdo adoptado en Junta de Acreedores con Quórum
Calificado, el Liquidador podrá contratar, con cargo a los
gastos del Procedimiento Concursal de Liquidación, personas
naturales o jurídicas para que efectúen actividades
especializadas debidamente calificadas como tales por la
Junta de Acreedores.
Con todo, podrán realizar dichas contrataciones aun
antes de la Junta Constitutiva, siempre y cuando sea
estrictamente necesario, previa autorización del tribunal.
Las actividades especializadas deberán referirse
directamente al cuidado y mantención del activo del Deudor,
a la recuperación y realización del mismo y a su entrega
material. La contratación se hará previo informe del
Liquidador, el cual contendrá los fundamentos de la misma,
el grado y alcance de la actividad y la forma en que se
ben
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